Opinión

Uno de los puntos novedosos que llegarán con la democratización del Poder Judicial, además de la imprescindible participación popular a través del voto, es la incorporación de la interdisciplina en el Consejo de la Magistratura.

El proyecto que envió el Poder Ejecutivo incorpora a dicho cuerpo “seis representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal”.

Si bien la Constitución nacional en su artículo 114 establece que el Consejo “será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”, la norma vigente hasta ahora hacía una forzada y restringida interpretación de ese texto y reservaba el lugar para “un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes”.

Está claro al comparar ambos textos que la Ley incluyó un requisito para acotar al universo de los abogados las amplias posibilidades que nos propone la Carta Magna.

Para quienes estamos atentos al funcionamiento del Poder Judicial a partir de su incidencia en el campo de la Salud Mental es una noticia extraordinaria, y está a tono con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657, que también establece como uno de sus ejes centrales la cuestión de la interdisciplina.

En salud mental también ha funcionado una hegemonía, la médico-psiquiátrica, y eso no ha sido bueno para el desarrollo de una política respetuosa de los derechos de las personas y que pudiera dar cuenta de la complejidad de las problemáticas psicosociales que enfrentamos. Si bien la constitución de equipos interdisciplinarios compuestos por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otras disciplinas está bastante extendida en todo el país, históricamente el saber legitimado social y jurídicamente para tomar decisiones ha sido el psiquiátrico. El resultado real y constatable es que tenemos un sistema de salud mental basado centralmente en el vetusto hospital neuropsiquiátrico, cuyo funcionamiento tiende más al control social que a la rehabilitación.

Ese nefasto sistema ha sido posible, entre otras cosas, porque ha habido un Poder Judicial conservador que, desde una perspectiva prejuiciosa y segregativa, ha preferido adoptar o autorizar medidas de seguridad y encierro antes que aquellas que promueven los derechos y la autonomía de las personas con padecimientos mentales.

Dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, el fallo “RMJ” y el fallo “Tufano”, reflejan la existencia de un sistema judicial que no sólo ha desatendido a las personas con padecimientos mentales, sino que muchas veces las ha confinado y abandonado a su suerte en instituciones asilares.

Bienvenida una reforma del Poder Judicial que nos permita, desde una mirada más amplia e interdisciplinaria, aplicar mecanismos y requisitos de selección de jueces que contemplen no sólo el conocimiento del derecho, sino las actitudes y aptitudes personales y profesionales frente al otro, a su sufrimiento, a su modo de estar y de participar de las relaciones sociales. Constituye un paso enorme, que articula perfectamente con el proceso que debemos llevar adelante para transformar nuestro sistema de salud mental, fuertemente cuestionado a partir de denuncias e informes presentados por organismos de derechos humanos, legisladores y órganos de control a lo largo y ancho del país.

Las hegemonías disciplinares nunca son buenas. No se trata entonces de reemplazar la de los abogados o la de los psiquiatras por otras hegemonías. La interrelación de distintos saberes enriquece la comprensión de los conflictos y los padecimientos humanos y sociales. Pero, más aún, la interdisciplina es importante porque pone límites a las pretensiones totalizantes de todo saber.

Lo que ha permitido que en Argentina tengamos 25 mil personas bajo condiciones inhumanas de encierro, como lo refleja un informe del CELS, es que ha habido una legitimación desde cierto saber hegemónico que, como tal, se ha considerado como El Saber Absoluto. Sólo dando un valor de verdad incuestionable e inmodificable a un diagnóstico o a un pronóstico de “peligrosidad”, se legitima un encierro o una declaración de incapacidad, que impide a una persona con padecimiento mental contratar, casarse o votar.

La interdisciplina, en el campo de la Justicia y en el campo de la salud, nos pone a mejor resguardo de tamaños excesos.

* Psicólogo. Diputado Nacional (MC). Autor del proyecto que dio lugar a la Ley Nacional de Salud Mental 26657.