Estamos presenciando un drama que sistemáticamente se pone en escena en momentos muy precisos de la historia nacional: la moral de los poderosos se inflama cada vez que un gobierno popular afecta sus privilegios o intereses. Esa táctica de deslegitimar al Gobierno en nombre de una tan curiosa como impactante “lucha contra la corrupción”, como paso previo al asalto del Estado, dio los resultados esperados en 1930 y en 1955. Habrá que ver qué pasa de ahora en adelante.

No se trata de menoscabar la gravedad de ilícitos que funcionarios de cualquier gobierno pudieran cometer. Sí de develar una forma sutil de corrupción que consiste en condenar ciertos hechos –a veces con razón– al mismo tiempo que se ocultan otros, tanto o más perjudiciales para el conjunto social. En otras palabras, de mostrar el uso oportunista de la moral.

Efectivamente, ¿cuál es la moral de los sectores dominantes y sus aparatos de prensa? ¿La que condena presuntas malversaciones de recursos públicos, pero nunca cuestionó la apropiación indebida de las tierras más productivas del país por parte de una minoría? ¿La que no se inmutó cuando las privatizaciones de servicios públicos fueron resueltas por funcionarios vinculados con estudios jurídicos que asesoraban a los adjudicatarios, pero ahora enciende alarmas con informes falaces sobre la gestión de la YPF recuperada? ¿La que ve enriquecimiento ilícito en la declaración jurada de cada funcionario, pero celebró aquella escandalosa renegociación de la deuda externa conocida como “blindaje”? ¿La que dedica minutos de televisión y tapas de los diarios a hechos de violencia con los que construye el discurso de la “inseguridad”, pero militó la resistencia al avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad? ¿La que no reputa indigno que algunos estudios jurídicos hayan amasado fortunas a costa del Estado, pero se escandaliza por la democratización de la Justicia en nombre de una ilusoria independencia de los jueces? ¿La que nada dijo sobre el informe con el que la Comisión Nacional de Valores confirmó que la última dictadura –conducida por la flor y nata de la oligarquía nativa– fue una versión criolla del fascismo, pero se altera cuando los poderes democráticos legislan para regular y controlar el mercado de capitales? ¿La que nunca condenó la fuga de divisas, pero le otorga el estatus de problema grave al control de cambios?

Ahora bien, ¿cómo es posible que semejante impostura encuentre eco en amplios segmentos de las capas medias que funcionan como fuerza de choque de los sectores dominantes?

Nuestra historia ayuda a dilucidar esta aparente paradoja social. Con centro en Buenos Aires, desde el siglo XIX se irradiaron las consignas del estrato cultural más potente entre los que conviven en el país. La entonces oligarquía ganadera, dueña del poder económico y político, impulsó un sistema de ideas filiado por adopción a Europa, que dejó una marca indeleble no sólo en su propia mentalidad y conducta culturales, sino en las de las capas medias de origen inmigrante mayoritariamente europeo.

Los mecanismos con que los sectores dominantes extienden y cohesionan su poder son difusos, como si se tratara de tentáculos que atraviesan todas las instituciones sin mostrarse, lo que les facilita un férreo control en distintos ámbitos –como la enseñanza de la historia, el derecho y la literatura, disciplinas formativas por excelencia–, con el fin de afirmar y justificar ante el resto de la sociedad su dominio político y petrificar culturalmente su prestigio. Así fue el “relato” que desde la escuela primaria y por más de cien años recibimos los argentinos.

La orientación de la educación impuesta según el ideal de vida de esos sectores contó –y cuenta– con la inestimable contribución de intelectuales a su servicio, quienes –por (mal)formación o por el salario– sustituyen el análisis de las estructuras y sus causas por el de sus efectos más superficiales, presentando éstos como determinantes del devenir social e induciendo así a los desprevenidos a caer en esa trampa. Es el caso de la banalización que hacen ahora mismo de una eventual reforma constitucional.

Es difícil para el hombre o la mujer de las capas medias, sumidos en las cotidianas preocupaciones prácticas y entrenados para ver las cosas, pero no las relaciones entre las cosas, descubrir –por ejemplo– los fines sociales encubiertos de un sistema educativo que, además, se les presenta como la imagen misma del país y sus mejores tradiciones. De tal manera, se fueron forjando celosos de su estatus, remisos a admitir otra movilidad social ascendente que no fuera la suya.

Si ven en cualquier miembro de la nueva burguesía al integrante de una banda de enriquecidos, en los sectores populares encuentran a los cómplices políticos del “saqueo”. Lectores de La Nación o sus retoños en las provincias e inmersos en el “somos un país agrícolo-ganadero” y “éste no es un país serio, esto no pasa en otra parte”, son aspirantes permanentes a integrar o parecerse a esa oligarquía que admiran. No tuvieron al sindicato como escuela, la ideología de la competencia los convierte en portadores y víctimas de un individualismo voluntarista estimulado por el voluntarismo “ético” de sus teóricos, que les impide asumirse como un colectivo, cuyas condiciones de vida están en fase con las de los desposeídos, no con la de los poderosos.

Así, millones de argentinos han aceptado –aún aceptan– una idea distorsionada del país y de sí mismos, y el moralismo funciona como táctica para dividir el frente popular del que deberían formar parte. Tanto es así que –con lógica implacable– cada vez que los titiriteros recuperaron el control del Estado con estas maniobras, las dispersas capas medias resultaron marginadas y perjudicadas, mientras aquéllos se presentaban como ejemplo de pulcritud moral, convicciones democráticas y eficiencia económico-administrativa. La historia es elocuente como para desatender su lección.

* Presidente del ENRE.