Pedro Cornelio Federico

Hooft faltó a la indagatoria por tercera vez. El magistrado de Mar del Plata, investigado por crímenes de lesa humanidad, había sido citado por última vez para el martes 16 de abril por el juez federal Martín Bava. Ya suspendido por el jury de La Plata y sin demasiados restos para seguir frenando la investigación, un día antes de su cita denunció una confabulación en su contra en la que incluyó a funcionarios judiciales marplatenses y a miembros de la Unidad de Coordinación de las Causas de Lesa Humanidad de la Procuración de la Nación.

Hooft debía presentarse el 16 de abril. El 15 hizo saltar un escándalo. La noticia publicada en un diario marplatense no fue el faltazo del suspendido juez, sino la denuncia contra los que lo investigan. Hooft tiene un hijo llamado Federico, que es secretario penal de un juzgado federal en el que, dicho sea de paso, en algún momento también tramitó la causa de su padre. Hooft hijo grabó una supuesta conversación con el fiscal federal a cargo de la instrucción de la causa de su padre. El fiscal Claudio Kichimoto habría dicho allí presuntamente que la causa a Hooft fue armada y que no habría elementos para un juicio. Desde un blog, a través del diario y de una revista dedicada en los últimos años a defender la gestión de otros acusados de delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, el suspendido juez anunció que abrió una denuncia por falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato sobre Kishimoto y los fiscales Pablo Larriera y Daniel Adler; también incluyó a Jorge Auat y Pablo Parenti de la Procuración, al juez federal Martín Bava y al abogado César Sivo, de los organismos de derechos humanos.

La denuncia vuelve a mostrar la lógica de su estrategia de defensa: no cuestionó los hechos por los que lo acusan, es decir, la denuncia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que dieron cuenta de su presencia en un centro clandestino o del modo que actuó frente a los hábeas corpus de los familiares.

Jorge Auat, de la Procuración, intervino varios meses atrás en esta causa, para pedirle al juez Bava que avance con la indagatoria a Hooft. Como había ocurrido otras veces, Hooft rechazó el primero y segundo llamado a indagatoria. Recusó al juez. Y así no sólo intentó apartar al magistrado de la causa, sino ganar tiempo. En base a las reglas 2012 de la Cámara de Casación para darle celeridad a los juicios, Auat le pidió a Bava que no enviara todo el expediente a la Cámara, sino que hiciera una copia que permita continuar con el trámite de la indagatoria.

Ante la nueva movida de Hooft, Auat señala que 1) es una estrategia más para dilatar la investigación y 2) la denuncia no tendría que tener efectos sobre el fondo de la causa. “Hay un tema central –dice–: la fuerza de las pruebas va a surgir del análisis de la causa, el plexo probatorio es posterior, no anterior. Luego de analizar las pruebas vamos a averiguar el grado de responsabilidad en el hecho. En ese sentido, agrega: “No se entiende que si Hooft está convencido de que no tiene nada que ver, por qué no se presenta en indagatoria. El, como juez, lo que hace con estas cosas es deslegitimar la administración de justicia, negarle a la administración de justicia su propio cometido y su propio funcionamiento. No le pudo poner un cepo al avance de las investigaciones, debe someterse para que la Justicia dictamine si tiene o no responsabilidad”.

La APDH de Mar del Plata difundió un comunicado de respaldo a la investigación: “En nuestra búsqueda de justicia siempre recurrimos a las instituciones competentes, sin ningún afán vengativo o persecutorio, como queda verificado recorriendo nuestra historia”. El sistema clandestino de represión “ha generado un conocimiento paulatino y progresivo de las características del plan de exterminio, de la individualización de sus responsables y de la acumulación probatoria necesaria para proceder a su acusación”. Y agregó: “Reafirmamos la veracidad de los testimonios de las víctimas que fundan tal acusación y la actuación de nuestros abogados patrocinantes”.

Esta nueva estrategia de Hooft no parece casual, sino que es leída como un efecto del nuevo escenario de justicia. En marzo, quedó suspendido en sus funciones por el jury en un trámite también farragoso, lento y trabado por el propio Hooft que se encargó de hacer recusaciones que llegaron hasta la Corte Suprema.

Por un camino paralelo avanza la causa de Mar del Plata en la que se encargó de dilatar el avance con un laberinto jurídico, varias veces denunciado. Recusó a cada juez. Cuando ya no había jueces en Mar del Plata para tomar la causa, recusó a los de las localidades aledañas. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata finalmente nombró al juez que está ahora, Bava, que es de Azul.

Cuando se inició la causa, Hooft presidía la Asociación Argentina de Bioética y era titular del Juzgado Correccional N° 4 de Mar del Plata. Hoy es uno de los hombres más sostenidos por la corporación judicial de su ciudad. Fue denunciado por haber sido visto en un centro clandestino de detención marplatense.