El secretario administrativo de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos “Gallego” Fernández, retornó al estrado en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py en donde se lo juzga por la presunta instigación del crimen del militante Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, para reiterar su inocencia y la de sus compañeros ferroviarios acusados, incluido el secretario general del gremio, José Pedraza. El hombre respondió preguntas de las partes participantes del debate intentando, sin éxito, desviar el sentido de sus propios dichos en conversaciones telefónicas que constituyen algunas de las pruebas con más peso en la investigación. “En la Unión Ferroviaria estamos seguros de que no mandamos a matar a nadie. Además, darles un muerto a estas agrupaciones políticas es darles una bandera”, lanzó en referencia a los partidos de izquierda que participaron del reclamo de empleados tercerizados de la ex línea Roca de ferrocarriles, en cuyo marco fue asesinado Ferreyra y otros tres compañeros fueron heridos de gravedad. El delegado Jorge Daniel “Gonzalito” González, acusado de amenazar a periodistas el día de los hechos, también recalcó su inocencia durante la audiencia de ayer. El juicio retomará su curso el 4 de febrero. Cuatro días después comenzarán a alegar las querellas.

Las consultas de los abogados de la familia Ferreyra, de los militantes heridos del Partido Obrero y del Tribunal Oral en lo Criminal porteño nº 21 hicieron ayer perder a Fernández la comodidad con la que se presentó a declarar durante la última audiencia de 2012, cuando se explayó, guiado por su abogado Alejandro Freeland, no sólo acerca de los hechos que desembocaron en la muerte de Ferreyra, sino también sobre el funcionamiento interno del gremio y la supuesta preocupación de sus dirigentes respecto de la efectivización de empleados tercerizados.

No obstante, ayer debió retomar en algún momento las explicaciones sobre el manejo del poder dentro del gremio y sobre las posibilidades de perderlo en caso de que siguieran ingresando trabajadores a la planta permanente. Así quedó manifestado en audiencias recientes, al revelarse las conversaciones telefónicas que mantuvo con ex funcionarios nacionales, pares en la dirigencia sindical y delegados.

Lugar frío

Las escuchas telefónicas fueron la base del interrogatorio de la querella de la familia Ferreyra, al mando de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El acusado comenzó a inquietarse cuando el abogado Maximiliano Medina le preguntó qué había querido decir cuando mencionó, en una charla sucedida a pocos meses de los hechos con el jefe de Seguridad de Ugofe, Horacio Vitali, y de manera despectiva, que a los tercerizados efectivizados había que “mandarlos a un lugar frío”.

“Quise decir que había que darles un lugar, aunque más no sea a la intemperie. Que había que encontrarles un espacio”, se defendió dificultosamente el Gallego. También tambaleó cuando le pidieron explicaciones por la respuesta que le dio a la secretaria de relaciones internacionales del gremio, Karina Benemérito, cuando ésta lo alertó de que un delegado de la oposición estaba armando una lista con nombres para ingresar en el proceso de traspaso a planta. Según Fernández, la respuesta que le dio a Benemérito –“Al pedo, si no les van a dar bola. Que vayan los delegados y hagan quilombo”– había significado “que no iban a entrar, pero que igual vayan nuestros delegados a hablar con la gente y que llevaran personas para sumar a la lista”.

El Gallego retomó un poco la compostura cuando la querella le preguntó si hablaba con Pedraza sobre los hechos. “Siempre. Era un tema permanente porque era una persecución constante la que estábamos viviendo. Fue una cacería de ferroviarios”, sentenció. Calló, en cambio, cuando le preguntaron si sabía quién pagaba, por esos días, la defensa jurídica de Guillermo Uño, el guardabarrera acusado de haber sacado las armas del lugar donde ocurrió todo. Mejor dicho, lo calló su abogado.

–Objeción, su señoría. No me gusta esa pregunta. No voy a dejar que mi defendido la conteste– se interpuso el abogado Freeland, un instante antes de que Fernández comenzara a hablar.

–¿Y, Fernández? ¿responde o no?– consultó Días.

–No. Mi abogado ya me dijo que no respondiera.

Matar no

Ante preguntas del tribunal, Fernández aseguró que a la UF no le afectaba la efectivización de tercerizados porque “no nos iba a sacar poder”, aunque reconoció que el armado de un sindicato paralelo significaba un “peligro” para el gremio. Comparó la prisión preventiva que recayó sobre él y el resto de los acusados con la tortura represiva de la última dictadura militar y se declaró inocente: “En la UF estamos seguros de que no mandamos a matar a nadie. Podrían correrlos, decirles que no vuelvan más –en relación a los tercerizados–, pero a matar no. Además, darles un muerto a estas agrupaciones políticas es darles una bandera”.

Luego de la presión de la querella, los patrocinantes de González decidieron permitir que la Fiscalía y el Tribunal le hicieran preguntas a su defendido sólo luego de que éste negara haber amenazado al equipo periodístico de C5N, que aquel 20 de octubre tomó las imágenes que sirvieron para identificarlo a él y a varios otros más acusados.

Tras la corrida que protagonizó –no podía negarlo, ya que está documentado en imágenes–, Gonzalito narró ayer que se encontró con una cámara y se “indignó”: “Me llamó la atención, no puedo explicar por qué le hablé así a esa gente, yo no soy así, pero recordé que el periodismo nunca dice la verdad cuando hay cortes. Nunca habla con nosotros, que somos los que recibimos los ataques de la gente enojada. Por eso me indigné, pero yo no ataqué ni amenacé a nadie”, intentó desmarcarse. También negó conocer al acusado de ser uno de los tiradores, Cristian Favale, aunque apareció en un video de un acto anterior a octubre de 2010, saltando junto a él.