Militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura se ofrecieron la semana pasada para integrar como voluntarios los grupos de emergencia que auxiliaron a los afectados por las inundaciones. La misiva de los represores alojados en el penal de Marcos Paz lleva la firma entre otros del ex médico de parturientas de la ESMA capitán Jorge Luis Magnacco, del ex jefe de Operaciones del Cuerpo V de Bahía Blanca general Juan Manuel Bayón y del ex sargento mendocino Celestino Lucero, el asesino de Francisco Urondo. “Algunos de los firmantes posee capacidades especiales útiles en estos casos”, aclararon, sin entrar en detalles. “No hay ningún tipo de ayuda que puedan dar los genocidas en esta situación”, sostuvieron desde H.I.J.O.S. Capital. “La única explicación que encontramos para la propuesta es burlarse de la actitud solidaria de todo un país, buscar excusas para salir del lugar de detención y faltarle el respeto al pueblo”, concluye el comunicado.

La carta está fechada el miércoles 3, al día siguiente del diluvio que inundó varios barrios de La Plata, y está dirigida el director del módulo 4 del Complejo de Marcos Paz. Ante “los desastres causados por las inundaciones”, explican, decidieron “ofrecerse como voluntarios para integrar, con las debidas seguridades, los grupos de emergencia destinados en las zonas afectadas”. “Algunos de los firmantes posee capacidades especiales útiles en estos casos, y a todos nos motiva la posibilidad de aliviar las angustias que vienen soportando las víctimas de estos fenómenos”, agregaron.

El texto lo difundió el blogger Horacio Palma y sólo incluye una carilla con pocas firmas y la aclaración “sigue al dorso”. Las capacidades especiales de algunos firmantes son conocidas y no guardan relación con inundaciones. Magnacco fue el obstetra de la maternidad clandestina de la ESMA. Fue condenado dos veces por apropiaciones y luego en la causa por el plan sistemático. Gozó de arresto domiciliario hasta que H.I.J.O.S. lo encontró de paseo por Patio Bullrich. Bayón, de 86 años, fue condenado a prisión perpetua como jefe de operaciones de Adel Vilas en Bahía Blanca. Norberto Condal fue condenado primero por espionaje ilegal de causas sobre robo de bebés en Córdoba y luego por su rol en el Destacamento de Inteligencia 181. El comisario Sergio Verduri fue condenado a 15 años de prisión por su actuación en el centro clandestino Puesto Vasco, del circuito Camps, como oficial de la Dirección de Investigaciones de La Plata. Su compañero Pedro Antonio Ferriole, de 77 años, condenado a 11 de prisión, fue jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, de la que dependía el centro de torturas y exterminio Pozo de Arana. Lucero, condenado a perpetua, mató a Paco Urondo en 1976. Un sobreviviente del Departamento de Informaciones (D2) lo reconoció entre sus torturadores.

La carta de los represores está fechada el miércoles 3.