La Procuración General de la Nación presentó ayer el Programa de Transparencia, cuyo objetivo es “fortalecer el acceso a la información de la sociedad acerca de las actividades” que desarrolla el Ministerio Público Fiscal. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, destacó la elaboración de un código de ética que “refleje la diversidad de roles que los fiscales tienen dentro del Poder Judicial”, entre los diversos puntos que integran la primera etapa del programa, “un proceso de implementación paulatina”. En ese marco, la funcionaria mencionó las “muchas situaciones de conflicto de intereses” en las que pueden verse enredados los “defensores del interés general de la sociedad”, y remarcó como ejemplo, aunque sin dar nombres, “la actuación de un fiscal (que) puede disminuir en función de quién sea la persona o el denunciante”. En clara referencia al fiscal federal Guillermo Marijuán, Gils Carbó remarcó cómo actuó con “ímpetu investigativo” en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez en un caso de lavado de dinero, mientras que ese ímpetu “está ausente” en la investigación sobre la actuación del Grupo Clarín en la venta de títulos de AFJP sobrevaluados.

“Para la vigencia de un estado de derecho es esencial la confianza de la población en las instituciones. Y para que eso suceda, las instituciones deben ser transparentes.” El comienzo de la descripción breve y concisa que Gils Carbó realizó ayer del Programa de Transparencia, que planea aplicar a las diferentes áreas del organismo que dirige con el objetivo de “rendir cuentas a la sociedad”, comenzó con esa frase y llegó luego de las palabras que pronunciaron el asesor especial del PNUD Bernardo Kliksberg, el coordinador de la Comisión de Seguimiento contra la Corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diputado Angel Bruno, y el presidente del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, Víctor Abramovich. Los tres definieron al Poder Judicial como un ámbito caracterizado por una “fuerte opacidad” que “hay que transparentar”. “La lucha por la transparencia es una de las más importantes del mundo actual. Es un hecho importante que un organismo estatal busque ese objetivo”, valoró Kliksberg.

Acerca del plan, que se presentó en el salón de actos de la Procuración, Gils Carbó mencionó que en su primera etapa apuntará a “ampliar los canales de información con los que la sociedad se entera de las funciones y acciones de los fiscales”. Para eso detalló que durante ese primer paso se elaborarán estadísticas, se reacondicionarán los portales de Internet existentes y se crearán nuevos que “permitan a la gente saber qué hace un fiscal”. Entre las nuevas iniciativas figura la creación de un portal web especialmente dedicado a la publicación de declaraciones juradas de los fiscales.

Según apuntó, esa primera etapa de aplicación del programa de transparencia culminará con la elaboración de un código de ética del Ministerio Público “que refleje esa diversidad de roles que tenemos los fiscales, los diferentes objetivos y criterios para actuar en pos de la función que le dio la Constitución al ministerio: la de defensor de la legalidad y del interés de la sociedad”.

Los “mecanismos para cumplir con esa función” serían, en palabras de Gils Carbó, algunos de los objetivos que cumplirá el código a redactar, junto con los conflictos de intereses. Y en ese momento, aludió a la actuación del fiscal federal Guillermo Marijuán para ejemplificar un caso especial de conflicto de intereses y describió que incurre en “doble estándar”.

“En estos días hemos tenido en los diarios dos causas de lavado de activos que lleva un mismo fiscal federal –mencionó la procuradora, en referencia al fiscal Marijuán–. En una de esas causas, el fiscal se ha expresado con un ímpetu investigativo, que es el que queremos desde el Ministerio Público, porque es el deber de los fiscales, mientras que en la otra, una causa en la que están en riesgo intereses de grandes grupos económicos, ese ímpetu está ausente”, determinó. En ese sentido, apuntó que “la sociedad tiene derecho a que se den explicaciones sobre la actuación de los fiscales, tiene derecho a que se despejen las dudas de que haya una posibilidad de conflictos de intereses y que se den explicaciones de por qué en situaciones iguales el Ministerio Público se comporta de manera diferente”.

Desde el público, integrado sobre todo por funcionarios del Ministerio Público, de otras áreas del Poder Judicial y de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la búsqueda de transparencia en las instituciones públicas, el fiscal Jorge Auat festejó la iniciativa de la Procuración, a la que consideró “el comportamiento que busca ser vanguardia dentro de la cultura que prima en el Poder Judicial”. En tanto, consideró que la “transparencia es la clave ideológica del movimiento por una Justicia Legítima”, espacio que comparte con Gils Carbó.