En las primeras horas de ayer, antes del amanecer, un centenar de policías de la Metropolitana y varias cuadrillas de operarios ingresaron maquinaria de demolición al Hospital Borda, tras cortar las cadenas de un portón trasero, sobre la calle Perdriel. Los uniformados fueron, supuestamente, a “constatar” que se derrumbara un taller del hospital para construir el mentado centro cívico de la ciudad. Pero médicos y pacientes protestaron. Entonces los agentes los reprimieron ferozmente. Lo mismo hicieron al sumarse a la multitud legisladores porteños, sindicalistas y periodistas. Hubo al menos 20 civiles hospitalizados con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas, 17 agentes también resultaron heridos y hubo ocho detenidos. Un fotógrafo fue llevado esposado. “No tenemos que ceder a los violentos”, justificó por la tarde el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Una hora después, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables y reimplantó una medida cautelar para detener las obras.

Como ocurrió en el Parque Centenario, a fines de enero pasado, los operarios contratados por el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, a cargo de Daniel Chain, madrugaron levantando un vallado con postes de madera y paneles de chapas, antes de realizar sus labores. El objetivo esta vez fue la demolición del Taller Protegido 19, donde muchos pacientes con padecimiento mental, que no están en condiciones de asistir a iniciativas similares extramuros, ayudaban en la fabricación de camas, sillas, roperos y muebles de oficina, que se destinaban a hospitales de la Ciudad.

La intrusión comenzó alrededor de las 5 y fue detectada por el personal del hospital que hacía guardia. Más tarde llegaron pacientes ambulatorios, quienes encontraron todo el fondo del Hospital Borda cercado por las vallas y alrededor de 200 efectivos. “A las 7 me llamaron de la guardia, me dijeron que los operarios habían demolido el taller y ellos estaban tratando de contener a los pacientes”, comentó a este diario Nieves Fernández Novo, delegada general de ATE, del centro de salud mental. “Entraron como animales, no se entiende”, agregó.

A partir de las 9 cayeron piedras de un lado, salieron balas de goma del otro y temblaron los chapones. Entre la Policía Metropolitana y los manifestantes había una fila de legisladores que fueron tumbados por la policía. Entre otros, resultaron heridos o fueron agredidos Rafael Gentili, Jorge Selser y Alejandro Bodart, integrantes del movimiento Proyecto Sur, Fabio Basteiro de Buenos Aires Para Todos y también la kirchnerista María Rachid. En el mismo momento, el fotógrafo de Clarín Pepe Mateos recibió un balazo de goma en el mentón, fue esposado y retirado del lugar. Otros 16 periodistas recibieron balas de goma.

Bodart y Gentili fueron atendidos en una sala del área clínica con un cuadro de alta presión y problemas en la vista, por el gas pimienta. En esa sala destartalada, donde los enfermeros traían y llevaban garrafas de oxígeno para los heridos, fueron vendados varios manifestantes, fotógrafos y camarógrafos. Los agentes de la Metropolitana contaban con un corredor por la entrada de la calle Perdriel, donde los aguardaban cinco ambulancias del SAME. Según la vicejefa porteña, María Eugenia Vidal, hubo “nueve policías heridos, uno a punto de perder el ojo y otro de gravedad”.

El predio de la disputa es un jardín que ocupa el espacio de casi dos manzanas y está rodeado por la Unidad Penitenciaria del Borda, el centro cultural y los pabellones centrales. “Detrás de esas chapas también hay una canchita de fútbol y un jardín botánico, es un espacio chico, hay que ser muy miserable para negárselo a los pacientes”, dijo un psicólogo que trabaja en el área de adicciones de este hospital. Según él, ni los militares durante la dictadura entraron al Borda sin avisar a los directivos. “Nuestra área no pudo atender a los pacientes por la represión que hubo y porque decidieron solidarizarse con la protesta”, agregó.

Entre los heridos también se cuentan pacientes. Uno de ellos, según informó Mariano Laufer, de la Defensoría General de la Nación, “tenía una decena de escoriaciones de balas de goma y fue derivado al Hospital Ramos Mejía”. Este organismo presentó un hábeas corpus ante el Juzgado Nacional de Instrucción 47 para que el gobierno porteño retirara a la policía y no le permitiera reingresar, y además que el Estado local se encargara de cuidar a los pacientes. Laufer aseguró que es “inaceptable que Infantería actúe en un lugar donde hay pacientes psiquiátricos porque les genera brotes y pueden salir lastimados, como efectivamente ocurrió”.

Dos abogados de la Defensoría constataron que la fuerza policial “lejos de mantenerse en la zona en la que se llevaría a cabo la demolición, formó un cordón humano, el cual avanzó hasta el patio central del hospital –a más de 100 metros de distancia del área a demoler–, instalándose en una zona de contacto con los usuarios de la institución y con el personal que allí cumple funciones”. Fue ésta la primera provocación, coincidió, Silvia Poinceira, delegada de ATE. Y agregó: “Nunca nos quisieron decir quién estaba a cargo del operativo, se movieron con una impunidad absoluta”.

Pasado el mediodía, los internos del hospital y varios manifestantes mostraban los cartuchos vacíos de perdigones de gomas, utilizados por la brigada de la Metropolitana. Sobre las vallas metálicas, ardían tres tachos de basura y, cada tanto, un grupo de jóvenes tiraba los chapones dando patadas o haciendo palanca con sogas atadas a los listones. En uno de los laterales del cerco, frente al centro cultural del Borda, una señora le gritaba a los uniformados inmutados: “¿Ustedes no tienen familiares enfermos? ¡Cómo pueden reprimir a los pacientes!”.

A partir de las 17 fueron liberados los ocho detenidos en la comisaría cuarta de la Metropolitana, en Parque Patricios, tras la represión. Había dirigentes sindicales y familiares de pacientes entre los liberados. En simultáneo, se iban apilando denuncias penales desde distintos sectores políticos del arco opositor. También se exigió la renuncia del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien aseguró en conferencia de prensa que va a “auditar” a la Policía Metropolitana por lo ocurrido, aunque defendió su accionar. Hoy será interpelado por la Legislatura.

El gobierno porteño sostuvo, a través de diferentes funcionarios y del propio Macri, que la policía se defendió a sí misma y a los operarios del ataque de los manifestantes. “El sindicato se niega a aceptar fallos judiciales”, aseguró Vidal. Más tarde, una sentencia de Cámara porteña desmintió sus dichos, además de imponer multas por 20 mil pesos a los funcionarios porteños por su “mala fe procesal”. El próximo martes habrá un paro de ATE y una movilización hasta la sede del gobierno porteño en defensa de “lo público”.

“No nos permitieron hablar por teléfono y nos tiraron a cada uno en un calabozo separado”, dijo Cristina Díaz Alen, delegada del Hospital Garrahan, al ser liberada. La mujer utiliza un bastón y afirmó que los uniformados la arrastraron durante “tres cuadras” y la golpearon con su propio bastón. Karina Maliverti, dirigente de este gremio y otra de las liberadas, advirtió: “Tienen que saber que mientras ellos sigan haciendo prevalecer los negocios inmobiliarios frente a la vida, la salud pública y los puestos de trabajo, van a encontrar siempre nuestra resistencia”.

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