Las críticas de la relatora especial Gabriela Knaul generaron la reacción del canciller Héctor Timerman.

El Gobierno defendió el proyecto de “democratización de la Justicia” que establece la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura al considerar que cumple con el principio de “soberanía popular” establecido en la Constitución. Lo hizo en la extensa respuesta que le envió ayer a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, la brasileña Gabriela Knaul, quien había pedido el lunes al Gobierno que reconsiderara este proyecto y el que regula las medidas cautelares. “Estos seis proyectos de ley –sostuvo ayer la respuesta del Gobierno respecto de la reforma judicial– se sustentan en un mismo principio paradigmático que es el de dotar de mayor transparencia y agilidad al Poder Judicial, poniéndolo de cara a la sociedad en base al principio de participación y control popular.”

La saga se inició el viernes pasado, cuando Knaul remitió al gobierno argentino un cuestionario sobre ciertos puntos de estos dos proyectos. Según el relato de la Cancillería, menos de una hora más tarde le respondieron que sus preguntas serían contestadas “de inmediato”. Pero, sin mediar nueva comunicación, la relatora distribuyó el lunes un comunicado criticando las dos iniciativas que, argumentó, iban en contra de artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respecto de la elección de los nuevos consejeros, por ejemplo, consideró que “compromete seriamente los principios de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial”. Respecto de la otra iniciativa, consideró que el uso de las cautelares contra el Estado “no puede ser restringido”.

La Cancillería argentina expresó el martes pasado su malestar por la “insólita actitud” demostrada por Knaul al emitir un comunicado de este tenor sin siquiera esperar que el Gobierno respondiera a su cuestionario. Consideró que su mensaje se apartaba “no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un mecanismo especial, como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un desvío de su mandato”.

Ayer, a través del representante argentino ante los organismos con sede en Ginebra, Alberto D’Alotto, el Gobierno respondió al cuestionario enviado el viernes por Knaul. Al inicio de la detallada respuesta de 13 carillas, se señala que “la relatora ha sido mal informada respecto de los proyectos en consulta, siendo sus comentarios y sugerencias manifiestamente inexactos e incorrectos”. Critica que la reforma judicial incluyan seis proyectos y Knaul critique dos de forma aislada sin tener en cuenta el objetivo global. La brasileña ocupa el cargo de relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados desde agosto de 2009. Reemplazó en el cargo al abogado radical Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, a quien en Gobierno creen ver como el ideólogo de las llamativas críticas de su sucesora.

El texto enviado ayer, comentaban en la cartera que encabeza Héctor Timerman, fue supervisado por la presidenta Cristina Kirchner. En la primera respuesta se hace mención a “fuentes que el gobierno argentino desconoce” a las que adjudica haber “hecho incurrir a la relatora en cuestionamientos carentes de validez y con clara intencionalidad, constituyendo una intromisión inaceptable en cuestiones internas de la República Argentina”. A lo largo del texto se responde con argumentos técnicos y jurisprudencia a los requerimientos de Knaul. Por ejemplo, se transcribe el fallo de la Corte Suprema, en el que se habla de “la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar”. Además, considera llamativo que la relatora considere insuficiente que para ser consejero en la Magistratura haya que cumplir con los mismos requisitos que para ser diputado, “pues son nuestros diputados quienes configuran la matriz legislativa con la cual nuestro sistema judicial funciona”.