En medio de un áspero debate, la Cámara de Diputados discutía anoche los tres proyectos más controvertidos de la propuesta del Gobierno para “democratizar la Justicia”. Al cierre de esta edición, una larga lista de oradores todavía esperaba turno para exponer sobre la primera de las iniciativas en debate: la modificación del Consejo de la Magistratura y la elección popular de sus miembros. De aprobarse con los cambios que introdujo el kirchnerismo –para que el presupuesto judicial siga en manos de la Corte Suprema–, el Senado deberá volver a tratarlo para transformarlo en ley. Mientras que el debate sobre la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado se extendería hasta este mediodía. El oficialismo esperaba las votaciones “confiado” en que podría imponer su número. Los duros discursos de la oposición, en tanto, no tuvieron en la calle el correlato que imaginaban con la movilización a la que habían convocado.

La consigna setentista sobre la “gloriosa JP”, entonada por jóvenes y veteranos diputados K, marcó el inicio de la sesión cuando el oficialismo sentó cinco minutos después del mediodía a 132 diputados en sus bancas y atravesó airoso el primer desafío que le impuso el arco opositor: cargar con la responsabilidad de conseguir el quórum.

El otro era sostener su propia tropa y la de sus aliados más cercanos para alcanzar la mayoría especial de mitad más uno de los miembros de la Cámara (129 diputados) que requiere la media sanción de la modificación del Consejo de la Magistratura. La votación se esperaba para alrededor de las 5 de la madrugada.

La sesión que comenzó ayer se prolongará hasta hoy, bien avanzada la mañana. El grueso de la oposición se negó a tratar en bloque el paquete de proyectos y exigió que el procedimiento legislativo fuera por separado para cada uno de los proyectos con un objetivo de máxima: esperar que el extenuante y duro debate le restara al oficialismo algún voto clave. Algo que ayer, al menos, no sucedió.

Aspero

El debate arrancó áspero con un duro cruce entre la diputada kirchnerista Diana Conti y la opositora Elisa Carrió. Luego, la chaqueña se ganó la atención de todos al insistir en denunciar un “pacto espurio” entre la Presidenta y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por la “caja de la Justicia” a “cambio de algunos fallos” a favor del Gobierno. También lanzó acusaciones contra el resto de la “oposición naïf” y sus ex aliados que la “traicionaron” después de aprovecharse de su “liderazgo moral” para llegar a ocupar distintas bancas. Todos le respondieron (ver aparte).

Conti había iniciado el debate defendiendo el proyecto oficial. “La soberanía popular se va a hacer real con la elección de los consejeros”, soltó la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales para sostener que la “participación popular” contribuirá a “democratizar” el Poder Judicial.

La diputada oficialista también salió al cruce de las acusaciones que Carrió ya había lanzado durante el plenario de comisiones del martes, y defendió “el prestigio” del alto tribunal, con que Néstor Kirchner logró desplazar, a la “Corte adicta” de los ’90. “¡Que paradoja la vida! Corte prestigiosa para muchos, sobre todo para una hasta ayer. Y en cuatro horas pasó a ser una Corte pactista, espuria y repugnante, valores de quienes dicen defender la democracia”, dijo en respuesta a los dichos de Carrió.

Después le apuntó al “mito golpista” que la oposición esgrime al cuestionar la reforma al Consejo: “El jurado de enjuiciamiento es el que destituye a un juez y va a tener la misma conformación. Y ahí se exige la mayoría de dos tercios de los votos”, precisó Conti, para negar que con la nueva ley la mayoría simple del Consejo alcance para destituir a un magistrado.

A su turno, Carlos “Cuto” Moreno se encargó de confrontar con la denuncia opositora de la “partidización del Consejo de la Magistratura” con la elección popular de sus consejeros a través de las boletas de los partidos políticos. Mostró cómo las listas en las elecciones internas entre abogados y jueces se forman alrededor de las posturas políticas a favor y en contra del Gobierno.

Allí, Moreno describió cómo Alejandro Fargosi, ligado al PRO, se convirtió en consejero con apenas 5936 votos de los casi 40 mil abogados de la matrícula federal. Mientras que Ricardo Recondo, vinculado a la UCR, también se transformó en consejero con 357 de los 685 jueces que votaron en el Colegio de Magistrados.

Juntos

Con argumentos comunes y algunos diferenciados, toda la oposición se pronunció por el rechazo de la reforma al Consejo. Así lo hicieron la UCR, el PJ anti K; el FAP, el PRO y la CC. “De aprobarse estas leyes, estaremos dando un paso más en la dirección del deterioro y degradación de valores fundamentales de la República”, sostuvo el radical Ricardo Alfonsín, para luego cuestionar al oficialismo: “No sé cómo se atreven a invocar la voluntad popular para justificar este grave retroceso republicano que representan los proyectos en cuestión”.

“Es este el día en que el Gobierno intenta el asalto final por la toma del Poder Judicial y su control total, para lo cual diseñó un paquete de leyes”, sumó el cordobés Mario Negri.

“Estamos ante un momento peligroso de la democracia, una situación de extrema gravedad institucional”, sostuvo Francisco De Narváez a través de un comunicado de prensa aunque su nombre no figuraba en la lista de oradores. “Quieren imponer su mayoría a cualquier costo e intentan apropiarse de la voluntad popular, pero esto tiene su precio y el pueblo se lo va a reclamar”, enfatizó el jefe del bloque del peronismo federal, el mendocino Enrique Thomas.

“Esta reforma es inconstitucional, quieren someter y controlar a los jueces. ¿Qué van a hacer después, suspender las elecciones si no ganan?”, se preguntó Margarita Stolbizer (GEN-FAP). “Este proyecto de modificación de la integración y composición del Consejo de la Magistratura lo partidiza y se aparta de la Constitución nacional”, agregó Juan Carlos Zabalza (PS-FAP). “No defendemos el statu quo y estamos convencidos de la necesidad de democratizar la Justicia, pero la soberanía popular no se manifiesta partidizando el Consejo de la Magistratura”, dijo Liliana Parada (UP-FAP) diferenciándose algo de sus aliados. Aunque sería la primera vez en mucho tiempo que todos los partidos del interbloque del FAP votarían en el mismo sentido.

“La reforma judicial que propone el kirchnerismo es una tragedia para Argentina”, sentenció el diputado macrista Federico Pinedo y aseguró que “el Gobierno plantea un mecanismo para que el poder político controle a los jueces”. “Rechazamos con toda la conciencia estos tres proyectos de ley que vienen disfrazados con la idea de democratizar la Justicia”, afirmó Fernando “Pino” Solanas. El diputado de Proyecto Sur insistió en que “estas reformas no tocan necesidades realmente importantes de los ciudadanos, como el acceso de los pobres a la Justicia, ni combaten los largos tiempos y costos que atraviesan las gestiones de miles de jubilatorias”. Ya era de madrugada y el debate continuaba.