Estas ideas que comparto surgen como un intento por sistematizar algunas cuestiones fundamentales en relación con la Justicia. En primer lugar, celebro la discusión. Reivindico la crítica constructiva permanente como ejercicio necesario que impone la democracia. En este sentido, los obsecuentes, así como los críticos funcionales, no suman al debate que se reclama e impone. En segundo lugar, sería fundamental separar las cuestiones de fondo de las instrumentales. Tener claridad acerca de las ideas o estructuras subyacentes y fundamentales, distinguiéndolas de las medidas de diseño que nos llevarán a los principios que consensuemos. Me refiero al plano analítico, en la práctica, las cuestiones estructurales y diseños institucionales se relacionan y retroalimentan permanentemente. Ni más ni menos que saber qué se quiere, por qué y para qué; y recién luego buscar las herramientas necesarias a tales fines.

Definitivamente, concebir el Poder Judicial como un poder político es una de las cuestiones estructurales; a esta altura qué duda cabe que esto es así y, además, siempre lo fue. Saber que el Judicial constituye un campo de disputa de altísima intensidad política es un comienzo absolutamente necesario. La forma de selección de integrantes del Poder Judicial; las decisiones del Poder Judicial, en tanto resuelven o no resuelven algún conflicto; las sanciones o expulsiones de los miembros del Poder Judicial; y las vinculaciones en términos de poder y de decisiones con los demás poderes o funciones estatales así como con la ciudadanía; todo ello nos conduce inexorablemente a interpretar que el Poder Judicial actúa en términos políticos.

Otro punto o idea estructural será claramente cómo se expresa el Poder Judicial y, aquí, referencia obligada será la cuestión acerca de decisiones y marcos culturales. No olvidemos que las decisiones en el Judicial las toman abogados, y quienes realizan planteos, los ganan, pierden o consensúan son también abogados. Si queremos alguna vez quebrar la lógica de pensamiento y acción en términos efectivos; y pensar un marco de derecho y actores distintos; con cierto contenido social en términos ideológicos; necesariamente habrá que trabajar con las universidades, los planes de estudios y el profesorado. ¿Por qué los abogados debieran ser y actuar de un modo distinto si las formas y contenidos de sociabilización y aprendizaje son las que tenemos actualmente?

Por último, el tratamiento y práctica del conflicto. Otra discusión estructural y fundante. Solemos repetir que el Poder Judicial interviene luego de sucedido un conflicto. Esta idea es realmente muy vaga. El límite entre inexistencia de conflicto, latente existencia de conflicto, suceso del conflicto y solución del mismo, es ontológicamente difuso. Y en innumerables ocasiones cuando el Judicial interviene lo hace para prevenir un conflicto mayor o reconfigurar el mismo, con lo cual esta idea reiterada no funciona así. De hecho, todas las medidas de conciliación y mediación van en este sentido. En este marco, todos los programas de solución y prevención de conflictos suman. Desconocer sus efectos para bajar la intensidad de violencia individual y social es lamentable. Es por esta razón que, mal que nos pese, no deben afincarse los análisis sólo en el sistema penal, como habitualmente acontece. El sistema penal es el último del que el Estado y el Poder Judicial deben echar mano. El secreto, el gran secreto y la gran responsabilidad es trabajar con los conflictos en los otros campos preeminentemente. Desde esta perspectiva, buenos mecanismos de solución de conflictos y descentralización o “soluciones en el territorio” favorecerán claramente a los más vulnerables.

Hasta aquí, algunas ideas que aparecen como fundantes. Pensar entonces una Justicia distinta exige develar intereses y dependencias; marcos conceptuales diferentes a los habituales e interacciones con sustratos culturales. Alta política. Nos debemos modificar los marcos referenciales de conocimiento e intervención.

Asumiendo que lo atinente a la Justicia y el Poder Judicial es una temática política, la discusión, en marcos de profundidad, acerca de cómo los jueces dirán el derecho –acompañando políticas públicas; aún en contra de decisiones parlamentarias, o como bastión de derechos y minorías– será un debate esencial. De igual manera, los niveles de legitimidad que sostendrán a ese Poder Judicial que dirá el derecho, en términos de elecciones, o preguntas acerca de quién elige al elegidor (Consejos de la Magistratura). En otras palabras, cómo nos representamos al Poder Judicial, cómo lo concebimos, qué esperamos de él y cómo serán escogidas todas y cada una de las personas que lo integrarán conducirán a definiciones de contenido sustancial.

Por tal motivo, serán inviables los cambios de paradigmas culturales, con el actual perfil de jueces, funcionarios y abogados. Tal perfil es el que adquirimos con la matriz educativa que tenemos, habría que cuestionar y modificar fuertemente esa matriz de conocimiento. Las facultades que educan abogados, muchos de los cuales luego integrarán el Poder Judicial, son absolutamente deficientes en la formación profesional, privilegiando la enseñanza técnica formalista por sobre la defensa de derechos, el compromiso social y los comportamientos éticos. Modificar seriamente la matriz de formación universitaria es una tarea para ahora mismo. Y trabajar sobre el conflicto, descubrir su importancia como motor social; profundizar las formas de la Justicia rutinaria y reconvertirla, afincarse en la Justicia de paz o equidad, en las casas de Justicia, en los mecanismos de solución barriales. Descentralizar para “estar cerca”. Este es, además, uno de los grandes ejes del acceso a la Justicia. Ese, tal vez, sea un camino hacia más y mejor Justicia, y seguramente hacia una sociedad menos violenta.

Todas las ideas y sugerencias planteadas, instadas con intenso sentido democrático, sumando la mayor cantidad posible de ideas y concepciones a través de todas las voces posibles, sobre todo de quienes más dificultades presentan a la hora de expresarse y hacerse oír. Por último, mientras se mantiene la discusión, quienes tenemos herramientas, por ejemplo para poder escribir este artículo, no debemos olvidar que es tan importante discutir el poder y su ejercicio como ir trabajando simultáneamente con todos aquellos que no pueden participar de las discusiones y decisiones y serán o no sus beneficiarios. Otra vez, los vulnerables. Así, tal vez, cobre este pensamiento sentido.

* Miembro de la organización civil Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad; abogado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Neuquén.