La intendenta de Rosario, Mónica Fein, regresó ayer anticipadamente de sus vacaciones dispuesta a recuperar la iniciativa política del gobernante Frente Progresista para enfrentar la crisis de seguridad que azota a la ciudad, con una sucesión de crímenes y hechos de violencia en sus barrios periféricos. “Tenemos poca policía y en muchos casos no está a la altura de las circunstancias”, sostuvo Fein, diferenciándose del propio gobernador Antonio Bonfatti, quien les restó trascendencia a las denuncias que vinculan a la cúpula policial de la provincia con el narcotráfico y que terminó con la separación del jefe máximo de la fuerza de seguridad. Por la mañana, Fein mantuvo un encuentro con los representantes del Consejo Económico y Social y al mediodía se reunió con los presidentes de todos los bloques del Concejo Deliberante, donde los ediles opositores le reclamaron “acciones concretas” y que el gobierno provincial deje de “victimizarse”. En tanto, el socialismo de Santa Fe y la UCR de Rosario volvieron a calificar de “cínicos” los reclamos del kirchnerismo y a responsabilizar al gobierno nacional por la lucha contra el narcotráfico. “Creemos que la reforma policial nos va a dar la posibilidad de tener una policía propia, que a nosotros nos interesa”, remarcó Fein para reivindicar la idea del gobierno santafesino de crear policías metropolitanas en las ciudades de Rosario y Santa Fe. La jefa comunal socialista también enumeró “la declaración de la emergencia en seguridad” (que promovió la oposición en la legislatura provincial) y que el miércoles se abrieron los sobres de la licitación que la gobernación lanzó para la adquisición de 400 videocámaras destinadas a Rosario.

Pero la atención estaba puesta en la convocatoria de Fein a los jefes de todas las bancadas políticas del Concejo Deliberante, donde también hubo acusaciones cruzadas frente a la crisis de seguridad. “Claramente apareció la necesidad de trabajar en los distintos niveles de gobierno. Veremos cómo concretamos esa idea de trabajo, con la que coincidieron todos los bloques, a fin de poder colaborar para disminuir los hechos de inseguridad en la ciudad de Rosario, algo que es hoy un motivo de preocupación de todos”, sostuvo la intendenta al término del encuentro, que duró dos horas, donde Fein también dejó sentada la postura oficialista: “La estigmatización como narcópolis que hace el PJ es una barbaridad”, dijo.

Desde el Frente para la Victoria-PJ también valoraron la convocatoria y plantearon su disposición para la “búsqueda de consensos y soluciones para la ciudadanía”. Aunque tampoco dejaron de lado las críticas: “El socialismo, tanto a nivel provincial como local, debe abandonar la estrategia de victimización que montó sobre la situación de violencia y narcotráfico, ya que los únicos perjudicados son los vecinos que día a día ven cómo empeora la situación sin acciones concretas”, dijo la concejal kirchnerista Norma López.

Anticipándose a las movilizaciones opositoras de ayer en Rosario, el PS santafesino (que preside el ex intendente rosarino Miguel Lifschitz) salió al cruce con un extenso comunicado titulado “Sobre la Violencia, la Inseguridad y el Narcotráfico”. Allí, el socialismo afirma que “la violencia asociada al crimen organizado” es “un fenómeno de dimensiones internacionales”, donde “la Nación tiene las principales herramientas para combatirlo”. Hace un balance del crecimiento de este tipo de delitos desde la época menemista y señala estadísticas para demostrar que no es solo un problema de la provincia de Santa Fe.

Luego, el PS carga contra funcionarios nacionales del kirchnerismo y referentes territoriales santafesinos por las críticas a la gestión provincial y les apunta especialmente al jefe de la bancada K en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, y al secretario de Transporte, Alejandro Ramos. “Hay que estar impregnado de mucho cinismo para culpar a un gobierno local o a un gobierno provincial por el crecimiento de la violencia armada, mientras sigue saltando en los titulares de los medios la presencia de capos narcos colombianos o mexicanos, viviendo y haciendo negocios en la Argentina”, señala el comunicado.

Los radicales rosarinos siguieron el mismo camino. “Debemos comprender que la realidad que les da origen a estos conflictos trasciende las posiciones ideológicas o doctrinarias teniendo su origen en organizaciones mafiosas”, dice el comunicado de la UCR que luego carga, sin nombrarlos, contra los dirigentes K, al afirmar que la “extrema gravedad delictual” es tomada desde ciertos sectores “con ligereza e irresponsabilidad teñidas con especulaciones de tipo partidario”.