EL PAíS › DIPUTADOS DEBE TRATAR LA úLTIMA DE LAS INICIATIVAS DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL
Tras ser aprobado con modificaciones en el Senado, el proyecto de ingreso igualitario a la Justicia vuelve a la Cámara baja. El cambio que se introdujo en el texto original concede a los jueces la atribución de designar a sus secretarios letrados.
› Por Sebastian Abrevaya
Después de debatir durante casi seis horas la reforma del Consejo de la Magistratura, el Senado convirtió en ley otros dos proyectos del paquete de medidas para “democratizar la Justicia” y envió de vuelta a Diputados el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrió modificaciones a pedido de la Corte Suprema. Las tres iniciativas contaron con un consenso mayor que la reforma del Consejo, al alcanzar los 44 votos a favor y 21 en contra en el caso de la publicación de las resoluciones de la Corte Suprema y las Cámaras Nacionales de Apelaciones; 43 votos a favor y 22 en contra en el caso de las declaraciones juradas obligatorias para todos los funcionarios públicos obligados por la Ley de Etica Pública y 42 a favor y 23 en contra en el caso del ingreso igualitario al Poder Judicial. “Hemos incorporado una reforma que da la posibilidad de que los jueces designen a los secretarios letrados, que son personas que tienen que ver con la confianza y con el trabajo más reservado del propio tribunal, por lo que creo que es legítimo que se incorpore como reforma y se envíe nuevamente a Diputados”, concluyó el presidente de la bancada oficialista, Miguel Piche-tto, al cerrar el debate.
Cerca de la medianoche, el oficialismo dio casi por terminado el debate parlamentario sobre la reforma judicial anunciada por la presidenta Cristina Fernández. Las dos primeras iniciativas en sancionarse fueron la regulación de las medidas cautelares y la creación de las Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo y en lo Previsional Laboral. Luego fue el turno del Consejo la Magistratura y por último estas tres iniciativas, las menos controvertidas. Se trata de la ley de acceso directo a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado, que establece que la totalidad de las declaraciones juradas patrimoniales sean publicadas en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, el cual deberá permanecer actualizado. A pesar de que legisladores de la oposición denunciaron que se requerirá menos información que la solicitada actualmente, la medida contó con un amplio consenso que involucró a los miembros del oficialismo, a sus aliados habituales y los peronistas salteños Sonia Escudero y Juan Carlos Romero.
El otro proyecto convertido en ley establece que se publicarán de manera integral todas las acordadas y resoluciones el mismo día que se dicten y la totalidad de las causas que se encuentren en trámite en la Corte Suprema, los tribunales de segunda instancia en lo Federal y las cámaras nacionales. “Este proyecto apunta justamente a terminar con el desbalance con los otros dos poderes del Estado y establecer una igualdad: que todos los ciudadanos se enteren y la sociedad pueda saber de qué se trata lo que ocurre en el Poder Judicial”, señaló el senador Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia. Para el radical Gerardo Morales, en cambio, “son proyectos cazabobos o maquillaje para el tema medular, que tiene que ver con la reforma judicial”.
El último de los proyectos es el que se envió en segunda revisión a Diputados. Mediante una carta al Congreso, el presidente de la Corte Suprema advirtió sobre algunas cuestiones de la reforma que veía conflictivas. Una de ellas era la administración de los recursos en manos del Consejo de la Magistratura. La otra era mantener la posibilidad de designar secretarios letrados por parte de los magistrados. De esta manera, se realizará un examen de conocimientos básicos y luego se realizará un sorteo mediante la Lotería Nacional para ingresar en el Poder Judicial, salvo en esos cargos jerárquicos.
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