El rol de las querellas de los organismos de derechos humanos fue replanteado durante el juicio oral por los crímenes del circuito Camps: el tribunal equiparó alguna de las funciones a las de la fiscalía y en la sentencia respondió a todos sus planteos. Guadalupe Godoy es una de las abogadas que desde el colectivo Justicia Ya! La Plata interviene como querellante desde los Juicios por la Verdad hasta ahora. “Había una idea de que nuestras demandas eran excesivas –dice–, pero en realidad se termina viendo que justamente el rol de las querellas es correr esos límites tradicionales que tienen los juicios.”

–¿Cómo evaluó el juicio?

–Fue un juicio que tomó gran parte del reclamo que como querellas hicimos desde el reinicio de las causas. La unificación de las causas, por ejemplo. No nos olvidemos de que veníamos de una instrucción dividida en distintos centros clandestinos donde hubo que pelear que algunos casos quedaran en La Plata y no romper la “unidad” del circuito Camps. Otro eje fue la masividad, porque en La Plata sólo habíamos tenido juicios contra un represor como (Miguel) Etchecolatz y (Christian) Von Wernich y por algunas víctimas. Esta vez, se pudo plasmar más la dimensión social del genocidio en La Plata y más allá de los casos emblemáticos, ver el ataque al movimiento estudiantil y obrero y cómo se definió en cada caso.

–Esos “ataques” y las particularidades fueron eje del alegato.

–Mostramos que el 58 por ciento de las víctimas de este tramo del circuito pertenecían a la Universidad de La Plata. Otra de las cosas que logramos es que los testimonios se tomaran en un orden cronológico de acuerdo con la fecha de secuestros, y eso permitió ver cómo se modificó el “enemigo” a destruir a lo largo de la dictadura.

–¿Que mostró?

–Que en el inicio del ’76 fue focalizado en el movimiento obrero de La Plata, en especial el sector industrial. El 24 de marzo se produjeron detenciones masivas en las fábricas. Después, se ve que se orienta la destrucción hacia el movimiento Montoneros y posteriormente al movimiento estudiantil. Todo el año ’77 se ve el ataque dirigido a los estudiantes en contacto con las organizaciones político revolucionarias y el ataque al Partido Comunista Marxista Leninista que era pequeño pero con uno de los núcleos más importantes en esta ciudad. Trabajamos la prueba documental que nos permitió hablar de genocidio, dijimos que no es una masacre indiscriminada, hubo una planificación y una forma de definir al enemigo a destruir.

–¿Qué desafíos presenta un megajuicio?

–Cuando ofrecimos la prueba ya teníamos el fallecimiento de Adriana Calvo, la desaparición de Julio López y por juicios anteriores, sobre todo Von Wernich y Unidad 9, sabíamos de la dificultad de muchos testigos para volver a declarar. Esto fue antes de que Casación dicte las últimas reglas. Nosotros habíamos pedido que pudieran usarse estos testimonios que ya habían sido dados, y fue la primera vez que un tribunal aceptó: el juicio arrancó con los testimonios de Adriana y Julio López.

–¿Cuales fueron otros? El rol de las querellas en este juicio fue singular porque los jueces equipararon en alguna ocasión el rol a la fiscalía.

–Un punto determinante fue el pedido de ampliación por homicidio en los casos donde se habían recuperado los cuerpos a través del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Eso reflejó el trabajo previo de las querellas porque hubo muchos casos en los que las negativas a ampliar las imputaciones habían estado en la instrucción. Se pudo superar ese escollo. La sentencia mostró en ese sentido un reconocimiento al rol de las acusaciones.

–¿Cambiaron las querellas, se profesionalizaron?

–Creo que se aceptó el rol. Había una idea de que nuestras demandas eran excesivas, pero en realidad se termina viendo que justamente el rol de las querellas es correr esos límites tradicionales que tienen los juicios. Creo que se empezó a ver el valor de esas disputas. O de no conformarnos con juicios simbólicos que no se plasmaran en prisiones efectivas.

–¿Cuáles son los puntos pendientes?

–En La Plata es el criterio de selectividad encubierta que aplican los jueces a la hora de procesar. A quiénes indagan y a quiénes procesan. Cuando la condena dice que se persiga penalmente a (ex fiscal Alberto) Rodríguez Varela, (el juez Arnaldo) Corazza dice: yo lo tengo imputado. Pero los jueces le dijeron justamente eso: usted lo tiene imputado desde 2007, pero no hizo nada. En ese sentido, el juicio mostró las deficiencias de la instrucción. El criterio jurídico es que los únicos que están llegando a juicio son los jefes de la cadena de mandos policial o ahora del 601, pero con una resistencia a resolver la situación de los que fueron subalternos en los centros clandestinos.

–¿Cuántos imputados tiene?

–En Comisaría V tuvimos una docena de acusados en este juicio y en 2004, cuando se abrió la causa, el fiscal Félix Crous imputó a todos los que revistaron, que son más de cien y lo mismo en Brigada y Pozo de Banfield. Salvo que sean reconocidos por algún sobreviviente o que se acredite la participación en hechos, no hay llamado a indagatoria. Otro eje pendiente es una mirada integral en la que surgen responsabilidades de empresas y complicidades. Se condenó sólo a Jaime Smart cuando son varios, entre ellos ministros, los que integraron el gobierno y tienen imputación desde 2007 sin resolver. Falta también el tema homicidios: parece insólito, pero nunca logramos que Corazza recepte cuáles son los identificados por el EAAF y amplíe los cargos.

–La sentencia hizo una mención a Julio López. ¿Fue un reconocimiento?

–López nombró a muchos policías con los cuales Corazza todavía no había hecho nada, ni los había llamado a indagatoria. Estaban citados como testigos en el juicio. Nos opusimos. El tribunal nos preguntó por qué y desde cuándo estaban imputados. Dijimos que desde el 2007. Le mandaron un oficio a Corazza. Corazza les dijo que no podían tomarles testimonial porque los tenía imputados. Mientras tanto, la fiscalía le hizo un planteo de denegación de justicia a Corazza por éste y otros temas. La Cámara le ordenó indagar a los policías a la brevedad. Los citó, los indagó y justo cuando nosotros alegamos, les dictó a tres la falta de mérito. En la resolución decía que López es un testigo y nada más; que debería haber testimoniado mucho antes o reconstruido las circunstancias para acreditar sus dichos y que no se lo puede soslayar porque muchas madres y abuelas sufrieron tanto o más y sí lo hicieron. Yo le dije al juez (Roberto) Falcone: ustedes me dicen que lleve a los testigos a la instrucción para dar testimonios completos, vamos a leerles un párrafo que muestra cuál es la voluntad de la instrucción para escuchar nuevos testimonios.

–¿Por eso la mención en la sentencia?

–La sentencia enumera los nombres de los policías denunciados por López, los manda a indagar y que se los investigue como un reconocimiento a la verdad del testimonio de López y un cierto reproche al juez.