Un miembro del Movimiento Familiar Cristiano fue detenido y procesado por su participación en la apropiación ilegal de una menor nacida en cautiverio durante la dictadura. Se trata de Francisco Martín Zabalo, quien según la investigación del juez federal Sebastián Ramos mantenía un “vínculo personal” con el general Juan Bautista Sasiaiñ, uno de los máximos jefes del centro clandestino El Vesubio. El magistrado consideró probada la “participación criminal necesaria” de Zabalo en el robo de la segunda hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, militantes montoneros detenidos-desaparecidos en El Vesubio. La niña nació en cautiverio tras el traslado de su madre al Hospital Militar de Campo de Mayo. Se trata del segundo caso en el que se prueba la connivencia entre esa organización de la Iglesia Católica y represores en el robo de bebés nacidos en cautiverio en Campo de Mayo.

“Es importante porque hasta ahora no había ningún imputado en la causa, no se entendía quién cometió el robo, pero por sobre todo es una medida que permite indagar en todo un sistema del que participó el Movimiento Familiar Cristiano”, destacó Verónica Castelli, miembro de HIJOS Capital y hermana de la mujer apropiada, que recuperó su identidad en 2008. “Exigimos que se avance en las investigaciones sobre esta institución que fue parte de la maquinaria del terror y partícipe de uno de los delitos de lesa humanidad que hoy tiene víctimas que siguen sin conocer su identidad: nuestros hermanos apropiados”, expresó HIJOS.

Ramos procesó a Zabalo en la causa caratulada “N.N. Movimiento Familiar Cristiano y otros s/ supresión de identidad” por su “participación criminal necesaria”. El dato clave fue el estrecho vínculo con Sasiaiñ, quien murió sin condena pero llegó a estar procesado en la causa por el plan sistemático de apropiación de menores. El juez estableció que Zabalo “colaboró con quienes sustrajeron a la menor en el ocultamiento que tuvo como objeto impedir la reanudación del vínculo de origen que fue quebrantado con su madre tras el parto en el Hospital Militar y con su familia biológica”. El feligrés también “colaboró con el ocultamiento de su identidad, suprimida desde el momento en que se fraguó ideológicamente el acta de hallazgo de la niña, hasta su inscripción en los registros oficiales respectivos, hasta llegar a su adopción, todo lo cual se desvaneció en el año 2008 con el conocimiento de su origen biológico”.

Según el comunicado de HIJOS, Zabalo integró la comisión directiva del “Equipo Asistencial y de Adopción San José” del Movimiento. El juez sostuvo que “quedó en evidencia el vínculo entre el robo de la bebé a su madre en el Hospital Militar de Campo de Mayo y su entrega al Movimiento Familiar Cristiano para ser dada en adopción” y consideró que por el lugar que ocupaba Zabalo no podía desconocer el caso. Un dato fundamental para el procesamiento es el “vínculo personal” con Sasiaiñ, ex jefe de la Policía Federal y segundo de Carlos Suárez Mason en Vesubio. Sobrevivientes del centro clandestino declararon que Sasiaiñ visitaba el lugar mientras Trotta estaba en cautiverio. El juez tuvo en cuenta que Sasiaiñ fue procesado por el robo de bebés y que fue justamente Zabalo, su ex compañero de promoción del Colegio Militar en 1947, el garante del arresto domiciliario del que se benefició en sus últimos tiempos.

“Con este procesamiento queda demostrada la vinculación del Movimiento con los genocidas, particularmente con los que estuvieron en el centro clandestino de Campo de Mayo. Zabalo fue procesado por ser parte del circuito entre los centros clandestinos El Vesubio y Campo de Mayo y la posterior entrega en adopción de los niños nacidos allí a través del Movimiento Familiar Cristiano. No es casual que uno de sus miembros haya sido nada más y nada menos que el genocida Jorge Rafael Videla”, recordó HIJOS en un comunicado.

“Necesitamos saber la verdad. Necesitamos justicia: que los culpables no queden impunes –destacó HIJOS–. La cúpula de la Iglesia debe responder ante el Poder Judicial por su participación en estos delitos. No fueron casos aislados: fueron instituciones al servicio del terrorismo de Estado.”