La votación del Congreso argentino es un primer paso, decisivo, pero es un primer paso de un camino que no será nada fácil. Está claro que no hay plazos precisos, sino un compromiso de avanzar, con el horizonte en una audiencia, en Teherán, con los cinco imputados que Irán aceptó que declaren. La Justicia argentina puede realizar, mientras tanto, todos los pasos que considere: el memorándum no paraliza ninguna acción que puedan hacer el juez Rodolfo Canicoba Corral o el fiscal Alberto Nisman. Es más, si uno de los imputados sale de Irán, es detenido en un tercer país y resulta extraditado a la Argentina, el juez y el fiscal pueden indagarlo, procesarlo o tomar las decisiones que correspondan. El memorándum no lo impide. Es público que nada de eso ocurrió en los últimos 18 años –salvo la detención en Londres del ex embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour, luego liberado por falta de pruebas–, de manera que durante el proceso que se abre ahora la Justicia puede seguir actuando de la manera que lo considere o pueda.

En Irán

El próximo paso del memorándum es que sea aprobado por el Congreso de Irán, integrado por 290 legisladores. De acuerdo con el diario Tehran Times, el proyecto fue girado ayer por el Ejecutivo de Irán al Legislativo. No está claro cuánto tardará en aprobarse el memorando.

En el país persa, cualquier norma del Parlamento debe ser aprobada después por el Consejo Guardián, cuyo verdadero conductor es el líder religioso, el ayatolá Alí Khamenei. Durante las negociaciones que llevaron al memorando, el canciller Alí Akbar Salehi le aseguró a su par argentino, Héctor Timerman, que el líder religioso ya había dado su visto bueno. Habrá que verlo y deberá tenerse en cuenta que en Irán hay un proceso de elección presidencial –los comicios son el 14 de junio– que, supuestamente, no frenará la aprobación.

La Comisión

Aprobado el memorando por los dos Congresos, el siguiente paso será la designación de la llamada Comisión de la Verdad, dos juristas internacionales propuestos por Argentina, dos por Irán y uno, que será el presidente, designado por acuerdo de los dos países. Ninguno de los integrantes de la Comisión podrá ser argentino o iraní.

Por lo que se sabe, la propuesta será hecha en un solo acto por ambos países, es decir que los nombres de los cinco integrantes se presentarán al mismo tiempo, de manera de acelerar las cosas.

Una vez designada la Comisión, ésta tendrá que reunirse y dictaría un reglamento de funcionamiento: cuándo se encontrarán los integrantes, dónde, cuáles serían las normas de esas reuniones. El reglamento tendrá que ser aprobado luego tanto por Argentina como por Irán.

La información judicial

De acuerdo con el texto del Acuerdo, la Comisión procederá a solicitarles información a las dos partes –Argentina e Irán– sobre las causas judiciales que existen en los dos países.

Se ha dicho que respecto de lo que se enviaría desde Buenos Aires que los integrantes de la Comisión deberán leer 200.000 fojas. La realidad es que deberá enviarse la documentación que está relacionada con los cinco imputados que van a declarar. Respecto de tres de ellos –el ex ministro de Información Ali Fallahian; el ex comandante de los Guardianes de la Revolución Mohsen Rezai y el ex comandante de la fuerza Al Quds Ahmad Vahidi, hoy ministro de Defensa– están acusados de haber participado de una cumbre que se hizo en la ciudad de Mahshad en la que supuestamente se decidió el atentado. Sobre esa parte de la investigación hay muy poco: algunos informes de inteligencia y declaraciones de un par de arrepentidos-opositores al régimen de Teherán, que testimoniaron en el exilio. Seguramente no más de 100 fojas.

Lo más frondoso es lo que respecta a los otros dos imputados, el ex tercer secretario de la embajada de Irán en Buenos Aires Ahmad Asghari –sobre el que tampoco hay mucho– y el ex agregado cultural de Irán en la Argentina Mohsen Rabbani. Para el fiscal Alberto Nisman es el personaje central de la historia. Su secretaria estaba casada con el colombiano convertido al Islam Samuel El Reda, que para Nisman fue el jefe operativo del atentado. El fiscal –convalidado por el juez Rodolfo Canicoba Corral– sostiene que El Reda actuó desde la Triple Frontera con Brasil y Paraguay usando un celular a nombre de André Márquez. Es una pista que tiene su volumen y que, sin dudas, concentrará gran parte de la acusación que se haga en Teherán. Habrá que ver la calidad de las evidencias, porque una parte de los datos –teléfonos en El Líbano, por ejemplo– proviene de los servicios de información de Israel y Estados Unidos.

Sobre la base de la documentación reunida, la Comisión sugeriría los pasos a seguir, respetando los dos sistemas jurídicos, el de la Argentina y el de Irán.

El juez y el fiscal

Las propuestas de la Comisión sobre cómo proceder no serán vinculantes para el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman. El magistrado tendrá la última palabra en cuanto a la validez de lo que se propone hacer en Teherán: cómo serán las audiencias, quiénes estarán presentes y todo lo que tiene que ver con las normas de una indagatoria.

La Corte

De acuerdo con una acordada de la Corte de 1993, el viaje del magistrado requiere de la autorización del máximo tribunal. El pedido debe presentarse con diez días de anticipación y requiere de la firma de un juez de Irán que va a acompañar el proceso, porque –según dijo la Corte en aquella acordada, la número 21– el magistrado argentino concurre a otro país, pero debe tener el visto bueno del juez del país al que va. Canicoba le pediría la autorización al máximo tribunal detallando lo que se va a hacer en Teherán y esperará el aval de los ministros de la Corte.

La audiencia en Teherán

Cumplidos todos los pasos anteriores, el fiscal y el juez viajarán a la capital de Irán a tomar las indagatorias. Como sucede con cualquier persona imputada, los cinco iraníes conocerán previamente las pruebas sobre las que se basa la acusación. Es más, la indagatoria es un acto de defensa. En ese marco, podrán exponer, responder a las preguntas del juez, del fiscal o, como lo marca el Código argentino, abstenerse de declarar.

Terminada la indagatoria, Canicoba Corral deberá decidir. Tiene diez días para resolver si procesa o no a los imputados. Y si les dicta la prisión preventiva o no. Es probable que en caso de dictarse la prisión preventiva los iraníes se nieguen a entregar a los imputados. Regirán por lo tanto nuevamente las alertas rojas. De todas maneras, las cosas ya no serán iguales a la actualidad: será un procesamiento con prisión preventiva después de un proceso acordado con Irán y supervisado por una comisión de juristas internacionales.

Pero para llegar a ese punto, habrá que recorrer esta larga serie de etapas en las cuales es casi seguro que van a existir idas y vueltas. Como sostienen los familiares agrupados en Memoria Activa: “No hay nada seguro, es un intento. ¿Es riesgoso? Sí, es riesgoso. Pero después de casi 19 años tenemos que correr riesgos”, señaló Diana Malamud en el Congreso.

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