La ex ministra de Economía Felisa Miceli le dijo al juez Norberto Oyarbide que jamás tuvo nada que ver “con las finanzas ni el manejo de los recursos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que tampoco hizo “ninguna auditoría” relacionada con esas cuestiones. En esos términos rechazó afirmaciones de Sergio Schoklender en las que el juez se había basado para citarla como sospechosa en la investigación sobre el desvío millonario de fondos estatales que recibía la entidad para la construcción de viviendas sociales. Tanto Sergio como Pablo Schoklender son los principales acusados en el manejo irregular de 1126 millones de pesos, parte de los cuales habrían sido derivados a cuentas suyas y de allegados, así como a negocios personales.

Miceli había declarado ya como testigo en la causa que Oyarbide instruye hace casi dos años. A mediados de febrero decidió convertir a la ex funcionaria en imputada. Los cargos en su contra que ayer le leyeron en el juzgado la señalan como presunta integrante de la misma asociación ilícita dedicada a desviar fondos de las Madres (de la Misión Sueños Compartidos), por la que ya están procesadas 44 personas, entre ellas los hermanos Schocklender y el contador Alejandro Gotkin. Miceli estuvo acompañada por el defensor oficial Gustavo Kollmann. En la audiencia no hubo ningún representante de la fiscalía de Jorge Di Lello, quien, en rigor, no impulsó ni acompañó la citación a indagatoria. El mayor de los Schoklender deambulaba ayer por el tercer piso de los tribunales de Retiro con la intención, fallida, de participar del interrogatorio o hacer llegar sus preguntas.

Si bien Sergio Schocklender declaró en su momento que Miceli había realizado auditorías financieras para las Madres, los documentos que el juez le mostró a ella no llevaban su firma ni contendrían indicios que la vinculen. El ex apoderado la señalaba como alguien clave en el manejo de las finanzas de la fundación. Frente a las preguntas, Miceli explicó que había sido convocada en 2007 para desarrollar y dirigir el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas (Cemop), en el que sigue trabajando, y que su actividad en relación con las Madres, en relación con su universidad, siempre fue exclusivamente académica. Entregó, además, sus recibos de sueldo. Dese-chó en forma categórica integrar el consejo de administración e insistió en que no tuvo ningún cargo, según precisaron a Página/12 allegados a la causa.

“He manifestado, una vez más, que nunca he sido, ni soy, directora financiera de la Fundación, ni que he ejercido cargo alguno relacionado con las finanzas ni el manejo de los recursos de la entidad. Tampoco he confeccionado auditoría alguna ni informes relacionados con los estados financieros y/o contables de la Fundación”, sostuvo Miceli a través de un comunicado que difundió después de declarar cerca de tres horas.

En el texto también especificó que organizó para las Madres y Cemop seis encuentros internacionales de Economía Política y Derechos Humanos, que hizo informes técnicos sobre energía, minería, concentración económica, tierras y tratados bilaterales de inversión, entre otros, trabajó en la publicación de libros sobre 200 años de Pensamiento Económico Nacional y documentos de divulgación, entre varias publicaciones, y organizó charlas y debates en todo el país.

Durante su exposición en el juzgado invocó para defenderse la declaración testimonial de la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, quien también la desligó de toda cuestión contable o financiera, así como referencias de otras madres y del abogado de la querella, Eduardo Fachal. Las Madres, de hecho, fueron reconocidas como querellantes y, según resolvió el juez al dictar los procesamientos, las consideró víctimas de un fraude y de la retención indebida de aportes a sus empleados, cuando los hermanos Schocklender tenían delegado el poder de administración.

Miceli se vinculó con las Madres después de renunciar como ministra de Economía tras el escándalo por la bolsa con 100 mil pesos y 31 mil dólares hallada en el baño de su despacho, cuyo origen nunca quedó del todo claro, y por lo que fue condenada por encubrimiento de una supuesta maniobra financiera ilícita (tampoco demasiado clara) a una pena elevada: cuatro años de prisión en suspenso.

En la causa contra los Schoklender todavía están pendientes algunas indagatorias: la de Rubén “Pocho” Brizuela, un puntero de la zona sur devenido jefe de seguridad de Schoklender, y Javier Berois, un empleado de la Fundación sospechado de haber robado documentación. Los procesamientos ya dictados están siendo revisados por la Cámara Federal (que excarceló a los hermanos Schoklender) y Oyarbide debería resolver si procesa o no a Felisa Miceli en los próximos diez días, aunque se podría demorar un poco más.