El juicio que se desarrolla en Córdoba por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar contra 417 víctimas en esa provincia tuvo ayer su undécima jornada. Declaró el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien calificó el juicio de “ilegal e inconstitucional” y afirmó ser “el único responsable” del accionar del cuerpo militar del que estaba a cargo. También compareció el miembro del Batallón de Inteligencia 601 Héctor Pedro Vergez, quien apuntó contra jueces y empresarios. Sostuvo que los primeros “estaban al tanto” y “no hacían nada” y que los segundos señalaban sindicalistas cuando “molestaban” para que los secuestraran.

El juicio que tiene lugar en el TOF 1 de Córdoba por las violaciones a los derechos humanos en La Perla tiene a 45 imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, sustracción de menores, abuso deshonesto y violación. Desde el 4 de diciembre pasado se encuentra en la instancia de debate oral y público, a la espera del testimonio de 162 sobrevivientes y más de 600 testigos. Tras el rechazo a un pedido de las defensas para dictar la prescripción de los crímenes, los acusados declararon a lo largo de toda la jornada.

Mientras varios eligieron el silencio, Menéndez aprovechó para denostar una vez más el proceso de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado durante la dictadura. Dijo que los juicios son “ilegales e inconstitucionales”, ya que se “lesionaron normas de prescriptibilidad de la ley y no se aplicó el principio de la cosa juzgada”.

“Tergiversaron el concepto internacional de los delitos de lesa humanidad, porque nunca atacamos a la población civil”, argumentó Menéndez. Por último, aseguró que de todos modos él es “el único responsable de la actuación” de su “tropa” y, por tanto, el “único en comparecer”.

Héctor Pedro Vergez, señalado como uno de los principales responsables del accionar del Comando Libertadores de América –organización paramilitar que actuó en Córdoba emulando a la Triple A–, responsabilizó al comandante de Gendarmería Omar Rey por el asesinato de 18 detenidos políticos alojados en La Ribera por temor a que se fugaran. Vergez contó que como Rey tenía mucha plata, le pidió que se haga cargo del hecho a cambio de pagar la universidad de su hija. “Nunca cumplió el compromiso”, se quejó.

Por otro lado, narró que era habitual que importantes empresarios señalaran a sindicalistas para que fueran secuestrados. “Tiraban el dato de que eran montoneros y los sacaban del medio”, explicó. También aseveró que desde el Poder Judicial provincial “estaban al tanto de los detenidos y de los que les pasaba” en La Perla y La Ribera, pero que “no hacían nada”.