Lun 09.06.2003

EL PAíS  › EL JEFE DE GABINETE HABLO SOBRE LA CORTE SUPREMA

Hay respeto, pero sin canjes

Fernández dijo que harán “lo que tenemos que hacer”, mientras Beliz dijo que empiezan por Nazareno pero “puede haber otros casos.” Esta semana se presentarán los cargos en su contra.

“El Gobierno está preparado para respetar los fallos judiciales, pero no para que los fallos judiciales sean objeto de canje de la seguridad personal de los miembros de un tribunal”, dijo ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En el inicio de una semana que será clave para el enjuiciamiento de Julio Nazareno, el funcionario retomó así la pelea contra la mayoría automática de la Corte Suprema. Fernández fue consultado sobre lo que podría pasar si los ministros resuelven en el expediente Lema, el caso de un ahorrista que reclama la redolarización de sus depósitos pesificados. No quiso adelantar su opinión a lo que decida el máximo tribunal, aunque destacó que cualquiera fuere el resultado, “nosotros haremos lo que tenemos que hacer como gobierno”.
Los jueces tienen previsto celebrar el miércoles su próximo acuerdo. Lo harán en un clima de gran malestar por la embestida del Presidente para que se acelere el proceso de remoción. Tras el discurso de Kirchner por cadena nacional y los choques del Ejecutivo con Nazareno, fuentes de la Corte dejaron trascender que dispondrían la redolarización de los depósitos pesificados a un ahorrista del Banco de Córdoba, tal como lo hicieron con la provincia de San Luis. El fallo, de ser dictado, sentará jurisprudencia para los reclamos de los particulares.
¿Qué va a pasar si los supremos redolarizan los depósitos?, le preguntaron por esto al jefe de Gabinete. “No creo que provoque un colapso económico”, contestó el entrevistado, tras ratificar que la decisión de avanzar sobre la mayoría automática está firme.
También Gustavo Beliz, por la noche, reforzó la idea de que no habrá retrocesos. En el programa “Hora Clave”, el ministro de Justicia acusó a sus miembros de “manejar los fallos en términos muy poco claros” y señaló que en la Comisión de Juicio Político de Diputados “hay causales cada vez más comprometedoras” para iniciar los juzgamientos.
Beliz mencionó que contra el presidente de la Corte, Julio Nazareno, existen “unas 70 causas”. Y agregó que “si bien hasta ahora (los diputados de la Comisión) han avanzado sobre Nazareno, puede haber otros casos”.
Desde el máximo tribunal, uno de los ministros aseguró ayer, en declaraciones que reprodujo la agencia DyN, que la redolarización en el caso Lema se resolvería de manera similar a la de San Luis, con un plazo y cuotas para el pago.
“La Corte no buscó ni quiere un enfrentamiento con el Gobierno y tampoco pretende generar un caos económico. La pesificación es inconstitucional, pero en todos los casos se va a contemplar la situación del país y se va a propiciar la devolución de los ahorros en plazos. Kirchner no tiene qué temer”, aseveró el juez, quien no fue identificado por la agencia.
En estos días los supremos debaten cómo dirimir el conflicto entre San Luis y el Banco Nación, ya que la provincia no logró acordar con el banco el modo y los plazos para la recuperación de los más de 247 millones de dólares que fueron inmovilizados por el corralito y luego pesificados a 1,40.
La Corte está facultada para ejecutar la sentencia por la que ordenó al banco restituir los fondos puntanos, pero no apelará a una decisión que irrite al Gobierno, indicó ayer un vocero. Como solución menos traumática, propondría un pago con bonos y a largo plazo.
Idéntica estrategia seguiría al dictar la primera resolución con la que sentará jurisprudencia respecto del reclamo de un ahorrista particular. Ratificará que la pesificación conculca el derecho de propiedad, pero propondrá una devolución de fondos en cuotas y posiblemente con bonos.
Sea cual fuere la decisión, la que empieza va a ser una semana clave para la suerte de Nazareno. La Comisión de Juicio político se dispone a sumar nuevas acusaciones contra Nazareno. Los legisladores llegaron a un acuerdo para avanzar juez por juez, empezando por el presidente del tribunal, para lo que trabajarán sobre denuncias “distintas a las del 2002”, cuando el proceso fracasó por deserción de la propia bancada del PJ.

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