La procuradora Alejandra Gils Carbó, el rector de la Unicen, Roberto Tassara, y la decana de Derecho, Laura María Giosa.

Tandil fue escenario ayer, y sigue hoy, del segundo encuentro de la agrupación “Justicia legítima”, y comenzó así el capítulo Interior. Desde primera hora de la tarde en la Universidad Nacional del Centro, abogados, jueces, fiscales y trabajadores de la Justicia debatieron los seis proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para la reforma judicial.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de la Unicen, Roberto Tassara, tras lo cual habló la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Los paneles estuvieron integrados por José Massoni (ex juez y camarista, ex titular de la Oficina Anticorrupción), Jorge Auat (jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas de Lesa Humanidad), Roberto Falcone (juez federal de Mar del Plata), Mario Portela (juez del Tribunal Oral de Mar del Plata), Daniel Adler (fiscal federal de Mar del Plata), Diego Araujo (defensor de Tandil), Diego Lucas Fernández (defensor de Azul) y Diego Oliveira (Encuentro Militancia Judicial).

Unas 300 personas participaron del encuentro, que colmaron la capacidad del auditorio universitario. “No para de entrar gente, sentados en el piso, parados en pasillos”, decía un tuit de “Justicia legítima” desde Tandil. Según relató Abel Córdoba, titular de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, hubo también representantes del sindicato de judiciales bonaerenses que se expresaron a favor de los proyectos oficiales de “democratización de la Justicia” y se mostraron muy conformes con la presencia de los miembros de esa agrupación en la ciudad.

Portela centró su exposición en la necesidad de cambiar la formación de los abogados, porque argumentó que se forman sin ser críticos de las instituciones judiciales lo cual impide mejorar el sistema. Su preocupación estuvo centrada en propiciar un espacio amplio más allá de los abogados, específicamente interdisciplinario.

A su turno, Auat, Falcone y Córdoba pusieron el énfasis en el funcionamiento del sistema penal respecto de la legitimidad de sus relaciones con los derechos humanos. En tal sentido, mencionaron los discursos punitivos, las reformas legislativas que apuntan a encarcelar más gente basadas en la tendencia a la “mano dura”, la situación carcelaria y el autogobierno de la Policía Bonaerense. En tal sentido, Auat reiteró que “algunos jueces están más cerca de la cachiporra que de la toga”. Y Córdoba afirmó que “el sistema judicial penal bonaerense es el eco violento de la dictadura”.

“Justicia legítima” abordó la problemática judicial en el interior del país, y en tal sentido habrá próximos encuentros en Rosario, del que participará la defensora general Stella Maris Martínez, y luego en Córdoba. A modo de ejemplo de la situación en el ámbito provincial, el fiscal Auat mencionó las declaraciones del comisario Abel Maggi, jefe de policía de Mar del Plata, quien acusó a los organismos de derechos humanos de atentar contra las políticas de seguridad. El policía se había referido a que, a instancias de esas instituciones, se frenó el proyecto que restringía las excarcelaciones. “Lo pusimos como ejemplo de la falsa tensión entre seguridad y derechos humanos, porque es uno de los que revelaron los verdaderos motivos por los cuales se ataca al defensor Julián Axat, a quien se dio un expreso respaldo”, comentó Córdoba.

–¿Acaso será más difícil implementar la reforma judicial en el interior? –preguntó este diario.

–No, esta primera reunión demostró que también se van a poner en crisis los sistemas locales, fue un encuentro fundante como el de la Biblioteca Nacional, del 28 y 29 de febrero.

En el cierre hubo una hora de intervenciones de abogados, asistentes sociales, psicólogos y un amplio espectro de profesionales y miembros de la sociedad civil.