La agrupación H.I.J.O.S. manifestó su “preocupación” por los actos de “tortura” y de “violación de los derechos humanos” que padecen los internos de la cárcel San Martín, de la ciudad de Córdoba. Tal como informó Página/12 el sábado, una inspección judicial realizada en esa unidad carcelaria por el titular de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, Abel Córdoba, comprobó la existencia de dos camastros de hierro y diecisiete cadenas que serían utilizadas como elementos para ejercer castigos físicos a los internos. En tanto, ayer trascendió otra denuncia por torturas por parte de las fuerzas de seguridad cordobesas.

En un comunicado, la agrupación H.I.J.O.S. filial Córdoba sostuvo que de esa inspección “surgió que los detenidos allí son golpeados y atados con cadenas en el hospital del penal y sedados con drogas por protestar contra las condiciones de vida infrahumanas que sufren a diario”. Agregó que “este accionar por parte del Servicio Penitenciario provincial es una tortura y como tal una violación a los derechos humanos de las personas encarceladas”. Finalmente, H.I.J.O.S. manifestó su “rechazo” a la actitud del gobierno provincial y solicitó la “urgente” investigación de las “violaciones a los derechos humanos que suceden en la cárcel de San Martín y en todas las cárceles de la provincia”.

Por otro lado, una mujer denunció que su hijo, de 13 años, que desde hace cinco meses se encuentra internado en un complejo previsto para los menores en conflicto con la ley penal, fue golpeado por la policía de Córdoba y esposado, de pies y manos, en la habitación de un hospital en el que se reponía de una fractura. Los datos personales se mantienen en reserva para preservar la identidad del menor, pero su madre aseguró que “él estaba en el complejo Nueva Esperanza y se había cansado de pedirle ayuda al juez, porque no aguantaba más la situación que estaba viviendo, pero como no lo escuchó, entonces, decidió fugarse”. En declaraciones a un medio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, la mujer –que sólo se identificó como Ana– describió que su hijo “se subió a un alambrado de seis metros de altura, de donde cayó, ocasión en la que fue alcanzado por personal del Servicio (Penitenciario) y le propinaron numerosos golpes”.

El hecho sucedió el viernes pasado, pero recién le avisaron al día siguiente que el menor “se encontraba internado en el Hospital de Niños (de la capital cordobesa), con un brazo fracturado”. Ana dijo que luego de que su hijo le contara todo lo que había pasado, el domingo, el policía que se encontraba de consigna en el hospital le puso “dos esposas, una en una de las manos y otra en el pie”. Según la denunciante, la causa por la que el menor se encuentra internado en el complejo Nueva Esperanza, ubicado a unos 15 kilómetros de la capital cordobesa, es sustanciada por el juez en lo Penal Juvenil de la 4ª Nominación, José González del Solar. Por su parte, fuentes de la policía provincial indicaron que “oficialmente” no tienen información sobre lo sucedido con el menor. Las autoridades judiciales y policiales están sujetas al artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que tiene jerarquía constitucional en la Argentina desde la reforma de 1994, y prevé que “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, y ordena que “todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”.