“Dado que nadie conoce mejor sus intereses que uno mismo, es muy improbable que los varones estén capacitados para representar, interpretar, comprender y defender los intereses de las mujeres”, dice el proyecto de ley que ingresó el viernes a la Cámara de Diputados. En él se plantea que la Corte Suprema de Justicia incorpore el cupo femenino, con la intención de que esto ocurra a partir de que se genere su próxima vacante.
El proyecto fue presentado por la legisladora Marcela Rodríguez (ARI), acompañada por las firmas de otros diputados, la mayoría mujeres –como Elisa Carrió, Laura Musa, Graciela Ocaña, María América González, Irma Roy, Nilda Garré– y un par de varones: Oscar González y Gerardo Conte Grand.
Todavía no tiene fecha de tratamiento. A partir de la presentación, deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia antes de llegar al recinto.
Los diputados que lo impulsan argumentan que la ausencia de mujeres en la Corte afecta la calidad del sistema democrático. “La historia de la democracia y de los derechos humanos es la historia de las sucesivas ampliaciones de la ciudadanía, de la representación de nuevas voces e intereses en el debate público, de la inclusión de quienes se encuentran en los márgenes del sistema”, dicen en los fundamentos del texto.
Como en cualquier otra rama, el acceso de las mujeres a los puestos de poder está limitado en la práctica. Así como en la Corte Suprema la representación femenina es nula, en el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires hay una sola mujer. En las cortes provinciales la situación no es muy distinta. La excepción es el Tribunal Superior de la Capital Federal, formado por tres ministros y dos ministras, porque la Constitución local estableció el cupo femenino en todos los órganos colegiados.
La Corte Suprema tuvo en una sola oportunidad y durante un gobierno de facto a una jueza, Margarita Argúas, a principios de los ‘70, recordó la autora del proyecto. Para Rodríguez, la sanción del cupo femenino implica “una discusión difícil”, pero en la que se van abriendo posibilidades, ya que “otros sectores como las ONGs que redactaron el documento ‘Una Corte para la democracia’ plantean dentro de los criterios para la selección de sus miembros una integración equilibrada por género”.
La iniciativa señala la existencia de convenciones internacionales, como la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que compromete a la Argentina a garantizar a las mujeres el derecho a ocupar cargos públicos en todos los planos gubernamentales.