Los blanqueos impositivos son, por lo general, medidas inequitativas e inmorales. Premian al evasor y dejan en off side al cumplidor. En una sociedad desigual como la argentina, son damnificados los ciudadanos que tienen ingresos pasables y sus pagos en regla. Pero los más burlados son los trabajadores de bajos ingresos, que gastan casi todo lo que reciben pagando IVA de contado, todos los días y “sin darse cuenta”. No se trata, pues, solo de quebrantar una regla ética, también de acentuar la desigualdad. La crítica que amerita trasciende el plano de los valores: es política, ideológica.

Blanqueos y moratorias (que no son lo mismo) hubo y habrá, en nuestra patria y en otras comarcas. El mal de muchos no lo transforma en virtud. Los antecedentes nacionales ocurridos durante el menemismo y el gobierno aliancista no embellecen al que ya se discute en el Congreso. Una de las virtudes del kirchnerismo es haber cuestionado y revisado líneas maestras de la política previa. En este caso, la repite. Claro que es nula la legitimidad de la oposición para enardecerse contra acciones que emprendió, cuando fue gobierno. Ni es serio ensalzar al mercado negro y volverse purista contra el blanqueo implantado por el adversario político.

Tras años de criticar acerbamente la fuga de capitales, el propio movimiento cuyo fundador prometió “trajes a rayas para los evasores” incurre en un retroceso que, como todos sus similares, busca paliar dificultades de coyuntura. Y hasta trata con esmero verbal a quienes, con mejor palabra, atacó durante años.

El cambio de retórica no le hace favor al oficialismo. Es ingrato escuchar al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, regodearse repitiendo las “oportunidades” que se otorgan a quienes delinquieron con habilidad suficiente para no ser pescados.

Tampoco es certero el argumento de otros funcionarios, quienes les perdonan la vida a muchos pícaros diciendo que se vieron compelidos a delinquir por los desvaríos de las políticas económicas precedentes. Por lo pronto, no toma en cuenta que una ración muy alta de la fuga (no hace al caso si es la mitad u otro porcentaje, siempre elevado) ocurrió en el transcurso de las administraciones kirchneristas, en otro contexto económico y con otro paradigma productivo. Un blanqueo, así fuera inexorable, es un trago amargo que no debió ser presentado con sonrisas y bromas por cinco integrantes del equipo económico.

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La “exteriorización voluntaria”, vista ya desde un plano práctico, implica retrocesos en políticas ambiciosas de generación reciente. La brega contra el atesoramiento privado de divisas, valiosa a los ojos de este cronista, era desde el vamos difícil. Iba a contrapelo de una cultura instalada durante décadas y tenía adversarios poderosos. El buen proyecto se implementó con varias torpezas que causaron daños colaterales evitables. Los bonos Cedin interfieren con el objetivo porque instalan un mercado posible de atesoramiento de bonos canjeables por dólares.

El propósito de desdolarizar el mercado inmobiliario también se desdibuja con una acción que va en el sentido contrario. Se redolariza el mercado, para reactivarlo porque en los hechos se produjo una recesión en el sector.

En el camino, quedaron damnificados ciudadanos que no poseen suntuosos activos en el exterior o “bajo el colchón”. El discurso oficial tiende a minimizar a quien perdió pequeñas fortunas por haber sido sorprendido en medio de operaciones lícitas con el anterior cambio de reglas. O al pequeño ahorrista que acumulaba dólares. Los reduce a un porcentaje. Son el 10 por ciento o el 4 o el 8... Lo real es que esas magnitudes se acumulan, que padecieron por políticas que no dieron, ejem, en el blanco.

Ahora se interpela a un porcentaje irrisorio de seres de carne y hueso. Medidos “per cápita” son una cifra insignificante, en capitales tienen otro peso.

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La amplitud de la convocatoria deberá compatibilizarse con ciertas cautelas, difíciles de plasmar. Si la palabra del evasor basta para acogerlo, pueden retornar (o venir por primera vez) dineros de quienes incurrieron en conductas aún peores que la evasión. Las restricciones legales (funcionarios, personas imputadas o procesadas o condenadas) son un piso decoroso pero no bastan para dejar afuera a capitales ligados a delitos. No todos los delincuentes están ya sometidos al sistema judicial, ni acá ni en el resto del mundo.

Habrá que ver cómo conjuga el gobierno la hospitalidad a los evasores con salvaguardas respecto del dinero de la corrupción o del crimen organizado. Las especificaciones de la ley son insuficientes, tal vez la reglamentación, que debe estar en línea con reglas internacionales que rigen en el país, mejore los standards.

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El ángulo más interesante del blanqueo son las finalidades que se proponen para la plata repatriada. La columna publicada ayer en Página/12 por Alfredo Zaiat da buena cuenta de esas intenciones. Este cronista no puede mejorarla, así que la recomienda. De su coleto, agrega que el sesgo estatalista del “modelo” en su versión 2013 se sostiene. Los objetivos son la reactivación del mercado interno, de la construcción (por ende de la creación de empleo, amesetada desde hace un buen rato), el fomento de políticas públicas, en particular energéticas.

Mientras el Cedin está destinado a circular entre particulares, el otro bono (Baade) es un peculiar modo de endeudamiento externo. Los prestamistas son personas físicas o jurídicas en vez de organismos multilaterales de crédito. El Estado no se somete a condicionalidad ni imposición externa alguna, solo asume la obligación del reintegro con los intereses pautados. O sea, conserva soberanía y poder de decisión.

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Imposible saber cuánto dinero se juntará. El resultado de la operatoria dependerá en parte de esa cifra indeterminada y en parte de cómo circule y cuánto reactive. Es, entonces, virtual. Un juicio definitivo sobre esta jugada deberá, por lo tanto, diferirse.

La trayectoria previa del oficialismo en su manejo general de la economía y la defensa del interés nacional son un factor a tomar en cuenta. En definitiva, como todo en política, por sus frutos se juzgará sumando algebraicamente virtudes y defectos.

Vista desde el ángulo más amigable con el Gobierno, es un paso atrás para tratar de dar dos adelante. Por ahora, se cumplió sólo la primera parte de la movida, la otra se medirá andando el tiempo. No es imposible pero hasta acá es virtual. La aprobación de la ley se llevará, casas más o casas menos, el mes de mayo. Luego hay tres meses de suscripción, lo que se va hasta septiembre. Si volvemos a una mirada política general, da la impresión que lo que suceda impactará poco en este año y menos antes de las elecciones de octubre.

En ese sentido, al oficialismo le siguen faltando acciones concretas de nuevo cuño que mejoren el cotidiano de los argentinos. El aumento jubilatorio de septiembre, que en general se anuncia un poco antes, puede ser una buena señal. Para mejorar las chances del kirchnerismo y para reverdecer sus lazos con las mayorías populares, seguramente harán falta más medidas.