La oposición avanza contra reloj para articular una estrategia electoral de cara a la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura aprobada el miércoles pasado por el Congreso. Tanto desde la UCR como del PJ disidente, el PRO y el FAP, anticiparon que apenas sea promulgada la ley realizarán una presentación judicial para que se declare inconstitucional el requisito de conformar una alianza con idéntica denominación en 18 distritos para poder adherir la boleta de consejeros a la de legisladores nacionales. Sin embargo, ante la posibilidad de que la presentación judicial no llegue a tiempo para frenar la elección, continúan las conversaciones para armar un frente común sólo en la categoría de consejeros, del que formarían parte la UCR, el PRO, el peronismo disidente y el FAP.

El conglomerado opositor puso el grito en el cielo cuando vio que en la Cámara de Diputados el Frente para la Victoria incorporaba una modificación al texto aprobado en el Senado y que en el segundo párrafo del artículo 18 decía: “A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación”. A pesar de las críticas, el texto quedó sancionado y si bien la primera opción que barajan los distintos espacios políticos es la declaración de inconstitucionalidad, ya hay conversaciones para conformar un plan B en el caso de que no haya una resolución judicial antes del 12 de junio, plazo de vencimiento para la presentación de alianzas para las PASO.

Salvo el PJ disidente, todas las fuerzas políticas tienen prácticamente descartada la posibilidad de constituir un frente con el mismo nombre en 18 distritos, dada la complejidad y las particularidades de cada provincia. “La redacción que hizo el Gobierno obviamente dificulta muchísimo la posibilidad de tener una sola lista de consejeros, pero nosotros estamos trabajando activamente en la posibilidad de pegar la boleta en todo el país”, aseguró en diálogo con Página/12 el diputado Gustavo Ferrari, uno de los responsables de articular la propuesta con el resto de los referentes del recientemente conformado frente peronista que involucra a Hugo Moyano, Gerónimo “Momo” Venegas, Francisco de Narváez, Roberto Lavagna y José Manuel de la Sota, entre otros.

Aunque todavía no quieren descartarlo, en el PRO ven con menos chances esa posibilidad y ya reunieron a la mesa nacional de su partido para que delegue en la mesa ejecutiva el inicio de las negociaciones con otras fuerzas. Informalmente conversaron con el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, que a su vez les ratificó la voluntad del socialismo de ir en la misma línea. “Si no se llega con la Justicia, intentaremos competir con un candidato común de toda la oposición. Hay que hacer una campaña nacional diciendo que no validamos el método, pero que vamos a competir. Abstenerse o dejarlo vacante sería entregar la cuestión antes de empezar”, aseguró el diputado radical Juan Pedro Tunessi. En el radicalismo consideran que la cláusula es “proscriptiva” porque “rompe con la jurisprudencia de la Cámara electoral”. Según Tunessi, es suficiente con demostrar la existencia de un vínculo jurídico entre las fuerzas que integran el frente y la aprobación por parte del candidato para poder adherir a una boleta.

Para Gerardo Milman, del GEN, la estrategia no puede ser “regalarle la Justicia al Poder Ejecutivo”, pero todavía es “prematuro” hablar de una lista común entre todos los sectores. “Si esta ley es promulgada, se pone en riesgo la república. Si la Justicia no la declara inconstitucional, tendrán que actuar la política y la gente”, insiste el diputado integrante del FAP.

Uno de los redactores de la ley, el diputado y apoderado del PJ, Jorge Landau, replicó que no hay proscripción de ningún tipo y que todos los partidos nacionales pueden presentar sus candidatos. “Son dos elecciones simultáneas la de consejeros y la de legisladores nacionales. Esas elecciones coexisten. No es que no se pueden presentar, todos pueden hacerlo, pero no pueden adherir a las boletas. Es una norma ordenatoria planteada como un caso de excepción”, afirmó Landau en diálogo con Página/12.

Más allá de las diferencias, los opositores tampoco tienen todavía definidos los nombres para la eventual lista de candidatos. Según dirigentes que participan de las conversaciones, hay hasta el momento dos criterios. Por un lado, buscar “una figura emblemática, moralmente intachable” desde lo académico o intelectual. Por el otro, un dirigente partidario para dar la batalla por la independencia del Poder Judicial desde el terreno político. El que mayor consenso genera es el primer criterio y si bien no hay nombres definidos, el ex fiscal del Juicio a las Juntas, Julio Cesar Strassera, era uno de los candidatos en danza. En el segundo caso, algunos radicales se entusiasmaban con la figura del senador Ernesto Sanz o del diputado Ricardo Gil Lavedra. Sin embargo, no pasan por el filtro de los otros partidos. En el caso de que alcancen un consenso, de todas maneras la boleta de consejeros opositores no podrá ir adherida a la de legisladores en ninguna de las 24 provincias.