Desde San Miguel de Tucumán

“Que se saquen eso de la mente, eso de que todas las mujeres son putas. Que se termine”, dijo Trimarco sobre la policía.
Imagen: Télam.

El terremoto recién comienza. Al día siguiente del fallo que absolvió a los trece imputados en el juicio por Marita Verón, Susana Trimarco ratificó que sigue “más fuerte que nunca” y tiene planes: “Hay que sacar toda la basura afuera para que Tucumán florezca”. Estaba en una conferencia de prensa tumultuosa, acompañada por abogados, en la Fundación María de los Angeles, en la misma sala de cuyas paredes cuelgan dibujos trazados por su hija hace más de diez años. Unos minutos antes, el gobernador de la provincia, José Alperovich, había abandonado la oficina de Trimarco con paso tan raudo que, al salir como una exhalación, sorprendió a sus propios custodios; lo siguieron como pudieron. En la conferencia, Trimarco y los abogados reiteraron que pedirán el juicio político para los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano. El gobernador Alperovich, agregaron, prometió apoyo para que se realice. La madre de Marita, que una vez más insistió en que no llora porque “así me han hecho”, repitió que no bajará los brazos “por mi hija y por todas las hijas de este país”; criticó duramente la gestión del Ministro de Seguridad provincial, Mario López Herrera, a quien “le mienten” que en Tucumán no hay droga ni secuestros ni muertes. López Herrera, contó Trimarco que planteó al gobernador Alperovich, “es muy amable, pero eso no alcanza para los temas de esta provincia”. Poco antes, en un cruce radial, la esposa del gobernador, la senadora Beatriz Rojkés, había tenido que disculparse con Trimarco por haber dicho que “la prostitución existe y va a seguir existiendo”.

En un acto, la presidenta Cristina Fernández había dicho que, aun careciendo de pruebas, tenía la certeza de que la absolución de los trece imputados había sido una resolución “corrupta”. En conferencia de prensa, Trimarco reiteró la versión anónima según la cual los jueces habían recibido dinero a cambio de absoluciones. El abogado José D’Antona aclaró que la decisión de pedir juicio político, de todos modos, excedía esa sospecha. “No nos importa si recibieron dinero o no, sino la cantidad de delitos que cometieron durante el juicio, como el maltrato a las víctimas, la connivencia con los acusados.”

Trimarco dijo que no sólo el Poder Judicial está lejos de comprender qué significa la trata de personas y cómo abordarla. También la policía suele aducir “que la chinita se fue porque quiere, que es una atorrantita”. Hace semanas, había desaparecido en Tucumán una niña de 12 años; Trimarco recordó que a la madre de la chica las fuerzas de seguridad no le prestaban atención, no la contenían. “Y resulta que después la atorrantita, esta pobre criatura, aparece violada por un tipo de 50 años, que la estaba por llevar y vender en Bolivia.” “Capacitación”, siguió, también es “que se saquen eso de la mente, eso de que todas las mujeres son putas, que todas no servimos, somos trapo de piso. Que se termine eso”.

También señaló el corazón del conflicto: el criterio del tribunal, que explicó que decidía las absoluciones porque no había pruebas contra los imputados. “Las pruebas están dentro del expediente. Ustedes (por la prensa) vieron cuando las chicas se sentaron ahí: ‘Vos me violaste, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro’. ¿Qué más pruebas quieren que tengan?”, dijo.

La Fundación había amanecido desolada. Ni Trimarco ni los abogados que habían representado a la querella en el juicio estaban allí, y tampoco estaba planificado que fueran en todo el día.

Mientras la madre de Marita Verón se prodigaba en entrevistas para explicar su indignación por el “fallo corrupto” de “estos tres atorrantes”, la mañana había transcurrido entre versiones. Circuló, por ejemplo, una según la cual había escraches en las casas de los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano, cuyas direcciones trascendieron en las redes sociales por una acción del grupo hacker Anonymous Argentina. Este diario pudo constatar que en esos domicilios, todos de Yerba Buena, al pie del cerro San Javier, no había más que alguna camioneta de custodia.

Entretanto, había trascendido que la gobernación se afanaba por lograr una reunión con Trimarco; que Trimarco no cedía. Poco después del mediodía, a la casa verde donde asisten a mujeres rescatadas de redes de trata comenzaron a llegar integrantes del gabinete provincial.

Llegando a la 1, Susana Trimarco, el abogado D’Antona y el equipo de la Fundación entraron al lugar. Diez minutos después, caminando por la vereda, llegó el gobernador Alperovich. Procuró no hacer declaraciones y avanzó adusto haciendo retroceder un enjambre de cámaras y micrófonos. Dos minutos después, desde la otra esquina, llegó Micaela, la hija de Marita.

Puertas adentro todo era silencio. El gobernador, los abogados, Trimarco, se encontraban reunidos en el despacho de ella. En otra oficina, Micaela preguntaba por su mochila, seguía de cerca la organización de la marcha que, al caer la tarde, pediría una vez más justicia por su madre.

A la 1.24, sorprendiendo a sus custodios, sin decir palabra, raudo y sigiloso, el gobernador Alperovich salió de la oficina, atravesó el hall de entrada, dejó el lugar. En la calle, dijo: “Estoy muy afectado por la decisión de los jueces y por eso vine personalmente a ver a Susana”.