El capítulo marplatense de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado emitió sentencia sobre trece genocidas imputados. Siete de ellos fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en el marco del denominado juicio “Base Naval II”. Se trata del general retirado Alfredo Manuel Arrillaga, los marinos retirados Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice. La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo, que integran el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata, quienes coincidieron con el pedido del fiscal y de los particulares damnificados en esos siete casos. También hubo un párrafo para que sean investigados los cómplices civiles.

Los represores condenados fueron investigados por homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de 69 perseguidos políticos, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina (ESIM). En tanto, los marinos Justo Alberto Ignacio Ortiz, Julio César Falcke y Angel Narciso Racedo fueron condenados a 25, 14 y 12 años de prisión, respectivamente; los prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva a 14 y 10; y el marino Juan Carlos Guyot, ex auditor civil de la Armada que estaba excarcelado, a 3 años de prisión por haberlo considerado partícipe secundario de la desaparición y homicidio de Roxana Frigerio.

Entre las víctimas por cuyos casos fueron condenados estos represores se encuentran, además, Susana Haydée Valor (embarazada) y su pareja, Omar Alejandro Marocchi; Susana Beatriz Pegoraro (embarazada); Laura Adhelma Godoy de De Angeli (embarazada); Liliana del Carmen Pereyra (embarazada) y su pareja, Eduardo Alberto Cagnola, y Patricia Elizabeth Marcuzzo (embarazada) y su pareja, Walter Claudio Rosenfeld. Con respecto al pedido de la fiscalía y la querella por la revocatoria de arresto domiciliario de los implicados, ya que el único que se encontraba en cárcel común era Arrillaga, el tribunal decidió resolverlo vía incidente a partir del 19 de abril, cuando se lean los fundamentos de la sentencia.

El tribunal ordenó que se investigue la posible responsabilidad o participación de civiles, jueces, fiscales, defensores y policías en la comisión de delitos de lesa humanidad por ocultar pruebas tales como los pedidos de hábeas corpus o no dar cuenta del entierro de cuerpos en cementerios sin ser identificados.

El veredicto se dio a conocer en la sala del tribunal ubicada en avenida Luro al 2400, en pleno centro marplatense, frente a un auditorio repleto de familiares de imputados, miembros de organismos de derechos humanos y con la presencia del secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto. En la puerta se produjeron incidentes cuando un grupo del Movimiento Teresa Rodríguez lanzó piedras contra el frente del tribunal con consignas contra la Justicia y el Gobierno, y terminó protagonizando algunos enfrentamientos con militantes de derechos humanos.

Esta causa fue impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de esa ciudad, la Secretaría de Derechos Humanos nacional y bonaerense, además de querellas particulares. Tuvo 69 víctimas y 16 imputados, ya que durante la instrucción de la causa murieron dos de los represores acusados: el marino Juan Carlos Malugany y quien fuera jefe de la Subzona XV del Ejército Pedro Barda, considerado el máximo responsable del accionar del terrorismo de Estado en esa ciudad. Tampoco pudo ser juzgado Aldo Máspero, del Ejército, porque fue declarado inimputable a raíz de su estado de salud.