Tras casi cuatro horas de discurso, el arco opositor criticó la mayoría de los temas que abordó la presidenta Cristina Fernández, puntualmente los referidos a la “década ganada” de la gestión kirchnerista y en especial los vinculados con la inflación y la política de seguridad. Respecto de las iniciativas referidas a la democratización de la Justicia, legisladores de la UCR, el FAP y el PRO, entre otros, consideraron positivos algunos proyectos, como el acceso por sorteo a los cargos del Poder Judicial y la publicación de las declaraciones juradas de sus funcionarios. Sin embargo, fueron muy críticos de las iniciativas más complejas, como la reforma del Consejo de la Magistratura, y alertaron sobre el avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia de la Justicia.

“Fue un discurso tedioso en el que evitó hablar de actualidad, de la inflación, la caída del empleo. No hubo ninguna mención concreta a la inseguridad, más allá de la pelea doméstica”, arrancó el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, en referencia a las críticas de la Presidenta a quienes “utilizan la seguridad como instrumento político” y no como “una preocupación real de toda la ciudadanía”. En la misma línea se expresó Claudio Lozano, de Unión Popular. Según el economista e integrante del Frente Amplio Progresista, el discurso tuvo una parte dedicada a la campaña electoral. “La inflación, el estancamiento de los que no llegan a fin de mes ni que tres de cada diez hogares son pobres. Habló más de pasado que del presente y del futuro”, insistió Lozano, quien insistió en las críticas a la Presidenta por el acuerdo con Irán y la falta de avances en la pista local de los atentados a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA.

Desde el peronismo disidente, el presidente del bloque de diputados de ese espacio, Enrique Thomas, consideró que fue un discurso “alejado de la realidad y de lo que la mayoría de la gente quiere escuchar”. “Por momentos parecía que la Presidenta se confundía y leía el discurso de apertura de las sesiones legislativas de Suiza”, ironizó el diputado mendocino. El socialista Juan Carlos Zabalza, referente del ex gobernador Hermes Binner en el Congreso, consideró “superficial” el análisis sobre la inseguridad y le recriminó que no hiciera ninguna mención “al crecimiento del narcotráfico” en la Argentina. El gobierno socialista de Santa Fe le achacó a la administración nacional el problema del narcotráfico en esa provincia, donde por enfrentamientos entre bandas murieron militantes del Movimiento Evita.

Aunque no asistió a la apertura de sesiones, Elisa Carrió no se perdió la oportunidad de opinar sobre el discurso oficial. La diputada de la Coalición Cívica consideró que “esta es la kirchnerización final de la Justicia” porque la “corporación camporista se va a hacer cargo de las Cámaras de Casación para controlar a todos los jueces y garantizar impunidad”. De esta manera cuestionó la propuesta de crear tres Cámaras de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional Laboral. “Si esto no es fascismo, ¿el fascismo dónde está? Vamos a dar la batalla para defender a la Justicia y espero que esta vez el pueblo nos acompañe, porque sin Justicia no hay vida ni libertad”, concluyó la diputada chaqueña.

El peronista Gustavo Ferrari consideró que las reformas propuestas al Consejo de la Magistratura “pueden ser inconstitucionales”. En su discurso la Presidenta propuso que los magistrados, abogados y académicos que integren el órgano encargado de la selección y evaluación de los magistrados sean electos mediante el voto popular. Los radicales advertían, además, que si se hace junto a las elecciones nacionales, el Consejo corre el riesgo de quedar en manos de la mayoría política, cuando su espíritu original lo colocaba alejado de la voluntad mayoritaria circunstancial.

“Para los tres Poderes y el Poder Ejecutivo tendría que permitir el acceso a la información pública, derogar los superpoderes que le permiten mover partidas de un lado a otro y reglamentar la publicidad oficial”, señaló Paula Bertol, del PRO, en referencia al proyecto para difundir las declaraciones juradas de los magistrados y la creación del Registro de Causas y Publicidad, donde se pueda conocer el trámite de los expedientes judiciales.

Desde el FAP, Lozano rescató varias iniciativas, como el acceso por sorteo a los cargos del Poder Judicial y la publicidad de las declaraciones juradas, entre otras medidas que apuntan a desarticular los “privilegios oligárquicos”.

Por otro lado, varios legisladores opositores compartieron el criterio de la presidenta Cristina Fernández respecto del pago de ganancias por parte de los jueces. Si bien no presentó un proyecto, la Presidenta trasladó el tema a la Corte Suprema, recordándole que fue mediante una acordada de 1996 que quedaron eximidos de ese impuesto.