Los abogados que impulsaron los juicios contra los militares argentinos en Madrid y que abrieron el camino para que la Corte Suprema de México decidiera la extradición a España del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo solicitaron al gobierno mexicano que “extreme las medidas de protección y seguridad del detenido”. En tanto, el gobierno de Vicente Fox anticipó que la extradición podría concretarse en unas dos semanas.
“Hay gente a la que no le interesa que Cavallo declare en un juicio, pues debe conocer datos sobre desaparecidos, archivos y registros”, precisaron los abogados Carlos Slepoy, Manuel Ollé y José Luis Galán, tres de los patrocinantes de la causa que instruye el juez español Baltasar Garzón. De ahí su preocupación porque las autoridades mexicanas garanticen la seguridad del ex represor que integró un grupo de tareas de la ESMA durante la dictadura. Garzón había solicitado la extradición de Cavallo en setiembre del 2000. Allí lo acusó por 248 desapariciones y 128 secuestros, incluyendo la de 16 mujeres embarazadas.
El vicecanciller mexicano, Enrique Berruga, aseguró que el trámite para enviar a Cavallo a España durará dos semanas como máximo. Una vez recibida la notificación desde Madrid, el trámite pasará a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cancillería mexicana para que estudie la aplicación del Tratado de Extradición bilateral vigente. Berruga calculó que entre una cosa y la otra podría demorar unos ocho días, mientras que el resto del tiempo se consumirá en arreglar con las autoridades españolas los mecanismos para el traslado del detenido.
Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, expresó su “enorme respeto” por la decisión tomada por la Corte Suprema de México. Con todo, Palacio fue un tanto vaga cuando se le preguntó cómo esperaba que terminara este trámite. “Espero que la Justicia española llegue al final de cualquier caso en que se plantee en términos generales”, se limitó a añadir la canciller.