Poco antes de terminar su gestión Eduardo Duhalde firmó un decreto reformando (una vez más) la Ley 22.285 (de la dictadura militar y que legisla sobre la radiodifusión) y habilitó a las provincias para tener un canal de TV y una emisora de AM y a los municipios una radio FM, con autorización para emitir publicidad. De inmediato, los grupos económicos concentrados que dominan los medios de comunicación en la Argentina y que se expresan en forma corporativa a través de las asociaciones del sector, salieron al cruce para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, trae para la libertad de expresión y para la libre competencia (¿?) que el Estado posea medios y pueda emitir publicidad por esa vía. Es paradójico, sin embargo, que los que ahora levantan la voz no hayan tenido la misma preocupación cuando –como resultado de sus propias presiones– se usó idéntico mecanismo (decreto de necesidad y urgencia) para desregular la actividad de la radiodifusión sin establecer resguardos que garanticen el verdadero ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía, o cuando por la misma vía se habilitó la venta de licencias sin cumplir los plazos acordados en el momento de la concesión, o cuando se extendieron los límites de tiempo para difundir publicidad o cuando se llevó de cuatro a veinticuatro el número de licencias permitidas en manos de un mismo dueño, para mencionar sólo parte de las medidas adoptadas. Es verdad que el mecanismo de decreto de necesidad y urgencia utilizado en forma arbitraria por el Poder Ejecutivo niega en sí misma la esencia de una democracia que necesita de debates y de construcción de consensos. No menos grave es que transcurridos veinte años del regreso a la democracia este país sigue sin una ley de radiodifusión que fije políticas y que, sobre todo, garantice efectivamente el derecho a la comunicación de los ciudadanos y no solamente el reparto de ganancias de las empresas. Le corresponde al Estado garantizar el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos. Este derecho no se limita, ciertamente, al concepto restringido de libertad de expresión que manejan los voceros de los grupos económicos concentrados que controlan la comunicación en la Argentina. Por el contrario se trata, entre otras cosas, de garantizar el acceso efectivo a la pluralidad de fuentes y a la posibilidad de que todos los grupos y sectores tengan canales para emitir sus mensajes. Posibilidad que no ofrece un mercado como el nuestro, donde ni siquiera hay libre competencia. En materia de comunicación y democracia hay un debate pendiente y muchas tareas por hacer.