Ante el anuncio del proyecto de blanqueo de dólares a través del bono y certificado para inversiones energéticas e inmobiliarias, la oposición salió a manifestar su tenaz rechazo aun antes de que llegara al Congreso.

Hagamos un poco de historia.

Durante el gobierno de la Alianza, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia número 1387 del año 2001, se estableció un blanqueo de todos los incrementos patrimoniales no declarados a la AFIP, disponiendo que para el caso de que esos fondos se destinaran a capitalizar las sociedades por acciones, por ejemplo las anónimas, quedarían exentos de todos los impuestos nacionales. Esto tuvo como principales destinatarios a los bancos, permitiéndoles que se hicieran de fondos que hasta ese momento estaban fuera del circuito formal de la economía.

Para que se entienda: el que tenía dinero no declarado, personas físicas, bancos y empresas, mediante el mecanismo de capitalización de las sociedades tuvo la posibilidad de blanquearlo sin que nadie lo indagara en cuanto a su origen. A su vez, lo eximieron de todos los impuestos.

En otro apartado, el mismo decreto dispuso que “resultará aplicable en todos sus términos el artículo 73 de la Ley 25401, de presupuesto del año 2001”. Dicha norma, cuyo contenido nada tenía que ver con el Presupuesto, liberó a la AFIP, para el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera de regímenes de blanqueos impositivos, de la obligación de hacer la denuncia penal por los delitos establecidos en la Ley Penal Tributaria, a la vez que la obligó a desistir de su pretensión punitiva si la denuncia ya hubiera sido realizada.

Resumiendo, la gestión De la Rúa, mediante la Ley de Presupuesto de 2001 libera a la AFIP de la obligación de formular denuncia y la instruye a desistir de las denuncias que ya hubieran sido hechas. Con posterioridad, lanza el blanqueo mediante el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

En el marco de la racionalidad, no se comprende ni explica la actitud de la oposición, al menos de algunos de ellos, generalmente los más agresivos.

Ricardo Gil Lavedra, hoy presidente del bloque de Diputados Nacionales del Radicalismo, fue ministro de Justicia. El actual senador nacional Gerardo Morales fue secretario de Estado, solo para citar un par de ejemplos de ex funcionarios de aquel gobierno.

Mucho menos se comprende si se advierte, además, que al Decreto de Necesidad y Urgencia lo suscribieron como ministros acompañando al ex presidente De la Rúa, Patricia Bullrich y Hernán Lombardi –actualmente funcionario de Mauricio Macri– entre otros. En tanto, en el Congreso votaron positivamente: Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, Mario Negri, Rubén Giustiniani, Eduardo Santín, sólo para citar algunos de los que aún siguen siendo legisladores.

En un marco de endeudamiento irracional del país, lo promovieron, votaron y suscribieron, mientras que en un esquema de desendeudamiento histórico, salieron a rechazarlo aun antes de conocerlo.

De todas formas, es probable que las críticas estén motivadas por las diferencias de ambos proyectos.

Mientras el actual tiene un claro objetivo dirigido a los temas energéticos e inmobiliarios, el promovido en el año 2001 por los hoy opositores favorecía a los bancos permitiéndoles capitalizarse con las divisas que ellos mismos fugaban y con la de sus clientes, a quienes ayudaban a fugar. No establecía límites, pudiendo ingresar hasta los investigados por lavado, y por último, quizás el más determinante, ellos mismos podían participar, en tanto ahora expresamente se lo impiden a ellos, a sus cónyuges y a sus hijos y parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad.

En este escenario, corresponde preguntarse: ¿Qué intereses defienden?

* Ex diputado nacional.