Los ojos rojos y añosos de Miguel Rozo se llenaron de lágrimas. “Yo me siento feliz”, dijo apenas escuchó la sentencia. Obrero mecánico de la mina El Aguilar, delegado de sección, detenido desaparecido, mudo de testimonio durante 37 años. “Se está haciendo justicia para todos los mineros de aquel momento, que sufran ellos ahora, como hemos sufrido nosotros, como han sufrido nuestras familias.” En la sala, entre los que salían de las sillas y se abrazaban se paró Rubén Andres Cari, también minero, secuestrado de 1976, secretario adjunto del Sindicato Obrero Minero de Mina El Aguilar. “Estoy emocionado, conforme con el veredicto de los jueces: realmente tarde, pero ha llegado la justicia.”

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy terminaron la lectura de la sentencia, la sala gritó el “Como a los nazis les va a pasar” y antes de que termine el canto y antes del saludo a los 30 mil detenidos desaparecidos, alguien pronunció el nombre de Carlos Pedro Blaquier entre las cuentas que faltan. “¡Por fin en Jujuy hay justicia!”, dijo Ernesto Samán, un ex empleado de Ledesma, secuestrado dentro de la empresa, entre nuevos abrazos. “¡Vamos compañerosssss!”, lanzó en el patio donde hace apenas un año, cuando empezaba el juicio, cada quien pedía permiso para entrar. “En este momento se juntan muchas cosas: el dolor de haber perdido a tantos compañeros luchando y, bueno, que por fin en Jujuy, después de tantos años, de los que vinimos declarando desde el año ’84 por la Conadep, de la ley del punto final, la obediencia debida y, en fin, después de tantos años de espera por fin hay justicia y esperamos mucho más cuando la Justicia avance sobre Blaquier y compañía.”

La Justicia llegó a la primera etapa. Anoche terminó el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad en una provincia que hasta el año pasado no había tenido ningún debate oral. El Tribunal condenó a los tres represores acusados por 43 víctimas con el mismo monto de pena que habían pedido fiscales y querellas. Condenó a prisión perpetua a los ex tenientes Mariano “Cara Cortada” Braga y a José Bulgheroni, ambos operativos de inteligencia, integrantes de las patotas y encargados del diseño de traslados y secuestros de prisioneros. Le dio 25 años de prisión al mayor retirado del Ejército Antonio Vargas, quien fue interventor del Servicio Penitenciario Federal, por donde pasó buena parte de los desaparecidos y sobrevivientes jujeños. Para los tres condenados confirmó y ordenó traslados a cárcel efectiva, una decisión aplaudida como cada pena. El Tribunal lo presidió René Vicente Casas y lo integró Mario Juárez Almaraz, Daniel Morin y como jueza sustituta Fátima Ruiz López.

Las condenas

El juicio revisó cinco causas que se acumularon para el debate por 43 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las causas llegaron fragmentadas con sólo tres imputados militares y una mínima representación de los 130 desaparecidos de Jujuy producto de la mala gestión judicial, con expedientes paralizados durante años. Pese a eso, las audiencias se convirtieron en una enorme ventana por donde mirar los escenarios más representativos de la represión en Jujuy. La causa “Arédez y otros”, por ejemplo, reunía a cuatro detenidos-desaparecidos delegados del sindicato de obreros y empleados de Ledesma y nucleó también el primer secuestro del médico Luis Arédez, ex intendente del pueblo de Libertador General San Martín y asesor del sindicato y la mutual de obreros del ingenio. Los testimonios de esta causa pusieron en escena las noches de apagones, los secuestros en la zona del ingenio y la responsabilidad de Blaquier, que está procesado en otro expediente. El tramo “Bazán y otros” entró en el juicio para revisar responsabilidades por el secuestro de 27 mineros de El Aguilar, capturados los primeros días de la dictadura, entre los que estaba el legendario dirigente minero Avelino Bazán.

