Algo más de tres horas y media habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entró en el tramo más sustancioso recién cuando habían transcurrido más de dos horas. Fue cuando comenzó a hablar del juicio de los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. La ración más sustanciosa, el crescendo conceptual y emotivo llegó al final: cuando la mandataria anunció un paquete de proyectos de ley referidos al Poder Judicial. Cambiemos, pues, el orden de los factores y comencemos por ese “capítulo”, el que levantará, con toda lógica, más polvareda.

La presidenta Cristina Kirchner “tituló” el tramo con su expresión-consigna “democratizar la Justicia”. Y usó como sinónimo “Justicia legítima”, una suerte de saludito a las jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional, que quizá sean la inauguración del cambio cultural de los tribunales, encarado “desde adentro”.

El proyecto más llamativo es la reforma del Consejo de la Magistratura. El ente es un engendro creado por la Constitución de 1994, por lo que toda reforma legislativa debe respetar sus pilares. Máxime si se toma en cuenta que la Presidenta advirtió que “no se va a reformar ninguna Constitución, que se olviden”. La tremenda novedad es que los consejeros, que seguirán representando a distintos estamentos de letrados (abogados, jueces, académicos), serán elegidos a través del voto popular. Sin entrar en detalles, la oradora indicó que habrá reglas de proporcionalidad, que implican la saludable participación de las minorías en el organismo.

El debate que se viene y el texto completo del proyecto ayudarán a definir una idea más precisa. Con el título y el sesgo, el cronista opina que se ha encontrado un modo interesante y democrático de destrabar al Consejo, que funciona mal desde sus inicios. El empate relativo de los últimos años le agrega lentitud e ineficacia, que parecen formar parte de su esencia. Politizarlo es una salida audaz y correcta.

Al fin y al cabo, contra los lugares comunes en boga, el nombramiento y la destitución de los jueces son medidas políticas. La composición actual del cuerpo sobrerrepresenta a corporaciones de baja convocatoria. Las corporaciones de abogados y de jueces son, intrínsecamente, minoritarias, lo que posibilita que grupos medianamente organizados hablen en nombre de conjuntos que les son ajenos.

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Era y es imperioso desalentar o hasta prohibir las “cautelares fáciles” que existen desde hace añares y que se hicieron plaga en tiempos recientes. El proyecto oficial (que, también, deberá ser leído con minucia cuando se difunda) apunta a eliminar las medidas tomadas en juicios patrimoniales contra el Estado. Tal como se blanden ahora, las cautelares son un atajo para conseguir algo equivalente a una sentencia anticipada sin “arriesgarse” a las peripecias del juicio de fondo. La Presidenta aludió a casos en que un juez subrogante (suplente, en esencia) decreta una cautelar de formidables consecuencias y luego se deshace del expediente. Mencionó juicios por reajustes de salarios de uniformados. “Un negoción”, cifró sin equivocarse.

Una reforma insinuada del Derecho administrativo y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación completan el paquete que, conociendo al kirchnerismo, tiene la tinta fresca y entrará a todo tren en el Congreso. Dada la actual composición de las dos Cámaras, lo más factible es que la iniciadora sea la del Senado, donde la mayoría kirchnerista es más cómoda.

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El Parlamento, en cambio, no intervendrá en una de las polémicas más recurrentes: si los jueces deben pagar Impuesto a las Ganancias. Cristina explicó que esa carga está legislada debidamente, pero frenada por una acordada de la Corte Suprema menemista. Por lo tanto, no hay perspectiva de reformar legalmente lo que ya existe... Claro que la Presidenta colocó la pelota en el campo de la Corte. Ella sí puede restaurar la igualdad ante la ley y los impuestos.

En la Biblioteca, cuestionar la canonjía fue un tópico dominante (no unánime). Lorenzetti se ha pronunciado por abolirla, también lo hizo su colega Eugenio Raúl Zaffaroni. Cristina exhumó que la suprema Carmen Argibay hizo lo propio cuando defendió su pliego ante el Senado. Con esos precedentes, a la Corte le costará seguir haciéndose la distraída, aunque nada es imposible cuando se trata de defender la propia hacienda.

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La Presidenta se explayó sobre el juicio de los buitres ante la Cámara de Nueva York. Fue casi simultáneamente con un reclamo de ésta: que el Estado argentino precise cuál es la oferta de pago que hace a los demandantes. Cristina anticipó el nudo de la respuesta que deberá presentarse, con los tecnicismos del caso, hasta el 29 de marzo: “Pagar, pero no en mejores condiciones que al resto de los bonistas”. Sería una estafa a éstos y una violación de la ley nacional, acotó.

