Dos años y cuatro meses después del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y tras seis meses de debate oral y público para determinar las responsabilidades sobre su muerte, los abogados Maximiliano Medina, Marcos Kotlik y Alberto Bovino, que dirigen la querella de su familia, inaugurarán hoy la etapa de alegatos en el juicio. En su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 21 de la Ciudad de Buenos Aires, los letrados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundamentarán por qué consideran que la hipótesis que plantearon al momento de elevar la causa fue probada y, por lo tanto, la responsabilidad del ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza, su ex número dos en la cadena de mandos gremial, Juan Carlos “Gallego” Fernández, los delegados y trabajadores ferroviarios, y los barrabravas que ocupan el banquillo de los acusados, así como también los policías que actuaron –o, mejor dicho, no actuaron– en los hechos sucedidos aquel 20 de octubre de 2010, confirmada.

Con el alegato de la querella que representa a la mamá de Ferreyra, Beatriz Rial, el juicio por el asesinato del joven y las heridas graves sufridas por otros tres militantes durante un ataque por parte de un grupo de ferroviarios ingresa en su tramo final: el de las acusaciones. Durante esta última etapa, que probablemente se extienda hasta mediados de abril, los magistrados Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi deberán sopesar las conclusiones de 17 equipos de abogados, además de las de la fiscalía, para luego deliberar y sentenciar. De cómo cada una de las partes relacione, utilice y valorice los elementos exhibidos sobre la mesa del juicio variarán las acusaciones o liberaciones de cargo, según se trate de querellas o defensas.

El juicio intenta resolver las responsabilidades que le caben a una veintena de personas –hombres del mundo gremial ferroviario y policías– por el asesinato de Ferreyra y las heridas de bala que sufrieron sus compañeros de militancia Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre.

La investigación de los hechos fue para la Justicia una posibilidad de sondear en los manejos de poder que atraviesan la cotidianidad sindical en el país.

Aquel mediodía del 20 de octubre de 2010, un grupo de empleados y ex empleados tercerizados de la ex línea Roca de ferrocarriles intentó, sin éxito, cortar las vías de esa línea que une el sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires para realizar reclamos laborales ante la administradora de ese ramal, Ugofe. Agrupaciones políticas de izquierda participarían activamente de la protesta. Ante la imposibilidad de realizar la medida, se estaban retirando de la zona cuando, entre las estaciones Hipólito Yrigoyen y Avellaneda, un grupo de empleados ferroviarios –los mismos que los habían “corrido” de las vías– comenzaron a perseguirlos por la calle. El ataque tuvo el desenlace fatal, núcleo del juicio.

La etapa de instrucción culminó con la acusación de varias personas ligadas a la Unión Ferroviaria. En base a lo investigado y a las conclusiones de la fiscalía y las querellas, la magistrada Wilma López consideró inviable que el asesinato de Ferreyra y las heridas sufridas por los otros tres militantes se haya producido en el marco de un enfrentamiento y los ligó a una situación específica: “un plan criminal” en el que un grupo de ferroviarios, incluida la cúpula del gremio compuesta por Pedraza y Fernández, cumplieron roles determinados.

Etapa de definiciones

La hipótesis con la que la querella que representa a Rial llegó a juicio plantea, a grandes rasgos, la misma situación que definió López. Y es esa acusación basada en esa teoría de sucesión de hechos la que, según el equipo jurídico del CELS, fue confirmada por los elementos probatorios puestos en juego durante las 57 audiencias que tuvieron lugar en el medio año de debate. Al momento de emitir su propia elevación a juicio, en abril de 2011, los abogados del CELS apuntaron a Pedraza y al Gallego Fernández como los “instigadores” del asesinato de Ferreyra y las heridas de las otras tres víctimas. ¿Por qué? Porque fueron los responsables de que un grupo de empleados ferroviarios se ocupara de evitar el corte de vías y “aleccionara a los manifestantes con el fin de resguardar sus verdaderos intereses”.

Entonces, el crimen tenía un trasfondo político: la necesidad de resguardar la existencia de empleo tercerizado. “Con el control sobre la incorporación de trabajadores víctimas del proceso de precarización laboral, por un lado se protegía el poder político del gremio, y además se mantenía el poder económico derivado de las empresas y cooperativas vinculadas al caudillo ferroviario” (como en el pedido de elevación a juicio calificaron a Pedraza), sostienen los abogados del CELS. Para la querella, son las escuchas telefónicas y la documentación obtenida de las oficinas administrativas del gremio las pruebas más contundentes que evidenciaron la hipótesis planteada al finalizar la etapa de instrucción. Durante una quincena de horas, las grabaciones revelan comprometedoras charlas entre los acusados y familiares, compañeros de trabajo, entre ellos mismos e incluso funcionarios del gobierno nacional.

Los ferroviarios Pablo Díaz, Daniel González, Salvador Pipito, Claudio Alcorcel y Juan Carlos Pérez integraron, según los abogados representantes de Rial, la “patota” que puso en práctica la instigación: actuaron “en acuerdo previo”, con intención de lastimar, según figura en el escrito de la querella. “Homicidio doloso en concurso premeditado de dos o más personas”, fue el delito que le adjudicaron a todos. El barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale y el guardabarrera Gabriel “Payaso” Sánchez fueron, en tanto, los miembros de esa patota que dispararon armas de fuego “con clara intencionalidad de matar a uno o varios integrantes del grupo de manifestantes”. Los testimonios de los más de 200 testigos que participaron del debate y las imágenes que ofreció desde el primer momento el video obtenido por el equipo periodístico de C5N, cuyos integrantes fueron agredidos por los ferroviarios, habrían confirmado, según la querella, los cargos de la patota.

Por último, en la elevación consideraron a los siete policías federales que actuaron el día de los hechos –el comisario inspector Luis Mansilla, el comisario mayor Hugo Lompizano, el comisario Jorge Ferreyra, los subcomisarios Rolando Garay y Luis Echavarría, el principal Ezequiel Conti y el camarógrafo David Villalba– partícipes necesarios de los hechos. Las modulaciones aportadas como elementos de prueba en el debate oral y público no dejarían dudas acerca de los cargos a los efectivos.

A partir de las 10 de hoy, la querella será la primera parte participante del juicio en exponer la manera en la que enlazó la totalidad de los elementos de prueba que integran los 70 cuerpos del expediente del caso. Los abogados del CELS podrían llegar a pedir entre 8 años de cárcel y prisión perpetua como condenas para los acusados.