La larga lucha contra los crímenes del franquismo abre una nueva página en su búsqueda de justicia. Desde su despacho en Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini de Cubría escuchará por primera vez a las víctimas de la dictadura de Francisco Franco. A las 14 de España (9 de Argentina), los denunciantes, patrocinados por los abogados Carlos Slepoy, Ana Messuti y Máximo Castex, darán testimonio desde el Consulado argentino en Madrid. Las videoconferencias durarán cuatro jornadas. Hoy será el turno de Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales. Mañana será la segunda sesión de declaraciones, que continuarán el 15 y 16 de mayo. “El Consulado argentino en Madrid ha recibido instrucciones a tal efecto, por parte de la Cancillería argentina, por lo que ningún obstáculo existe ya para su realización”, señaló la Red Aqua, uno de los colectivos que apoyan la querella junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, entre otros colectivos de derechos humanos.

“Mi hermano no iba contra un gobierno, luchaba para que la gente tuviera educación y pudiera decidir por ella misma, peleaba por un mundo mejor”, dispara la hermana de Salvador Puig Antich. En diálogo con Página/12, la mujer cuenta en exclusiva el calvario que padeció. Su hermano tenía 25 años cuando lo asesinaron. Militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), grupo anarquista español –de siete u ocho integrantes– que, para financiarse, robaba bancos. Parte del botín era destinado a apoyar las huelgas obreras. Salvador era divertido, simpático. Antes de ir a la “mili”, llevaba el pelo largo. Cuando ingresó en el MIL, cambió la ropa informal por un traje, para no llamar la atención.

–Baja, que te estoy esperando –pedía desde un teléfono público, cerca de la casa de los Puig Antich.

–¡Ostras! ¿Qué haces? –preguntaba la hermana, cada vez que se reunían luego de un llamado clandestino. Su hermano siempre le daba dinero.

Aunque eran esporádicos, una atmósfera de intriga y misterio rodeaba los encuentros en Barcelona. Eso fascinaba a la niña de diez años. Su padre no llegó a verlo; su madre murió un año antes de que lo mataran.

La Policía Nacional iba tras sus pasos por un coche alquilado que no había devuelto y una bolsa olvidada tras un robo. Santi Soler, militante del MIL, había sido detenido: confesó que tenía una cita con sus compañeros Puig Antich y Xavier Garriga en el bar El Funicular, en la esquina de Consell de Cent y Girona, en la ciudad condal. La patota iba comandada por el inspector Santiago Bocigas Vallejo, acompañado por Enrique Muñoz Martín, Timoteo Santorum y Francisco Rodríguez Alvarez –oficiales del mismo rango– y los subinspectores Francisco Anguas Barragán y Luis Miguel Algar Barrón. Garriga no opuso resistencia. A Salvador, que trató de impedir el arresto, lo sacaron a culatazos en la cabeza. Los anarquistas fueron introducidos, por la fuerza, en el zaguán de la calle Girona 70. Allí comenzó una balacera. Anguas Barragán fue herido de muerte. Santorum disparó sobre Salvador; lo alcanzó en la mandíbula y el hombro izquierdo. El 23 de septiembre de 1973, Salvador fue enviado herido, luego de pasar por el Hospital Clínico, al Centro Penitenciario D’Homes de Barcelona, conocido como prisión modelo. Extrañamente, la autopsia del policía se realizó en una comisaría de Barcelona. Más tarde, los otros efectivos declararon que hubo muchos disparos. Puig Antich aseguró que tiró dos veces, por lo tanto, sus abogados señalan que no pudo ser el autor de los cinco disparos que fueron encontrados en el cuerpo del policía,

En una de las sentencias más escandalosas de España, un juicio sumarísimo, llevado a cabo por un tribunal militar, determinó que el joven catalán había sido el matador de Anguas Barragán.

Merçona prende un cigarrillo tras otro frente a la computadora. A sus 52 años, el pelo suelto y entrecano le da cierto aire a María Kodama. Las cejas negras y tupidas se esconden detrás de unos lentes de marco negro. Las ojeras marcadas muestran que ha dormido poco en los últimos días. Desde Olot, ciudad ubicada a 50 kilómetros de Girona, señala que la primera vez que vio a su hermano, tras su detención, fue en la prisión, donde lo visitó cada miércoles acompañada por sus otras hermanas. Tenían que hablar en castellano. Salvador llevaba gomitas en los dientes, no podía mover la mandíbula. Su moral se había desplomado. “El decía que no lo cogerían nunca; el tío sabía que si se ponía en el MIL, eso lo afectaría en todos sus ámbitos, pero sabía a lo que iba, estaba súper consciente”, recuerda.

La mujer afirma que el proceso judicial tuvo ribetes rocambolescos. Los magistrados que lo juzgaron no admitieron las pruebas presentadas por la defensa. “Al próximo que se cargan es a mí”, recuerda Merçona que su hermano le dijo una vez. Se refería a las represalias por el crimen de Luis Carrero Blanco, presidente del Consejo de Ministros de Franco, asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973. Tras ese episodio, Oriol Arau, abogado de Salvador, pidió a las hermanas que se mantuvieron cerca del teléfono. Los viernes se realizaba el plenario del Consejo de Ministros. El 8 de enero de 1974, el joven de sonrisa amplia y mirada profunda era sentenciado a pena de muerte. La orden de asesinarlo se oficializó el 1º de marzo. Las hermanas acudieron al Tribunal de Estrasburgo, sin mayor suerte. “No lo dijeron así, pero nos dieron a entender que ‘cada perro se lame sus pulgas’”, afirma.

“Mi hermano no quiso que fuera, y no fui”, cuenta Merçona con resignación. Imma, Carme y Montserrat, las otras hermanas, compartieron con él las últimas horas en prisión. Improvisaron chistes para mantener el buen humor. Salvador “iba flojo de barriga”. En el silencio de la cárcel, las manos se entrelazaron. Al salir de la celda 443, una de ellas escuchó a un guardia susurrar: “Y a éste, ¿dónde lo enterramos?”. La mujer respondió: “¡Ustedes lo matan, ustedes lo entierran!”. El joven anarquista pensó que lo fusilarían. Cuando vio el garrote, alcanzó a decir: “¡Ostia, qué putada!”.

A las 9 de la mañana del 2 de marzo lo sentaron en un banco de madera. El verdugo Antonio López Sierra ajustó el ariete de metal que el anarquista llevaba en el cuello, hasta quitarle la vida. Un día después, Barcelona se volcó a la calle para protestar. “Durante el proceso, ningún partido político se quiso mojar”, rememora Merçona con fastidio. En el entierro de Puig Antich, el cementerio de Montjuic estuvo custodiado por una celosa guardia policial. Sus hermanas aún cargan con el dolor de no haber conseguido justicia. Merçona concluye: “Esto se tiene que saber, tienen que disculparse y decir que esto fue un crimen”. José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, actual ministro de Justicia de España, fue uno de los ministros franquistas que firmaron la sentencia a muerte de Salvador. La jueza Servini de Cubría tiene que resolver sobre el pedido de detención internacional que pesa sobre él y otros ocho genocidas españoles.