El día de su triunfo en las últimas elecciones, el gobernador José Manuel de la Sota acuñó el término “cordobesismo”. Esa definición no resulta muy novedosa, pretende expresar la defensa de los intereses de la provincia, pero se trata de la continuidad de una política conservadora y neoliberal, caracterizada por una firme alianza y subordinación de las políticas públicas a los intereses de los grupos de poder económicos, sociales y mediáticos, entre otros la Fundación Mediterránea, y los grandes propietarios rurales.

El sistema tributario, el adeudamiento público, su política de seguridad, la visión sobre los derechos humanos, un federalismo declamatorio dan cuenta de un modelo reaccionario que pretende presentar como alternativo al proyecto nacional y popular que hoy conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En realidad es el de la vieja Argentina.

A pesar de la permanente crítica al gobierno nacional, por la supuesta falta de apoyo, los ingresos de Córdoba provienen en un 57 por ciento de aportes de coparticipación. Por su parte, el menor aporte provincial proviene en un 79,12 por ciento del Impuesto a Ingresos Brutos, pagado por todos los consumidores sin tener en cuenta su capacidad económica. El inmobiliario representa sólo un 8,42 por ciento, la menor parte aportada por el rural, menos que el impuesto de sellos que representa 8,66 por ciento.

Desde hace más de una década se mantienen congeladas las valuaciones de campos ubicados entre los más caros del mundo. Como los ingresos son insuficientes, recientemente se creó la Tasa Vial Provincial, otro impuestazo claramente regresivo, que grava el consumo de combustibles, incluyendo GNC. No es muy novedoso el recurso de castigar a los consumidores, ya lo había aplicado hace unos años fijando un arancel específico llamado popularmente Impuesto al Fuego, destinado a generar un fondo para combatir los incendios, que se cobra con la tarifa de consumo eléctrico. Como vemos, el “popular” De la Sota siempre beneficiando a los que menos tienen.

Franqueado por Barrionuevo y Moyano, se escandaliza por el injusto “impuesto al trabajo”, cuando es el artífice de una de las más regresivas políticas tributarias de nuestro país.

El endeudamiento en términos proporcionales es el más alto del país, supera en diez veces el de una provincia muy similar como es Santa Fe. A fines del año pasado alcanzaba la suma de 12.000 millones de pesos, sin deuda flotantes, exactamente el doble de la existente el año 2003. Mientras la Nación y la mayoría de las provincias se desendeudaron, Córdoba duplicó su deuda.

Su política de seguridad se caracteriza por la criminalización de la marginalidad social, y en un fuerte protagonismo y autonomía de la policía provincial, que cuenta con el inconstitucional instrumento del Código de Faltas, para perseguir particularmente a los jóvenes de origen popular. Le ha sumado recientemente mayor participación en el control y represión del consumo de drogas.

Policía brava que detiene arbitraria y masivamente a jóvenes sin intervención judicial, pero incapaz de esclarecer el gravísimo caso de la desaparición del joven Facundo Rivera, o de prevenir la ola de crímenes de los últimos días. La estadística de homicidios del mes de febrero triplica la del mismo mes del año pasado, configurando un cuadro que en nada envidia al de la ciudad de Rosario. El propio gobernador se refirió al tema expresando: “Estos asesinatos, que surgen en muchos casos aparentemente como ajustes de cuentas, es como que el hecho de que estemos aplicando toda la dureza de la ley, estaría generando disputas entre los narcos”. Reconocimiento gravísimo que está dando cuenta de una especie de zona liberada para los narcos. Pero que elude referirse a dos casos en que los autores de los crímenes son miembros de fuerzas de seguridad.

El recientemente designado jefe de Policía comisario Ramón Frías fue denunciado en el año 2009 por el oficial Julio Giménez, por haberlo amenazado con la tenebrosa frase “vas a tener el mismo fin que tu papá”. Su padre está desaparecido desde 1976, era secretario general del gremio de Papeleros. Los aprietes para hacerlo desistir de su lucha por la justicia se han repetido.

No existe voluntad política de promover una democratización de la policía, por parte de un gobernador, que el mismo día que se iniciaba el histórico juicio de La Perla, desde Buenos Aires en conferencia en la Universidad Austral, y en relación con el terrorismo de Estado reclamaba: “Hay que dar vuelta la página y buscar la pacificación”. En esto es consecuente con su pasado, ya que una testigo en un juicio por delitos de lesa humanidad, Patricia Triguero, lo señaló como uno de los integrantes de los grupos de civiles, que junto a la policía derrocaron al ex gobernador Obregón Cano.

Para demostrar su firme alineamiento con el multimedio, monopolio con fuerte presencia en los medios gráficos y audiovisuales de Córdoba, clausuró las antenas de la Televisión Digital Abierta, impidiendo a 500.000 cordobeses el acceso a la información gratuita.

La provincia tuvo otro gobernador durante tres períodos, con ansias de proyección nacional, sostenidas desde un modelo similar, al que Angeloz definía como la “Isla”. La experiencia terminó abruptamente con la entrega anticipada del gobierno.

* Presidente Frente Grande de Córdoba. Diputado nacional (mc).