El Senado tratará hoy la reforma del Consejo de la Magistratura y otros tres proyectos del paquete de medidas anunciado por la presidenta Cristina Fernández para la “democratización de la Justicia”. En una extensa sesión, que arrancará pasado el mediodía, el Frente para la Victoria espera convertir en ley la iniciativa que amplía a 19 el número de miembros del Consejo y propone la elección mediante el voto popular de los representantes de sus distintos estamentos, entre otras cosas. Además, se sancionará la publicidad de las decisiones de la Corte Suprema, el acceso a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado y el ingreso igualitario al Poder Judicial, que recibirá modificaciones y volverá a Diputados. La oposición realizó ayer una actividad en el Congreso, donde convocó a especialistas y a dirigentes políticos para criticar la reforma.

A las 11 de la mañana, los presidentes de los distintos bloques se reunirán para ultimar los detalles de la sesión en la que se abordarán estos cuatro temas. Fuentes parlamentarias anticiparon que dada la complejidad y las resistencias que generó podría discutirse por separado la reforma del Consejo de la Magistratura y conjuntamente las otras tres cuestiones referidas a la Justicia.

La reforma del Consejo ya había sido aprobada por el Senado el 17 de abril, luego de un tratamiento en comisión del que no había formado parte la oposición. Con 39 votos a favor y 31 en contra, el proyecto pasó a Diputados, donde sufrió modificaciones por pedido de la Corte Suprema de Justicia, que remitió una carta de la Junta de Cámaras Federales. En la nota, los magistrados advertían sobre una eventual parálisis que podría producirse si la administración de los recursos recayera en manos del Consejo, a pesar de que así lo establece la Constitución Nacional en su artículo 114. El oficialismo aceptó este cambio, manteniendo el manejo presupuestario en la Corte Suprema.

Otro cambio, introducido esta vez por el oficialismo, es el requisito para presentar candidatos a consejeros: sólo podrán presentar candidatos los frentes electorales o partidos que tengan la misma denominación en al menos 18 distritos. Tanto en la tumultuosa sesión de Diputados como en la reunión de comisión de la semana pasada, la oposición calificó esta condición como “proscriptiva”, ya que casi ningún partido, con excepción del Frente para la Victoria, mantiene el mismo nombre en tantos distritos.

Más allá de estos cambios, el corazón del proyecto se mantiene. Se pasa de 13 a 19 integrantes en el Consejo, conformado por tres jueces, tres abogados, seis académicos (no necesariamente de Derecho), seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Los 12 representantes estamentales (jueces, abogados y académicos) dejarán de elegirse entre ellos para ser votados en elecciones generales. Además se modifica la mayoría con la que se inicia el proceso de juicio político a los magistrados. Hasta ahora se requerían dos tercios de los votos para activar el jury de enjuiciamiento, mientras que ahora se podría hacer con la mitad más uno de sus miembros. Desde el oficialismo, sin embargo, aclararon que se mantienen los dos tercios requeridos en el jury para la remoción del juez.

Estas características fueron duramente cuestionadas por la oposición, asociaciones de magistrados y organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Justicia por considerar que afectan “la independencia del Poder Judicial” y la “división de poderes”. La UCR, el FAP y el peronismo disidente realizó ayer una actividad donde sonaron reiteradas críticas a los proyectos. Entre otras voces estuvo la de la jueza Graciela Medina, integrante de la Cámara Civil y Comercial, que tuvo intervención a favor del Grupo Clarín en su causa contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También concurrieron el constitucionalista Félix Loñ, el auditor general de la Nación, el radical Leandro Despouy, y el legislador de Proyecto Sur Julio Raffo, entre otros.

Además de convertir en ley la reforma del Consejo, cuya impugnación judicial ya fue anunciada por legisladores opositores y asociaciones de magistrados, se aprobará la publicación obligatoria de las decisiones emanadas de la Corte Suprema y de las Cámaras Federales; y también la declaración jurada patrimonial de magistrados y funcionarios públicos.

Por último, y también a pedido de la Corte, se modificará el proyecto aprobado ya en Diputados que establece el ingreso igualitario al Poder Judicial. El máximo tribunal solicitó que se permita la designación directa de dos secretarios letrados por parte de los magistrados. Tras este cambio volverá el tema a Diputados, con el que se concluiría el paquete de iniciativas enviado por el Ejecutivo, que también contempla la regulación de las medidas cautelares y la creación de tres Cámaras de Casación.