A partir del martes próximo la Procuración General de la Nación tendrá una Procuraduría adjunta especializada en Narcotráfico (Procunar). Será inaugurada con un objetivo ambicioso: desarmar la trama que sostiene la “narcocriminalidad” gracias a “la corrupción de las estructuras de control del Estado, entre ellas las dedicadas a prevenirla y reprimirla, lo cual resulta facilitado por la gran rentabilidad del negocio”, según explica un borrador de la resolución que crea el área. Al frente estará el fiscal Félix Crous, quien desde 2004 conduce una unidad de apoyo en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Su equipo, por ahora, no hará investigaciones de casos puntuales, sino que el objetivo inicial es reforzar el trabajo de los fiscales en todo el país bajo los lineamientos de una “política criminal soberana” –describen en el organismo–, es decir, independiente de directrices y condicionamientos de agencias antidrogas de otros países, como la DEA norteamericana.

Uno de los disparadores de la creación de esta procuraduría fue la situación en Santa Fe, donde la disputa territorial entre bandas con participación de narcopolicías ha derivado en hechos violentos y homicidios. La actuación allí del Ministerio Público (los fiscales) que, por ejemplo, promovió el procesamiento del ex jefe de la policía provincial Hugo Tognoli, quien estuvo detenido el año pasado, pero ante la negativa del juzgado no defendió la medida, generó malestar en la Procuración y preocupación por la falta de criterios o líneas de acción permanentes en la investigación de la producción y comercialización de drogas. Aunque el organismo que conduce Alejandra Gils Carbó no cuenta con un diagnóstico definitivo ni estadísticas completas, una aproximación inicial de algunos de los expertos que la acompañan dice que la narcocriminalidad se reproduce en muchos puntos del país, entre los que señalan la provincia de Buenos Aires. El papel de los fiscales es central, porque los jueces les delegan la gran mayoría de las investigaciones sobre drogas.

El borrador de la resolución de Gils Carbó que creará la nueva procuraduría explica “la narcocriminalidad” como un “fenómeno socio-político de vasto alcance” que incluye “una actividad industrial, comercial y financiera de alta rentabilidad, prohibida por la ley”. Precisa que cuando las “agencias del Estado” que deben participar de su investigación terminan entremezcladas con las organizaciones criminales obviamente pierden, o más bien, abandonan su capacidad de acción. La autonomía de las fuerzas de seguridad, que adquieren de este modo un “financiamiento paraestatal”, alimenta esa tendencia. Otro aspecto que señala el texto es que el “uso masivo de drogas prohibidas por parte de la población se presenta” como otra de las consecuencias, lo que incrementa un problema de salud pública, dice el texto.

Crous, de este modo, coordinará una estrategia de asistencia y refuerzo a las fiscalías de todo el país partiendo de la base de que el problema no es que no haya causas penales sobre narcotráfico, sino que las hay y no progresan, en parte por la complicidad con las fuerzas de seguridad (en especial policiales), la falta de capacitación de los investigadores en el tema específico, la carencia de un “mapa” que diagnostique el problema de la narcocriminalidad y la falta de una política definida. La procuraduría podrá hacer investigaciones preliminares, pero sobre todo controlará y coordinará pesquisas en marcha.