Además, el riesgo de una sentencia desfavorable excedería largamente a la Argentina, en una etapa signada por reestructuraciones de deuda soberana en muchos países del centro del mundo. La Presidenta apeló a la sensatez de los jueces tanto como a la de los gobernantes de otras naciones. El riesgo sistémico también puede impactarlos, alertó. Subrayó que la Argentina honra la deuda, que seguirá haciéndolo en dólares como hasta ahora, un dato clave para los mercados, que suelen ser histéricos como divas e igualmente manipuladores.

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La defensa del memorándum de acuerdo con Irán llevó un buen rato. La expositora evocó el atentado a la Embajada de Israel, totalmente impune. Y repasó su trayectoria en la comisión bicameral que investigó el atentado a la AMIA. Hizo gala de su largo compromiso, ése fue uno de sus puntos fuertes. El otro es que nada puede empeorar: el expediente está arrumbado desde hace años, y sin las indagatorias seguirá vegetando. “¿Qué es lo peor que puede pasar?”, indagó. Su respuesta es: que todo quede como está. El cronista acuerda con esa lectura, agregando una salvedad. Que no pase nada apocalíptico (como vaticinan los opositores o las autoridades de AMIA y DAIA) ni provechoso es el desenlace más factible. Si persistiera, pues, la impunidad que rige hoy, el Gobierno podría pagar un costo político mayor al que hubiera padecido si proseguía con otras gestiones encomiables, que se volvieron testimoniales.

La respuesta de la Presidenta es resaltar su voluntad: “¿Cómo no intentar?”. Los reproches a algunos dirigentes de la colectividad (Rubén Beraja, sin dudas, aunque no fue nombrado), a la pasividad del Estado de Israel por el atentado a la embajada y a la Corte noventista redondearon el cuadro.

Cristina Kirchner rechazó las acusaciones de estar urdiendo acuerdos nucleares con Irán. “Argentina es líder en no proliferación nuclear”, argumentó. E hizo hincapié en la paz como objetivo y como realidad del país y de la región.

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Bautizó “la década ganada” a los diez años transcurridos desde 2003. La frase dará lugar a cruces, chicanas y afirmaciones de identidad. Se esmeró en ser menos dura que otras veces con los opositores: alabó más de una vez al ex presidente Raúl Alfonsín, les hizo guiños en el discurso a los radicales Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra, mencionándolos amablemente. Dio en el clavo porque tocó puntos de consenso: el senador y el diputado boina blanca sonrieron de buen talante. También hubo remembranzas respetuosas al trabajo cumplido en la Bicameral por los entonces diputados Melchor Cruchaga (un dirigente digno, coherente y laburador, ya fallecido) y Marcelo Stubrin. A ambos los mentó por su apellido a veces y en otras por su nombre de pila, señal de afecto y de cercanía.

A Daniel Scioli lo atendió en un par de párrafos. Puso en los gobernadores la responsabilidad por la seguridad provincial, desligando a los intendentes. Y fue severa con quienes “hunden la cabeza como el avestruz” ante los problemas y se arropan con la protección mediática. No lo mencionó con nombre y apellido, pero el destinatario era indudable. El intendente Sergio Massa tuvo un trato parecido, una crítica afilada, pero sin nombrarlo.

Habló dos veces de la reforma constitucional: la citada antes y cuando explicó que era imposible crear un Tribunal Constitucional sin ella. Los exégetas de palacio se dividirán: los que creen que la enunciación fue de tono general, una suerte de renuncia a la re-re. Y los que piensan que salió, nada más, a desmentir a quienes vaticinaban que la “democratización de la Justicia” es un engaña-pichanga, un caballo de Troya para colar la reforma.

Otra alusión llamó la atención del cronista. La Presidenta pensó en voz alta que ciertas revelaciones encriptadas en la investigación por el atentado a la AMIA podrían develarse en “las memorias”, como si estuviera escribiéndolas o pensara en hacerlo.

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No leyó, es su inveterada costumbre. Sí acudió a nutridos machetes con cifras, muñidos por ministerios y secretarios. Sólo se enredó la lengua una vez, cuando quiso decir “amesetamiento”. En un rapto de entusiasmo (repetido en sus discursos más cercanos) dijo “garpar” por pagar. Casi de inmediato se excusó por el lenguaje impropio.

Sus adversarios dirán que habló demasiado del pasado y que no cubrió una agenda completa. Tendrán su dosis de razón. También es cierto que la Presidenta no es nunca una oradora protocolar ni hueca. Abre polémicas y nuevos escenarios, genera agenda. Desde luego, el futuro de los argentinos y su propia legitimidad dependen de muchas cuestiones no aludidas o tocadas tangencialmente. La inflación, la puja distributiva, el control de precios, la reducción de la informalidad laboral son apenas un puñado de ellas. El Gobierno no las ignora, aunque conocerlas no baste para resolverlas. De momento, el oficialismo conserva iniciativa, la Presidenta es la única líder política con proyección nacional. El futuro, claro, es abierto y no está irrevocablemente escrito, cuando empieza a irse el verano.

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