“La Nueva Provincia participó en todas etapas de la masacre”, destacó el Ministerio Público al imputar a los directivos del diario de Bahía Blanca. El detalle de operaciones psicológicas al servicio del plan criminal de las Fuerzas Armadas comienza a fines de 1975. La última etapa de la masacre, el negacionismo, continúa hasta hoy. De la enumeración de hechos y pruebas presentados por la Unidad Fiscal sobresalen dos crímenes en particular: los de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los delegados gremiales que desde principios de los ’70 organizaron a los trabajadores y que osaron enfrentar a la patronal, cuyas caras visibles eran Diana Julio de Massot y sus hijos. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani acusan a Vicente Massot, actual director, de partícipe como “coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”.

El escrito de 137 fojas de la Unidad Fiscal es la primera sistematización por parte de un estamento estatal del rol de LNP antes, durante y después del terrorismo de Estado. “LNP actuaba en todo el espectro de la vida social y política, manipulando a su antojo la opinión pública con la clara conciencia de lo que estaba ocurriendo y la firme intención de llevarlo a cabo. Tenían más claro que las propias Fuerzas Armadas que la ficción de una ‘guerra’ era la única coartada que podía justificar sus crímenes”, explican. “La sola lectura de los editoriales permite ver con claridad (y hoy en perspectiva) el esfuerzo permanente por instalar la ficción de una ‘guerra’ permanente”, destacan. Cuatro meses antes del golpe, LNP aconsejaba “declarar la existencia de un estado de guerra” para “descubrir lo más pronto a nuestros adversarios”. El consejo surgía de La guerra moderna, del coronel francés Roger Trinquier, el mismo que teorizaba sobre la tortura como arma moralmente neutra luego de aplicarla en Argelia. “Esa ficción era fundamental para el plan criminal, necesitaban esa legitimación discursiva para perpetrar el exterminio; sin esa legitimación eran –son– vulgares criminales”, destacan los fiscales.

La acusación repasa el rol de cuatro personas, de los cuales dos murieron: la directora y su hijo Federico. Los otros, cuya situación procesal está en manos del juez Santiago Martínez, son el actual dueño y director, Vicente Massot, y quien fuera secretario de redacción en los ’70, Mario Gabrielli, el “corresponsal naval” que solía aparecer en fotos departiendo con Emilio Massera y que en pleno terrorismo de Estado viajaba por el mundo en la fragata Libertad. El documento incluye un detalle minucioso de editoriales y notas, pero también datos históricos y testimonios para entender el rol de los Massot: las reuniones de la directora con el vicealmirante Luis María Mendía; las de Federico con el capitán Adolfo Scilingo, que se asombraba cuando tildaban a los militares de “cagones” por no animarse a fusilar; las visitas de Vicente al director de la ESMA, Rubén Chamorro; las visitas de despedida por la dirección del diario del general Adel Vilas, que en 1987 definió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar, o de los jefes de Prefectura que ordenaron “ralear” de “un MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL”, con mayúsculas, a los delegados que luego secuestraron y fusilaron.

Los primeros casos en que se imputa participación “efectuando aportes esenciales” en secuestros, torturas y homicidios son los de Daniel Bombara, María Salto y Laura Manzo a fines de 1975. LNP difundió el “operativo de simulación”, según el cual Bombara murió al arrojarse de un patrullero y su cadáver fue robado por “subversivos”, y omitió todo dato sobre las torturas que provocaron su muerte y que padecían las mujeres, por entonces desaparecidas. Cuando los torturadores les dieron los nombres apuntaron que familiares de las “sediciosas” las estaban buscando. “Tal era el alcance del aparato de inteligencia al cual se encontraba integrado el órgano periodístico” en enero de 1976, recuerdan los fiscales.

Consumado el golpe, LNP no se limitó a publicar los partes militares para ocultar el genocidio. El 27 de mayo de 1976 publicaron fotos tomadas en cautiverio de dirigentes que habían estado secuestrados en la base de Puerto Belgrano a quienes se trasladaba a la cárcel. En septiembre, cuando el Ejército asesinó a Cristina Coussement luego de meses en La Escuelita, agregó al comunicado datos de un documento de inteligencia producido durante la primera etapa de cautiverio de la mujer en Mar del Plata. En noviembre, tras el asesinato de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo, en el edificio donde vivían, LNP publicó que “el imprevisto ataque de los subversivos impidió desalojar los departamentos vecinos”. “El ataque fue previsto y fue de las fuerzas militares hacia las víctimas civiles”, corrige la Unidad Fiscal. El aval a la falacia oficial fue más allá: “periodistas invitados por autoridades militares pudieron comprobar que el ingresar al departamento las fuerzas legales estalló una bomba cazabobos”. De haber existido la visita, los periodistas eran de LNP y sus “comprobaciones” no resisten el menor análisis, explican los fiscales.

En el caso de los gráficos, los fiscales repasan la “persecución” que sufrían, la inteligencia sobre ambos, el lockout en agosto de 1975 y la suspensión entonces de doscientos trabajadores. “LNP se encuentra en guerra”, anunció el diario en agosto. El 1º de septiembre se presentaron como víctimas de “la infiltración más radicalizada”, el 8 denunciaron a “los ‘soviets’ enquistados entre delegados” y el 28 la directora encomendó a Vicente “todo trato con el personal”, según acta rubricado por escribano. Los nombres que no publicaban en editoriales aparecen en las actas del Ministerio de Trabajo, donde “subsumían el conflicto sindical en el escenario de la lucha contra la subversión” e individualizaban a Heinrich y Loyola como “líderes del movimiento disociador”.

El final es conocido: el 22 de marzo, en su informe sobre “guerrilla sindical”, Prefectura ubicó a los delegados a la cabeza de una lista de “personal a ser raleado”. “A esta altura de la requisitoria, podemos afirmar sin titubeos que los directivos de LNP proporcionaron los nombres y toda la información para que los dos obreros gráficos fueran ultimados”, sostienen los fiscales. “El destino final de Heinrich y Loyola conllevó un mensaje de terror para dentro del frente gremial y, en lo externo, para la población en general.” La participación de los Massot en “la decisión conjunta de ultimar es consecuencia necesaria del carácter de la vinculación de la empresa con las máximas autoridades militares”. “La empresa, en su relación obrero-patronal, resuelve extirpar lo que consideraba ‘elementos disociadores’ y disciplinar al conjunto de sus empleados”, destacan. La cobertura fue breve: veinte líneas bajo el título “Son investigados dos homicidios”. En julio se cumplirán 37 años de los crímenes. Los lectores de La Nueva Provincia todavía esperan los resultados de la investigación.