La Corte Suprema de Justicia tendrá otra vez en sus manos una causa vinculada con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de un planteo realizado por Cablevisión ante la Justicia federal de Mar del Plata, en el que pidió una medida cautelar para que no se le aplique el artículo 161 de la ley. En primera instancia, el juez Alfredo López se declaró incompetente ya que en los tribunales de Capital Federal tramita una causa similar, pendiente de resolución en la célebre Cámara Civil y Comercial. Sin embargo, a contramano del fallo de López y del dictamen del fiscal general Daniel Adler, la Cámara Federal marplatense resolvió aceptar la competencia y ordenó al juez definir si concede o no la cautelar. En un contexto de irregularidades en el manejo del expediente, el fiscal Adler presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando que se rectifique el criterio de los magistrados Jorge Ferro y Alejandro Tazza.

Cuando veía peligrar la medida cautelar que desde hace tres años lo exime de la obligación de adecuarse a la ley de medios, el Grupo Clarín decidió poner en funcionamiento un Plan B. El 27 de noviembre de 2012, poco antes del famoso 7D, presentó su pedido en la Justicia marplatense, con pequeñas diferencias respecto de la causa existente en el fuero Civil y Comercial nacional. Lo hizo a través de su empresa de TV por cable, Cablevisión, con el argumento de una supuesta afectación de la libertad de expresión. El fiscal y el juez de primera instancia entendieron que no correspondía aceptar el caso, igual que Adler.

Tras rechazar el criterio de López, los camaristas Ferro y Tazza alteraron los procedimientos de notificación y le enviaron su resolución al fiscal general en un sobre cerrado, sin trasladarle el expediente. Eso le impedía a Adler trabajar sobre el expediente para redactar el recurso extraordinario ante la Corte. En dos oportunidades solicitó que se lo enviaran, pedido que no fue aceptado. El fiscal general tuvo que consultar el expediente en la Secretaría de la Cámara de Apelaciones. El ministerio público fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó, está al tanto de esta situación.

En su momento, el actual embajador argentino en Venezuela y ex candidato a intendente de Mar del Plata, Carlos Cheppi, denunció que el Grupo Clarín es socio de Florencio Aldrey Iglesias, uno de los empresarios más influyentes de esa ciudad, asociado allí a Cablevisión, propietario del multimedios La Capital y de hoteles como el Hermitage. Fuentes del kirchnerismo advirtieron sobre eventuales vínculos de Aldrey Iglesias con el Poder Judicial.

Finalmente, el miércoles 13 de febrero Adler presentó el recurso extraordinario. Ahora la Cámara debe decidir si lo acepta y eleva a la Corte o si lo rechaza. En este último caso, el fiscal puede ir en queja al máximo tribunal. Más allá de que la aplicación de la ley está paralizada por la cautelar otorgada por la Cámara Civil y Comercial, la intervención de la Corte puede ser clave para otros planteos que el multimedio ya habría presentado en otras jurisdicciones. Si bien no es obligatorio para un juez seguir el criterio fijado por el máximo tribunal, por un principio de economía procesal sus fallos son acatados: se supone que el caso llegaría en algún momento a la Corte y ésta mantendrá su propio criterio.

En la apelación, Adler argumenta que la Cámara Federal incurre en lo que se denomina “sentencia arbitraria” porque “se funda en constancias ajenas a la causa” y omite que Cablevisión forma parte del Grupo Clarín y que el grupo ya interpuso una acción declarativa de certeza con medidas cautelares que buscan el mismo objetivo. Por este motivo, sostiene que la Justicia marplatense es “notoriamente incompetente, pues ya intervienen en este asunto otros jueces”, lo que podría afectar la seguridad jurídica en caso de sentencias contradictorias. Adler advierte entonces que la prórroga de competencia puede volverse “ilegítima” si “un grupo económico abusa del proceso para lograr en Mar del Plata lo que, al momento de la interposición de esta acción, no había obtenido en Capital Federal”. En definitiva, es una empresa del Grupo Clarín que persigue el mismo objetivo: impedir la aplicación de la ley.

Los camaristas Ferro y Tazza tienen cinco días para aceptar y elevar el recurso o rechazarlo. El plazo no es obligatorio, pero la respuesta no debería demorarse mucho más. Según fuentes judiciales, el expediente llegará a la Corte Suprema, que debería resolver el tema antes de que le toque opinar en la causa principal que tramita en Capital Federal.