Jorge Videla, Emilio Massera y otros nueve represores deberán desfilar una vez más por Tribunales. Están procesados y con prisión preventiva en la causa sobre la práctica sistemática de sustracción de menores, pero en esa investigación se incorporaron nuevos elementos de prueba y por tal motivo parte de la querella solicitó ayer que vuelvan a ser citados a indagatoria. Ese tipo de declaración permite que el imputado haga su descargo y sea interrogado. Sin embargo, en esta causa la mayoría de los acusados prefirieron el silencio. De todos modos, la medida debe ser cumplida. Luego vendría un nuevo procesamiento, las apelaciones y recién después estará habilitada la fiscalía para pedir la elevación del caso a juicio oral y público. Esto no ocurrirá antes de fin de año.
Cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los jerarcas militares acusados entendió que sólo había pruebas para sustentar 22 de los 38 casos de menores apropiados. A partir de entonces los abogados querellantes David Baigún, Alberto Pedroncini, Carlos Cruz y Marcelo Mónaco, junto a los investigadores judiciales, se empeñaron en incorporar al expediente mayor cantidad de testimonios que sustenten la existencia de la apropiación sistemática de menores, en su mayoría hijos de desaparecidos, perpetrada por los represores durante la dictadura.
En el escrito presentado ayer, Pedroncini y Baigún destacaron que “desde la fecha de las indagatorias que precedieron el auto de mérito (la decisión de la Cámara mencionada) del 22 de enero de 1999, se han incorporado a la causa gran cantidad de pruebas de gran significación”. Y a modo de ejemplo, citaron el informe general y pormenorizado del Banco Nacional de Datos Genéticos del 25 de junio de 2001”. El valor de ese documento reside en que contiene prueba de los hechos anteriores y de los nuevos. Los letrados consideraron que la ampliación de las indagatorias de Videla, Massera, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Carlos “Pajarito” Suárez Mason, Jorge “Tigre” Acosta, Santiago Riveros, Juan Bautista Sasiaiñ, Rubén Franco y Antonio Vañek deben concretarse tanto por “la eficacia de la investigación” como por “el derecho de defensa de los imputados”.
El juzgado recibió varios testimonios y agregó otros en copias certificadas provenientes de otras causas. Corresponden tanto a casos concluidos como en trámite. Los querellantes aclararon que solamente pueden considerarse como nuevos en relación a esta causa y porque no figuran entre los 22 que la Cámara consideró probados.
Con las declaraciones que recibió el juzgado se agregaron los casos de:
- Paula Eva Logares, a partir del testimonio de Borelli y Bello sobre su desaparición en Uruguay, y de Adriana Chamorro respecto de la presencia de sus padres en el Pozo de Banfield,
- Anatole y Victoria Julien Grisonas, a partir del testimonio de Marqués Iraola y del ex funcionario uruguayo Barboza Pla sobre la presencia de menores en un centro clandestino de detención en Montevideo,
- Marcelo Ruiz Dameri, hijo de Silvia Dameri y Orlando Ruiz, nacido en dependencias de la ESMA, a partir del testimonio de Víctor Basterra y Carlos Gregorio Lorkipanidze,
- Clara Anahí Mariani, a partir de las declaraciones recogidas en el juicio por la Verdad de la Cámara Federal de La Plata y otros elementos,
- Isabel Suárez Nelson, María Teresa Trotta y Rosa Taranto de Altamiranda.
En base a las causas de otros juzgados se incorporaron los casos de Ximena Vicario, Paula Logares, Carla Rutila Artés, Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D’Elia, María Sol Tetzlaff, Pablo y Carolina Bianco, Javier Penino Viñas, María Moyano Artigas, Elena Gallinari, María Eugenia Gatica Caricoche, María de las Mercedes Gallo Sanz, Claudia Poblete y la hija de desaparecidos anotada como propia por el marino Policarpo Vázquez. La semana pasada, la sala I de la Cámara Federal rechazó los pedidos de excarcelación de Febres, Acosta y Nicolaides, tal como había resuelto el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Los represores argumentan quellevan más de tres años sin condena. Sin embargo, los camaristas Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo les negaron la excarcelación por “la gravedad de los hechos que se les imputan y la magnitud del daño causado”. Acosta y Febres son los únicos que están presos, en dependencias de la Gendarmería en Campo de Mayo y en la zona Delta de la Prefectura respectivamente. El resto goza del beneficio del arresto domiciliario.