El memorando de entendimiento firmado por Argentina e Irán para indagar a sospechados por el atentado contra la AMIA sería aprobado en Teherán antes de fin de mes, según le dijeron fuentes iraníes a Página/12. El Parlamento reinició sus trabajos hace cuatro días, tras el receso del fin de año persa. Se calcula que dentro de diez días el memorando será tratado por el Congreso y luego habrá una semana más para que le dé el visto bueno el Consejo de Guardianes. Mientras tanto, en Buenos Aires, la procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó que la Corte Suprema no debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del memorando porque no se trata de un tema que tenga que ver con su competencia ya que no es parte una provincia ni concierne a embajadores, ministros o cónsules extranjeros. Además, consideró que quienes hicieron la presentación –encabezados por el legislador del PRO Daniel Lipovetsky– no están legitimados pues “no son parte sustancial del proceso”. Por otra cuerda, está tramitando el pedido de inconstitucionalidad de AMIA y DAIA presentado en la Justicia contencioso-administrativa.

El acuerdo firmado en enero por los cancilleres Héctor Timerman y Alí Akbar Salehi prevé que cinco imputados, todos funcionarios iraníes, presten declaración indagatoria ante el juez Rodolfo Canicoba Corral en Teherán. El texto de nueve puntos dice explícitamente que no regirá hasta que sea aprobado por los dos parlamentos. Recién tres meses después de la firma, el de Irán se apresta a tratarlo. No hubo actividad parlamentaria en las últimas tres semanas por las festividades de fin de año –según su calendario–, pero las fuentes iraníes sostienen que esta misma semana se termina de tratar el tema más urgente, el presupuesto, y la siguiente cuestión sería el memorando. Como ocurrió en la Argentina, el texto no se puede modificar, de manera que se aprueba o se rechaza. La versión que hacen trascender desde Teherán es que será aprobado. El siguiente paso es el visto bueno del Consejo de Guardianes, una instancia dominada por las autoridades religiosas que lidera el ayatolá Alí Khamenei. El Consejo señala básicamente si hay objeciones constitucionales. En Teherán prevén que, si todo se desarrolla en forma normal, el Memorando será aprobado antes de fin de abril o en los primeros días de mayo. A partir de ese momento, entraría en vigencia y el primer paso será la designación de un comité de juristas internacionales, llamado Comité de la Verdad, que no tiene dictámenes vinculantes, ni para el juez, ni para el fiscal Alberto Nisman, pero que propondrá alternativas para que los pasos que se den tengan en cuenta los dos sistemas judiciales, el de Argentina y el de Irán.

En la vertiente local del caso, ayer la procuradora entregó su dictamen a la Corte Suprema. Responde a una presentación del diputado macrista Daniel Lipovetsky, junto a otros abogados, quienes directamente recurrieron al máximo tribunal. El contenido del dictamen de Gils Carbó es que la Corte no debe abocarse al tema, ya que cualquier presentación como la realizada debe recorrer el camino que parte de un juez y llega por apelación a la Corte. Por supuesto que la opinión de la procuradora pedida por el máximo tribunal el 11 de marzo no es vinculante y ahora los integrantes de la Corte deberán expedirse. Lo más probable es que lo hagan en el mismo sentido que el planteado por Gils Carbó. La procuradora afirma que la competencia de la Corte tiene que ver con conflictos entre provincias o con países, a través de embajadores, pero en este caso la imputación a los diplomáticos iraníes todavía es una hipótesis. Por otra parte, Gils Carbó señala que Lipovetsky no es parte del proceso y por lo tanto no cuenta con legitimidad para hacer la presentación: su argumento es que no basta con ser ciudadano argentino y sentirse afectado.

Un camino distinto es el que utilizaron la AMIA y la DAIA, que también le pidieron a la Justicia que considere inconstitucional el memorando. La presentación está en el fuero Contencioso-Administrativo, donde le tocó a la jueza María Alejandra Biotti. El argumento central de las entidades judías –que sí están legitimadas para ese presentación– es que el Ejecutivo se está metiendo en el terreno judicial de la causa. Por de pronto, la Cancillería ha afirmado que nada de lo hecho interfiere en la actuación judicial y que el acuerdo permite llevar ante su juez natural a varios de los imputados.

Por ahora, el debate parece abstracto. Si no lo aprueba el congreso de Irán, no hay acuerdo. Por lo que habrá que esperar unas tres semanas para ver si el memorando se pone en marcha o no.

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