La Cámara en lo Civil y Comercial Federal quiere que el fiscal general José María Medrano dictamine sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como condición previa para emitir su resolución sobre la cuestión de fondo en la causa que inició el Grupo Clarín.

Los jueces de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni y María Susana Najurieta, deberán resolver sobre la validez constitucional o no de los dos artículos de la ley referidos a las condiciones y plazos de desinversión, objetados por el multimedios desde la sanción de la norma en 2009. Fuentes judiciales informaron que el fiscal ante la Cámara ya recibió el expediente y que se encuentra trabajando en su decisión.

Los voceros consultados señalaron ayer que los jueces pretenden resolver el asunto “en cuanto estén en condiciones”, aunque no ponen plazos debido a –argumentan– el volumen de la causa, que tiene quince cuerpos de expedientes.

A través de una cautelar, el Grupo Clarín objetó en noviembre de 2009 –un mes después de que el Congreso sancionara la ley 26.522– los artículos 45º y 161º, referidos a la multiplicidad de licencias admitidas y al plazo para realizar la desinversión de medios, respectivamente. Desde entonces, los alcances de ambos artículos cuestionados están suspendidos para Clarín, debido a la aplicación de una medida cautelar que avaló la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre pasado, el juez civil y comercial federal de primera instancia Horacio Alfonso falló a favor de la constitucionalidad de la ley. Pero el multimedios apeló y la Cámara admitió extender la cautelar mientras se dirime la cuestión de fondo. La Sala de Feria de la Cámara habilitó el receso judicial de enero para que se tramite el expediente, mes en el que las partes presentaron sus apelaciones y se contestaron mutuamente.

En tanto, la Corte Suprema rechazó en diciembre pasado un pedido del Gobierno de per saltum para que se avoque a tratar la causa directamente sin que lo haga la Cámara y, a su vez, instó a ese tribunal a “que se expida dentro de la mayor brevedad posible”. De todas maneras –debido a las esperables acciones de una y otra parte–, será la Corte Suprema la que deberá tratar de manera definitiva el expediente, una vez que la Cámara se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la ley.