En términos de prueba y caso, Braga llegó a juicio por el homicidio de Rolando Alvarez García, militante peronista secuestrado el 21 de agosto de 1976. Fiscalía y querellas habían pedido prisión perpetua. Braga en sus últimas palabras dijo: “Yo no secuestré, no torturé, no asesiné a Alvarez García”. El TOF lo condenó a prisión perpetua como coautor de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y por el homicidio doblemente agravado de Alvarez García. Bulgheroni llegó a juicio por los casos de Tumbaya, un pueblo humilde, donde cayó un grupo de militantes obreros del PC, entre ellos Rosa Santos Mamani, cuyo homicidio se sitúa dentro del RIM 20. Además se le imputaban tres víctimas de la causa Aragón, detenidas en el penal de Villa Gorriti, que funcionó con la lógica de centro clandestino. El TOF lo condenó a perpetua por privación ilegal de la libertad en 10 casos, tormentos agravados y el homicidio de Santos Mamani. Vargas, en tanto, llegó a juicio por los 27 trabajadores de Mina El Aguilar y las 5 víctimas de la causa Arédez. Las querellas y fiscales pidieron 25 años de prisión. El TOF condenó a 25 años por privación ilegal de la libertad en los 32 casos y tormentos agravados de diez.

La sala

La sentencia se esperó durante horas adentro y afuera de la sala. Afuera las columnas de la Tupac Amaru avanzaron por las calles de la ciudad como sucedió en muchas de estas audiencias a lo largo del último año. Adentro, llegaban sobrevivientes de toda la provincia. En la puerta de entrada, Eva Arroyo, de H.I.J.O.S, colgó en un vallado las imágenes 113 desaparecidos, todos los que pudieron recuperar hasta ahora de los 130 desaparecidos de este lugar. Soledad López entró vestida de blanco. Ex presa política, estaba de fiesta: “Siempre ando de jean, que te digan mis compañeras, pero hoy vine vestida para un casamiento: siempre pensábamos que iba a llegar la justicia a otras provincias pero no iba a llegar a Jujuy, aunque me parece casi imposible estar viviendo esto”.

Entre las sillas, apiñados, alguien dijo: “Yo soy sobrino de Avelino Bazán”. Juan de la Cruz Bazán llegó con su esposa, la esposa de Avelino, las hijas, una hermana y otros ocho sobrinos directos y políticos que se esparcieron en la sala. “Lamentamos mucho que haya pasado tanto tiempo, pero esperamos ahora una sentencia justa”, dijo.

El Tribunal habló. Una secretaria leyó la sentencia. Ante cada perpetua la sala explotó. Hilda Figueroa, una secuestrada de los apagones de Ledesma, salió de la sala bañada en lágrimas arrastrando su bastón. “¡¡Tres torturadores menos, ¿sabes?!! Esos eran torturadores también del centro clandestino donde Ledesma nos ha hecho llevar, esto es maravilloso: que estén en la cárcel y con cadena perpetua. ¡¡Estoy emocionada –gritó–, es maravilloso esto!!”

Un tornado de cámaras avanzaron sobre los que estaban sentados adelante. Ricardo Arédez, el hijo de Luis Arédez dijo: “Estoy muy emocionado, no pensábamos que el Tribunal iba a comprometerse tanto por las sentencias, pero ahora vamos por más: falta el juicio para Blaquier y toda la empresa Ledesma, ese poder económico que es fuerte, pesado, importante”. Adriana Arédez, su hermana, avanzó en esa línea. “Claro que esto nos da fuerza para seguir, esto es lo que hemos esperado junto a mi familia, a todos los familiares y a los nietos de Luis Arédez y a los treinta mil, queremos a los civiles empresarios, los miembros de la Iglesia, los queremos en la cárcel como a éstos, en la cárcel común: ojo con que vayan a parar al domicilio por el dinero que tengan porque el pueblo somos nosotros, esto es una advertencia a los jueces.”

Milagro Sala afuera decía: “Y ahora vamos por Blaquier”. Inés Peña, la esposa de Pampero Alvarez García, seguía adelante, entre abrazos, agradecía. “¿No lloras?”, preguntó este diario. “No”, dijo ella. “Ya hemos llorado mucho. Esto nos da fuerza para seguir, no termina acá.”