“Usted no tiene más que renunciar”, planteó el titular del bloque kirchnerista, Juan Cabandié, en la primera intervención opositora en la interpelación al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, que se hizo ayer en la Legislatura por la violenta represión del viernes en el Hospital Borda. “Usted debe renunciar, dio la orden de invadir con 300 policías un hospital psiquiátrico”, argumentó el diputado Jorge Selser, de Proyecto Sur. “Estoy indignado por el nivel de hipocresía del ministro, que no tiene un grado mínimo de autocrítica. Lo que debe hacer es renunciar”, insistió Fabio Basteiro, de Buenos Aires para Todos. La legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, comenzó serena y terminó a todo pulmón para pedir la renuncia del funcionario, a la vez que exigió “respuestas porque la Policía Metroplitana no puede seguir actuando así y los agentes que dispararon no pueden pertenecer más a la fuerza”. El ministro, además de aclarar que ni ha pensado en renunciar, nunca precisó quién dio la orden de reprimir y ni siquiera identificó a un agente de la Metropolitana que actuó con el rostro cubierto (ver foto) y que “invitaba a pelear a los trabajadores de ATE” que estaban en el Borda, confirmaron varios legisladores durante la sesión.

Uno a uno, todos los bloques opositores clamaron por lo mismo. Montenegro, impasible, contestó: “Mi designación fue hecha por el jefe de Gobierno (Mauricio Macri) y ni él me ha pedido la renuncia, ni yo considero que sea necesario renunciar”. Hasta tuvo aire para apelar a una ironía: “Agradezco que lo hayan pedido en forma unánime; es una de las primeras veces que se ponen de acuerdo, pero no es mi idea renunciar”. Luego de escuchar una avalancha de críticas y reclamos, Montenegro hasta pareció olvidar las palabras más conciliadoras que había dicho al abrir la sesión, cuando llamó a “tener una clara autocrítica del procedimiento” de la policía a su cargo “para que este tipo de situación no se repita”. Sostuvo, en la apertura de la sesión especial, que “en algún punto, la violencia de ayer debíamos haberla tenido que tratar de otra manera” y reconoció que “este tipo de agresión no fue manejado por la Metropolitana”. Prometió, antes y después, que si “algún agente no cumplió con el protocolo (de intervención en manifestaciones públicas), va a ser investigado y sancionado”.

Del comienzo moderado, Montenegro pasó a la ofensiva. Entonces aseguró que la Metropolitana, que llegó al Borda a las 6 de la mañana, lo hizo “para respaldar a una empresa constructora” para que diera “el puntapié inicial de una obra”, el centro cívico, aunque lo que se hizo en realidad fue demoler un taller protegido, vulnerando una resolución judicial vigente. La orden fue dictada en diciembre y ratificada el viernes por la noche –con el hecho consumado– por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Como se criticó la hora del operativo –se hizo antes del amanecer–, Montenegro volvió a ironizar: “En las obras se empieza a trabajar a las 6, como yo en la oficina del ministerio”.

El ministro se llenó la boca, varias veces, con la necesidad de respetar “la ley y el orden” porque es “la forma de vivir en democracia”, pero negó lo evidente, que el gobierno porteño, a través de la Metropolitana, desconoció un fallo judicial preexistente, que ahora se torna abstracto porque ya no existe el bien que se quería proteger. Sin perder la calma, Montenegro dijo que el viernes a las 21, una hora después de recibir la amonestación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, acató en forma tardía la orden judicial que había desoído. “A las diez de la noche, sacamos la guardia de la Metropolitana que habíamos dejado en el lugar”. Le faltó admitir que custodiaban los escombros del ex taller protegido.

Para llegar a esas conclusiones tuvo que reponerse de una avalancha de críticas por el violento operativo del viernes. La diputada Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, acordó en que Montenegro “tiene que irse” porque la Policía Metropolitana “es la de Ciro James y Jorge ‘El Fino’ Palacios”, en alusión a la causa por las escuchas telefónicas en la que está imputado Macri y en el hecho de que se ha formado una fuerza de seguridad porteña encabezada por hombres echados de la Policía Federal por gravísimos casos de corrupción. “Esta no es la policía que hemos votado en la Legislatura, para proteger a la ciudadanía en democracia, esta es una policía como la Bonaerense que asesinó a Kosteki y Santillán.”

Fueron varias las alusiones que se hicieron, durante los discursos de la oposición, a la similitud “entre los métodos que se aplicaban durante la dictadura y los procedimientos de la Metropolitana”, en referencia, también, a los operativos de represión ocurridos, en los últimos tiempos, en referencia no sólo al caso del Borda, sino también a los desalojos violentos del Parque Centenario y de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Fabio Basteiro identificó a “un señor de apellido Giménez”, de la Metropolitana, a quien los legisladores que estuvieron en el Borda –la mayoría, mujeres y hombres, fueron golpeados por los uniformados– le pidieron que intercediera para evitar incidentes. “En vez de encontrar una salida ordenada y pacífica, este señor hacia señas para que sus compañeros siguieran tirando contra las personas que estaban allí. Esta es la forma en la que se actúa en Macrilandia.” Basteiro sostuvo que, de lo sucedido, también son responsables, además de Montenegro, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y “hasta el propio jefe de Gobierno”.

Rocío Sánchez Andía señaló la presencia de una supuesta “fuerza especial de la Metropolitana que actuó con la cara cubierta”, sin tener a la vista ningún tipo de identificación ni el nombre de los oficiales. Cuando se identificó como diputada ante uno de ellos, le mostró su credencial “y como toda respuesta me dijo: ‘Correte pendeja’”. Ella mencionó la presencia de un miembro de la policía “con el rostro cubierto, que provocaba a los trabajadores de ATE y que disparó” contra los presentes. Precisó que “cuando disparaban, apuntaban arriba de la cintura”.

El diputado Aníbal Ibarra informó que uno de los médicos golpeados, Guillermo Puerta, hoy jefe de servicio del Borda, durante la dictadura estuvo seis años detenido; “hoy es testigo en la causa de La Perla”, el centro clandestino de detención que funcionó en Córdoba. “El estaba sentado en un banquito, allí le pegaron, lo detuvieron y lo acusaron de ‘resistencia a la autoridad’.” Ibarra, haciendo una comparación con lo que se vivió durante la dictadura, dijo que el del viernes fue “un operativo ilegal, secreto”. María Elena Naddeo criticó el hecho de que algunos medios de prensa dijeran que lo ocurrido fue “un enfrentamiento y no una represión, que es lo que fue”.

Alejandro Bodart, del MST en Proyecto Sur, consideró que “todo estuvo preparado para reprimir”, dado que “luego de demoler el edificio del taller protegido, no se fue del lugar, cuando podía haberlo hecho”. Aseguró que la fuerza policial acciona de esa forma “porque sobre un total de 52 miembros del alto mando, 42 son oficiales que fueron echados de la Policía Federal; cuatro de ellos tienen el cargo de superintendente de la Metropolitana”. Bodart, al igual que otros legisladores, señalaron que hay elementos para pedir el juicio político de Macri.

Los únicos diputados oficialistas que hablaron fueron Alejandro García y Martín Ocampo. Defendieron la “legalidad” del operativo y Ocampo, a sugerencia de una colega de su bancada –se lo “susurró” al oído y se escuchó en el recinto–, dijo que se quejan por lo ocurrido en el Borda, pero se olvidan de “Cromañón o de la tragedia ferroviaria de Once”. La sesión se cerró luego de ocho horas de debate.