Los hermanos Iaccarino esperaron 37 años para estar en un juicio frente a los represores que los mantuvieron cautivos y bajo tortura. Ayer se sentó Carlos ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata con la serenidad de saber que se acerca el día de una reparación. Alejandro lo hará pasado mañana. Son los sobrevivientes de una familia de empresarios despojada de todos sus bienes por la dictadura cívico-militar. Su caso comenzó a tratarse en la primera audiencia del proceso que se les sigue por secuestro coactivo y aplicación de tormentos a los ex policías Bruno Trevisan y Jorge Rómulo Ferranti. Ambos se desempeñaban como jefe y subjefe respectivamente de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en cuya jurisdicción funcionó el centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”. Ahí, los hermanos permanecieron alojados durante varios meses de su largo cautiverio entre noviembre de 1976 y septiembre de 1978.

Además de la declaración de Carlos Iaccarino, el menor de los hermanos, también brindó su testimonio el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Trevisan se negó a declarar y Ferranti incurrió en contradicciones que lo dejaron descolocado ante el tribunal integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus.

La primera definición de Pérez Esquivel marcó el camino de lo que será el tema de fondo que analizará el TOF Nº 1: la rapiña y enajenación de bienes pertenecientes a empresarios que no se disciplinaron a la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz: “Las Fuerzas Armadas no pudieron por sí mismas dar un golpe de Estado, necesitaron de sectores civiles y religiosos”, dijo. Luego aseguró que “hubo muchos empresarios que fueron víctimas de la dictadura y de casos de tormentos por dinero y propiedades”.

El Premio Nobel declaró que conoció a los Iaccarino “hace cinco años en el Serpaj, porque ahí tenemos personas que se acercan a asesorarse. Al hablar con ellos recordé el caso de un empresario de Tucumán que conocí en el exilio, y llegué a la conclusión de que a ambos les había ocurrido algo muy similar”.

A su turno, Carlos Iaccarino aseguró ante el tribunal: “Hoy me saco una mochila de 37 años. Ojalá sirva para la verdad, la memoria y la justicia”. Luego describió ante los jueces que a comienzos de agosto de 1977 lo llevaron a él y a sus hermanos al despacho del ex policía Ferranti, donde dos presuntos empresarios les comunicaron que estaban dispuestos a comprar 25 mil hectáreas de campo que la familia poseía en Santiago del Estero, y un avión.

“No podemos vender las propiedades, tenemos juicios y además estamos detenidos”, contó Iaccarino que les respondió en su lugar de detención a los empresarios Bruno Chessi y Vicente García Fernández, de la sociedad Equino Química, quienes le ofrecieron 800 millones de pesos o un campo de golf y 300 mil dólares a cambio de sus bienes.

Iaccarino le dijo anoche a Página/12 que “en total pasamos por catorce centros de detención de los cuales nueve eran clandestinos. El punto central fue que se pudo demostrar cómo se fraguaba la documentación y lo hacían aparecer a uno como estando en la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda, cuando en realidad estábamos en el llamado COT Nº 1 Martínez. El Infierno era como que cubría legalmente la operatoria que hicieron con nosotros”.

El caso Iaccarino es uno de los más emblemáticos entre los 141 que registró hasta ahora la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre empresarios desapoderados por la última dictadura. Once de ellos están todavía desaparecidos. El 4 de noviembre de 1976, esta familia de La Plata, compuesta por un matrimonio y tres hijos varones, fue secuestrada en dos operativos simultáneos. En la capital bonaerense Dora Emma Venturino de Iaccarino y Alejandro; en Santiago del Estero, el padre Rodolfo Genaro y los hermanos Rodolfo y Carlos.

“Estuvimos los primeros 16 meses con detenidos comunes. No sabíamos cómo venía la mano. No estábamos en el mundo político, estábamos en el mundo de los negocios. Y hasta que no llegamos a la cárcel número 9, porque antes habíamos pasado por COT Martínez y el Infierno, la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué?”, cuenta Alejandro.

Las tribulaciones de los Iaccarino comenzaron cuando el régimen del ’76 colocó personal de Inteligencia en las sociedades que tenía la familia. Eran la constructora Sureña Argentina Sociedad Anónima; Ilumbras SRL; Ciatra, que hacía auditorías para empresas; la láctea ILSA; La Marta SA y El Milagro. Los hermanos también apuntan: “Sabían hasta de un campo que habíamos comprado en la localidad de Las Tahonas, cerca de Verónica. Y hubo otros empresarios a los que les pasó lo mismo; nosotros contamos 266”.

A lo largo de cinco audiencias que se realizarán los miércoles y viernes, y en las que está previsto que den su testimonio unos quince testigos, los hermanos Iaccarino esperan que la Justicia repare lo que para ellos significó la “destrucción de nuestro proyecto de vida”.

Alejandro fundó en 1983 la Confederación Económica Argentina (CEA), que presidió durante cuatro años, y además integró la misión investigadora de la Comisión Trilateral y el FMI en América latina. Era quien mantenía los contactos internacionales en la sociedad familiar. Carlos era el organizador del grupo económico y Rodolfo, el hermano mayor fallecido en 2009, después de ser amenazado de muerte en una plaza de La Plata, el responsable del personal de las empresas que poseían. De él dependían unos 150 empleados.

Los tres hermanos fueron dejados en libertad por la dictadura el 4 de septiembre de 1978 y, desde entonces, persiguieron dos Objetivos: conseguir la devolución del patrimonio que les saquearon (valuado en unos 10 millones de dólares) y organizar a los empresarios que fueron secuestrados y saqueados durante la dictadura.