“No nos escuchan, porque somos putas, como no escucharon a las testigos en el juicio por Marita Verón, ni a las testigos por el asesinato de nuestra compañera Sandra Cabrera en 2004”: así lo sostienen dirigentes de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar, integrante de la CTA), que pidió “juicio y castigo a los responsables, cómplices y encubridores de la desaparición de Marita Verón”. A principios de este año, la Ammar solicitó a los ministerios de Seguridad y de Justicia constituir una mesa de trabajo “donde poder decir ciertas cosas que vemos y sabemos” y que involucrarían a “jueces, los fiscales, los policías, los integrantes del poder político que sostienen la trata”. Las dirigentes insistieron en “la diferencia entre la explotación del trabajo sexual y la trata de personas” y sostuvieron que “la ley de trata que quieren aprobar sin consultarnos apunta a descargar la represión sobre nosotras y mantener la impunidad”.

Ammar sostiene que “el fallo en el juicio por Marita Verón es una muestra de la corrupción en el Poder Judicial y en los funcionarios cómplices de la trata. Nuestra compañera Sandra Cabrera fue asesinada en 2004 por denunciar la explotación de menores en Rosario, y está comprobada la connivencia entre miembros de policías provinciales, federales, funcionarios políticos y jueces”. El crimen de Sandra Cabrera, el 27 de enero de 2004, permanece impune.

Elena Reynaga, fundadora de Ammar, dialogó con Página/12 desde Colombia, donde participó en la firma de acuerdos entre el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales. La dirigente recordó que “desde principios de este año pedimos ser escuchadas en los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, pero no nos reciben: proponemos crear una mesa de trabajo, un espacio confiable donde poder decir cosas que vemos y sabemos, pero que realmente se tomen acciones contra las personas que vamos a denunciar por su relación con la trata. Pero, ¿quién nos va a creer a nosotras? Estamos desconcertadas y desilusionadas, porque apostamos al proyecto que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero el Gobierno tiene oídos sordos para nosotras”.

“¿Acaso no saben que a las chicas dominicanas las hacen entrar por Chile en ómnibus, al sur del país, a lugares donde les retienen los pasaportes y viven toda la vida secuestradas?”, preguntó Reynaga, y destacó “la diferencia entre la explotación del trabajo sexual y la trata de personas: la explotación se produce cuando a las compañeras que trabajan en prostíbulos les sacan hasta el 60 por ciento de lo que ganan; pero no están secuestradas, van y vuelven de su casa. Distinto es el caso de las compañeras secuestradas, que no ven más la luz del día. Las dominicanas y las paraguayas son las poblaciones que más sufren trata en la Argentina.”

Georgina Orellano, de la Comisión Directiva de la Ammar, sostuvo que “el nuevo proyecto de ley de trata nos considera a todas como ‘víctimas’, es decir, en realidad, nos criminalizan en allanamientos donde a las compañeras les roban dinero, celulares, las hostigan para hacerles decir que son ‘víctimas de trata’, para proteger a los verdaderos tratantes. Esos allanamientos no afectan a los tratantes, ni tampoco a los explotadores, que tienen poder económico para seguir pagando coimas a policías y funcionarios. Las primeras ‘allanadas’ son las mujeres que trabajan en cooperativa: las que habían logrado desprenderse del proxeneta”.