Desde hace dos meses, los trabajadores de una cadena de restaurantes ocupan cuatro conocidas parrillas porteñas. Se trata de Don Battaglia, Mangiata, La Soleada y Alé Alé. Organizados en cooperativas de trabajo, están manteniendo los cuatro restaurantes en funcionamiento, ante el riesgo de que sean cerrados. En el caso de Alé Alé enfrentan una orden de desalojo impulsada no por los empresarios, sino por los propietarios del inmueble, que es alquilado.

La cadena pertenece al mismo grupo económico de Los Chanchitos, el conocido restaurante de Parque Centenario. En total, eran seis grandes parrillas que dependían de los mismos empleadores. Los trabajadores solían rotar de un restaurante a otro y por eso mantenían cierto conocimiento entre sí y de cómo marchaban las cosas en cada lugar. En los últimos tiempos, una serie de problemas los hacía temer por su futuro.

“Se acumularon deudas con los proveedores, no pagaban los aportes, nos faltaban insumos y había permanentes rumores de cierre”, cuenta Raúl Armengol, de Don Battaglia. Luego, un restaurante de los seis –La Zaranda, en Villa Urquiza– fue cerrado. Aunque parte de sus empleados fueron reubicados en los otros locales, desde entonces y durante todo 2012, el panorama resultó para los trabajadores más y más inestable. Los sueldos, por ejemplo, comenzaron a ser pagados con atraso y de manera incompleta, y les quedaron debiendo el aguinaldo.

A comienzos de este año, en Alé Alé –un local de dos pisos y 300 cubiertos ubicado en Estado de Israel al 4500– esas tensiones llegaron a un límite. “El 4 de enero un supervisor les avisó a dos compañeros que iban a cerrar el restaurante”, reseña Andrés Toledo, uno de los 40 trabajadores del lugar. “La noticia corrió y el viernes, cuando entramos a trabajar, reclamamos a la empresa que vinieran a darnos una explicación de qué estaba pasando. No vino nadie. Paramos todo el fin de semana, pero siguieron sin presentarse.” El lunes decidieron pedir asesoramiento a la cooperativa que administra el Hotel Bauen y volver a trabajar.

“Así empezamos a autogestionarnos. Buscando información sobre la empresa, nos enteramos de que había entrado en convocatoria de acreedores y tenía el contrato de alquiler vencido desde hacía siete meses. Incluso habían hecho un convenio de desalojo para el 31 de diciembre pasado, es decir que la intención era irse.”

Su compañero de Don Battaglia agrega: “Alé Alé fue ocupado en enero y nosotros los seguimos más tarde, aunque no mucho más. Tomamos la decisión el 10 de febrero, cuando vimos que la gente de la administración estaba sacando cosas de nuestro restaurante, carpetas, libros contables. Hacía cinco o seis meses que nos íbamos a casa sin saber si al otro día encontrábamos a Don Battaglia cerrado o abierto. Había muchas versiones de que se venía el cierre y sabíamos que los alquileres no se estaban pagando, debían diez, once meses. Veíamos muchas cosas: que la administradora ya no salía más por la puerta de adelante, sino que se iba por atrás, y que se hacía negar cuando llamaban los proveedores. Nos faltaban insumos. El salmón, por ejemplo, figuraba en la carta, pero hacía un año que no lo traían. Faltaban vinos, hasta ingredientes para preparar las ensaladas. Todas estas cosas nos daban la pauta de que se estaban por ir. Así nos comunicamos con la gente de Alé Alé, que ya estaban apoyados por el Bauen. Después fue una cosa por añadidura: cuando tomamos la decisión de ocupar Don Battaglia, vinieron de La Soleada y Mangiata, y al otro día ellos empezaron las tomas. Una cosa trajo como consecuencia la otra”.

Los cuatro locales emplean a más de doscientas personas. Los trabajadores aseguran que los restaurantes son viables económicamente, pero que la empresa acumuló deudas que se le volvieron impagables. Aunque tuvieron algunas reuniones con los antiguos dueños para tratar de encontrar una salida, no lograron llegar a un acuerdo.

En este sentido, los integrantes de la cooperativa denuncian que habrían existido maniobras de vaciamiento. “Ellos vendieron acciones de los restaurantes mientras al mismo tiempo creaban una distribuidora para proveer a las parrillas de insumos. Esa distribuidora, que era de ellos mismos, les vendía con sobreprecios. Pagaban un litro de leche a 15 pesos, por ejemplo. Un pantalón de trabajo, que en cualquier negocio costaba 100 pesos, lo compraban a 300, y a los cubiertos y copas les recargaban un 300 por ciento. Esta empresa distribuidora fue chupando toda la ganancia y así fue que entraron en una rueda de deudas”, denuncia Armengol. Los restaurantes están haciendo el camino de las recuperadas. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) les abrió un expediente para que puedan conformarse legalmente como cooperativa de trabajo, detalló Federico Tonarelli desde el Hotel Bauen, uno de los ejes de Facta, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.

Para mantenerse en funcionamiento, pagan a los proveedores en efectivo y están negociando hacerse cargo de los alquileres, salvo en el caso de Alé Alé, donde los dueños del inmueble no lo quieren seguir alquilando. De hecho, al revisar los papeles de la empresa, los trabajadores encontraron que no sólo el contrato de alquiler estaba vencido, sino que además estaba ese convenio de desalojo del lugar, que la empresa había previsto cumplir en diciembre de 2012. Desde el martes pasado, por esto, un grupo de trabajadores hace guardia ante el peligro de que se concrete el operativo policial, ya que la orden de desalojo está vigente.

Un dato diferencia la historia de estos restaurantes de la de la mayoría de las recuperadas, y es que sus trabajadores no esperaron a encontrarse en la calle para pensar en la autogestión. Tuvieron como antecedente el cierre de La Zaranda –que no volvió a ser abierta– y eso los decidió a actuar antes de que la historia se repitiera. Ese alerta, junto al conocimiento acumulado en los años que lleva la recuperación de empresas, resultó clave para que no se perdiera ningún puesto de trabajo.