“Este memorándum es un paso adelante en la causa, que está paralizada totalmente desde 2006”, sostuvo el canciller Héctor Timerman para respaldar el acuerdo firmado con Irán para interrogar en Teherán a los acusados de ese país por la voladura del edificio de la AMIA en 1994, que el miércoles recibió dictamen de comisión. Afirmó que el texto que se tratará en la sesión del Senado del próximo jueves “va a permitir que haya un juicio finalmente bajo la ley penal argentina” y que, en caso de que se llegue a una decisión del juez a cargo, buscarán la forma de que “quienes sean encontrados culpables paguen por el delito”. El senador Aníbal Fernández opinó que una “puerta nueva que se abre” y argumentó que “se los puede interrogar a los cinco imputados porque, si no, se cae el acuerdo”. El radicalismo mantuvo sus críticas al acuerdo e insistió en que la oposición en conjunto debe rechazarlo.

Timerman calificó como “muy positivo” el debate que tuvo lugar anteayer en un plenario de comisiones del Senado al que concurrió a dar detalles sobre el memorándum que firmó con su par iraní el 27 de enero pasado en Etiopía. “Contesté todas las preguntas y aclaré todo lo que había que aclarar”, aseguró, aunque consideró que algunos legisladores “no lo habían leído”. Se mostró “contento” por el resultado de la sesión y respondió a las críticas esgrimidas a la normativa por los legisladores de la oposición durante el encuentro.

Una de las objeciones era la posibilidad de que los iraníes se nieguen a declarar. El canciller explicó que “aunque el imputado diga que no va a contestar preguntas”, el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, “puede volver a la Argentina y dar comienzo después de 19 años al juicio por la AMIA”, trabado ahora por “razones legales”. En este sentido remarcó que fue “muy injusto el titular de (el diario) La Nación”, que ayer consignó “Admitió Timerman que los iraníes pueden no declarar”, ya que “es la Constitución argentina la que le da la opción de no declarar en contra de sí mismo”. A su vez agregó que el Gobierno luchará para que “quienes sean encontrados culpables por el juez argentino, paguen por el delito que cometieron”, siendo un camino viable “las organizaciones internacionales”, porque con una sentencia de la Justicia local “ya habría ahí una fortaleza mucho mayor en nuestro pedido”. Otro cuestionamiento de los legisladores opositores fue la ausencia de Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman en el plenario de comisiones. “Cuando ellos declaran nula una causa, no consultan al Senado o a la comunidad”, lanzó y concluyó que fue “el legislativo” el que “decidió no citarlos”.

Aníbal Fernández también defendió el acuerdo, al que analizó como una “puerta nueva que se abre”, que es “lo que se viene reclamando desde hace seis años: la colaboración de Irán”. Destacó que “es la primera vez que tenemos la posibilidad de una acción de estas características”, para que “el Poder Judicial argentino, que es el que instruyó la causa para que se pudieran elevar a Interpol los pedidos de notas rojas, pueda interrogarlos”. Frente al planteo de legisladores de la UCR y el FAP con respecto a que el memorándum habilita a que los acusados rechacen dar indagatoria, Fernández señaló que “se los puede interrogar a los cinco imputados porque, si no, se cae el acuerdo”, sobre el que dijo no tener razón para desconfiar “porque siempre se parte de la buena fe”.

Sobre el pedido de la oposición para realizar los interrogatorios en un “tercer país” neutral, respondió que “hubiera sido mejor seguramente”, pero que el gobierno de Irán lo rechazó en su momento.

Los legisladores del radicalismo mantuvieron las objeciones al Memorándum de Entendimiento. El senador Gerardo Morales apuntó contra la presidenta Cristina Fernández, quien –según Morales– durante un discurso ante Naciones Unidas aseguró “no tomar ninguna decisión sin antes consultar a los familiares de las víctimas y a los partidos de la oposición”. “No quiero hacer presunciones, lo sabremos con el tiempo, pero algo raro hay en este cambio de actitud del gobierno nacional”, advirtió. Su correligionario de la Cámara de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, coincidió en que “el acuerdo coloca en riesgo lo actuado por la Justicia argentina”, y argumentó que “la única manera de que la causa avance es avanzar en una etapa superior.

El jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, comentó que “una nueva citación” del canciller Timerman al Parlamento “no es necesaria porque el funcionario expuso durante seis horas un informe muy completo”. Además confirmó al cierre de la reunión de la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que el acuerdo será debatido en un plenario de cuatro comisiones de Diputados el próximo 26 de febrero, y un día después en el recinto de la Cámara baja.