Abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad. Esa es la lista de delitos por los que será denunciado hoy el jefe de Gobierno Mauricio Macri por el accionar represivo de la Policía Metropolitana, el viernes último, en el Hospital Borda. Lo harán el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, en representación de los cuatro pacientes del neuropsiquiátrico heridos por policías de la Metropolitana, y el defensor adjunto de la Justicia Penal porteña, Luis Duacastella. Se suman a las denuncias que presentarán, por similares motivos, el legislador Fabio Basteiro, lesionado por impactos de balas de goma, y Alejandro Bodart, quien también formulará un pedido de juicio político contra Macri. Mientras tanto, desde el Gobierno de la Ciudad, la vicejefa María Eugenia Vidal anunció que promoverá una investigación para identificar a los “agresores” de los policías. Los que por ahora están identificados son los que pusieron la espalda a las balas policiales, como es el caso del paciente que recibió veintiún impactos desde atrás.

La denuncia penal alcanza también a los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, promotor del operativo de demolición de un taller protegido, que terminó con una descomunal represión, y al jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace.

La defensoría promoverá además una investigación para que se determine el tipo de munición utilizada en la represión, ya que numerosos testigos refirieron que se trataba de postas de metal recubiertas de goma. También reclama que se identifique a los integrantes de la Policía Metropolitana que ejecutaron la orden de reprimir, alguno de los cuales estaban encapuchados.

Para el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones, Gustavo Moreno, Macri, Montenegro y Chaín son “partícipes necesarios” del delito de lesiones contra cuatro pacientes, uno de los cuales, un joven de 21 años que estuvo internado en el Hospital Ramos Mejía y ya está de regreso en el Borda, recibió 21 impactos de bala en la espalda.

Moreno hará su presentación ante la Cámara del Crimen. Con su escrito, adjuntará una copia de la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña, que el viernes último dictaminó que el procedimiento efectuado el viernes por el gobierno porteño para demoler un taller protegido en el Borda “contravino” la medida cautelar resuelta por ese tribunal, que en ese momento se encontraba vigente. En virtud de esa resolución, la Cámara les aplicó a Macri, Chaín y al procurador Gerardo Conte Grand multas de 20 mil pesos.

Duacastella, defensor adjunto ante el Fuero Penal, también presentará una denuncia contra el jefe de Gobierno y los ministros involucrados en la represión por su posible participación en los delitos de “abuso de autoridad”, “requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública”, “desobediencia”, todos en concurso real con “lesiones” y “privación ilegítima de la libertad”.

El defensor les atribuye a los funcionarios haber dispuesto de antemano el operativo policial, a partir de las cinco de la madrugada, con tropas de la División Operaciones Especiales equipadas con fusiles de asalto. Considera que la represión se sucedió a lo largo de varias horas, por lo cual vale suponer que las autoridades estaban al tanto de los hechos y prestaron conformidad al accionar policial. Y concluye que los manifestantes que reaccionaron ante una medida ilegal del gobierno fueron reprimidos indiscriminadamente.

Al acusarlos de “abuso de autoridad”, el defensor estima que Macri y Montenegro violaron las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad, que dispone “evitar el uso de la fuerza para dispersar reuniones ilícitas, pero no violentas”, y “el uso de armas de fuego para dispersar reuniones violentas”.

Las denuncias penales de Basteiro y Bodart se suman a la presentada el fin de semana por María José Lubertino. Macri ya tiene sobre sus espaldas un procesamiento penal por escuchas ilegales.

Por si hubiera dudas acerca del respaldo que el accionar policial tuvo por parte de las autoridades políticas, basta con las reiteradas justificaciones de ese accionar, expresadas ayer una vez más por la vicejefa de Gobierno. Vidal anunció ayer que el gobierno promoverá una investigación para identificar a los “agresores” de los efectivos policiales para denunciarlos a la Justicia.

“Se va a identificar a todos aquellos que agredieron a la policía y estaban armados y con palos, y los vamos a denunciar a la Justicia. Si no, acá es la ley de la selva”, precisó. También dijo que se analizará “si hubo excesos por parte de la Metropolitana” y adelantó que, de comprobarse, “va a haber sanciones”, pero hasta ayer no se había puesto a disponibilidad a ninguno de los efectivos por sospechas de cometer abusos.

Vidal justificó además la no adhesión de la Metropolitana al protocolo “Criterios mínimos sobre la actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, del Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que –argumentó– “la Metropolitana tiene su propio protocolo”.

Contra todas las evidencias y la certeza de un fallo judicial, la vicejefa insistió en que cuando la Metropolitana ingresó en el Borda, “no estaba vigente la medida cautelar” que lo impedía “porque la dictaron el viernes a la noche”.

La policía abandonó el predio esa misma noche. Allí quedaron las ruinas del taller donde los pacientes del Borda realizaban tareas de rehabilitación. Entre los escombros, hay todavía algunas máquinas abandonadas. En ese lugar, el gobierno PRO se empecina en construir un centro cívico, futura sede para la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios. Para los trabajadores que vienen resistiendo esa medida, se trata de un primer paso para avanzar sobre el resto del hospital.