La tensión entre el Gobierno argentino y la relatora sobre independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, Gabriela Knaul, continuó ayer en aumento cuando la funcionaria de la ONU ratificó en declaraciones radiales sus críticas a los proyectos sobre la reforma judicial, sin considerar la respuesta enviada oficialmente por la Cancillería argentina el miércoles a la noche. El Gobierno, con la firma del canciller Héctor Timerman, dirigió entonces una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Remigiusz Achilles Henczel, en la que le expresa su “enérgica protesta por las transgresiones a los procedimientos” cometidas por Knaul, a quien acusa de “distorsionar la realidad” y emitir conclusiones sin esperar las contestaciones que fueron enviadas “de inmediato, a pesar de contar con 30 días para hacerlo”. Desde la oposición local aprovecharon para anticipar que concurrirán a la OEA para denunciar la reforma judicial.

En declaraciones a Radio Mitre, la Relatora Especial sobre la Independencia de los jueces y abogados repitió los cuestionamientos difundidos el martes mediante un comunicado de prensa, en el que alertó sobre la posibilidad de que se “rompa con el principio de separación de poderes” si se sanciona la reforma del Consejo de la Magistratura, pendiente de aprobación en el Senado. “Cuando enviamos un comunicado de prensa, ya enviamos una carta de pedido de explicaciones e informaciones al Gobierno. Hasta el momento no he recibido ninguna respuesta”, sostuvo Knaul, a contramano de la versión oficial.

La Cancillería informó pocas horas más tarde que la respuesta al “llamamiento urgente” realizado por la relatora el 26 de abril fue remitida por fax y por correo electrónico a las 8 de la mañana de ayer, 2 de mayo, es decir menos de una semana después del requerimiento e incluso un par de horas antes de que atendiera el llamado para la entrevista. En rigor, la Cancillería difundió esa respuesta el feriado del 1º de mayo, donde contestó punto por punto los interrogantes de la funcionaria de la ONU y consideró que la funcionaria había sido “mal informada respecto de los proyectos en consulta, siendo sus comentarios y sugerencias manifiestamente inexactos e incorrectos”.

“Si no hiciera esto estaría incumpliendo mi mandato. Mi mandato me obliga a llamar la atención de los gobiernos cuando veo un potencial peligro sobre la independencia del Poder Judicial”, respondió ayer Knaul, ex jueza brasileña, que asumió en el cargo en 2009 tras la salida del actual auditor general de la Nación, el radical Leandro Despouy. Los cuestionamientos de Knaul se centran en la elección mediante el voto popular de los distintos estamentos que integrarán el Consejo de la Magistratura, elección que deberá realizarse en listas de los partidos políticos. “El Consejo tiene que ser un órgano independiente, no puede ser politizado. La Justicia no es un órgano político, es un órgano técnico que hace la aplicación de la ley”, señaló Knaul, que además cuestionó la incorporación de académicos de otras especialidades que no sean el derecho.

La respuesta de la Cancillería a la nueva aparición de la relatora fue más dura que las anteriores. Desde el Palacio San Martín reclamaron por el “incumplimiento de procedimientos” y las “serias infracciones” por parte de Knaul, “que podrían dar lugar a su descalificación para continuar con su trabajo al frente de esta cuestión”. Según la nota enviada ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la instancia superior de la relatoría especial, Knaul violó el artículo 10 del Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos, haciendo una “utilización abusiva de un recurso establecido para cuestiones de carácter excepcional en las que la vida o integridad de las personas se encontrara en peligro”, aplicándolo a un caso de proyecto de reforma de la Justicia. También señala que según ese Código de Conducta, los procedimientos especiales deben estar basados en “información objetiva y fidedigna que emane de fuentes creíbles”, y la relatora Knaul “reconoce el anonimato de las denuncias recibidas”. Otra crítica a la relatora fue por no haber establecido un diálogo con el Gobierno antes de emitir el comunicado de prensa.

Por su parte, tanto Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, como Claudio Lozano, de Unidad Popular, anunciaron que recurrirán a la OEA para impedir el avance de la reforma judicial. El diputado radical Ricardo Alfonsín consideró que no hacer caso del planteo de Knaul sería como “echar por la borda los esfuerzos para consolidar la imagen de la Argentina como país respetuoso de la República y sus instituciones fundamentales”.