Durante la áspera reunión del lunes 23 con diez representantes de la sociedad civil, el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, opinó que los principales problemas argentinos son éticos e institucionales. Köhler y Anoop Singh se atribuyeron la invención del plan Jefes y Jefas de Hogar. Tal vez sin querer, Singh reveló que lo habían concebido como modo de facilitar el aumento de tarifas que reclaman las empresas que prestan servicios públicos. Se trata de un perverso mecanismo de subsidio indirecto que incrementa el endeudamiento público. El Estado se endeuda, para que los pobres paguen y las empresas privadas incrementen sus beneficios. Köhler insistió en la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos pero se sorprendió al saber que la ley de convertibilidad prohibió las indexaciones y actualizaciones monetarias de los contratos a partir de 1991, lo cual fue violado en forma sistemática. Köhler dijo ante los gobernadores que la reunión con la sociedad civil había sido la más fructífera de su agenda. Durante la comida con el presidente Néstor Kirchner, Köhler dijo que las voces de la sociedad civil habían modificado su percepción del país en general y su visión del problema de las tarifas y las prestadoras privatizadas en particular.
Pese a las versiones acerca de una promesa de aumentos tarifarios de entre el 7 y el 10 por ciento, el ministro de Economía Roberto Lavagna dijo a este diario que no se tocó el tema ni hay compromiso alguno asumido. También negó que el gobierno hubiera preferido un acuerdo de corto plazo con el FMI. “Queríamos el de mediano plazo, pero debemos ser realistas. Tal vez no sea posible llegar a un acuerdo y debemos tener pensada una alternativa.” También dijo que la Argentina no pedirá fondos frescos al Fondo Monetario. “El país ya está sobre, endeudado, aplastado por su deuda, más que cualquier otro país del mundo, Rusia incluida. Sólo queremos reestructurar los vencimientos.” La apertura de las negociaciones con el Fondo implicará la postergación de pagos por más de 6.000 millones de dólares en lo que resta del año. Según el jefe de gabinete Alberto Fernández,
Kirchner no cuestionó la necesidad del superávit fiscal que exige el Fondo Monetario pero dijo que lo necesitaba para financiar obras públicas que creen trabajo.
Köhler con las ONG
Horst Köhler dijo que el resultado de la relación de la Argentina con el FMI no había sido bueno y que ahora “estamos aprendiendo de nuestros errores y experiencias. Pero ustedes tienen tendencia a buscar culpables externos y el FMI es el perfecto chivo expiatorio”. En cambio, instó a “buscar qué es lo que anda mal en la sociedad argentina. Con humildad queremos saber cómo ayudar a salir de la crisis, con crecimiento equitativo”. Ponderó el modelo alemán de economía social de mercado, que después de la devastación de la guerra “reconstruyó el mercado con igualdad social. Ahora incluso se está repensando si no fue demasiado lejos, con un sistema de beneficios sociales imposible de financiar y que minó la iniciativa individual. Hay que buscar un equilibrio justo, que es distinto para cada país. Aquí no lo hubo. Buscamos un nuevo equilibrio, que sea bueno para el futuro. No tenemos todas las respuestas, porque sólo somos seres humanos. Por eso queremos escuchar”.
Jorge Casaretto, obispo católico de San Isidro y presidente de Caritas, dijo que la crisis “fue clave para que tomáramos conciencia de los problemas, a un costo muy alto, medido en los índices de pobreza e indigencia. Es una crisis del bien común, sobre el que primaron los intereses corporativos y de grupos. Estamos trabajando ahora en las necesarias reformas, desde el Diálogo Argentino. No culpabilizamos al FMI pero no se puede aplicar una política monetaria al margen de la justicia social. Los mismos países que declaran guerras y matan inocentes nos piden que luchemos contra la corrupción, pero ellos no aplican la ética que nos piden. Desde la guerra en Irak hay en la sociedad un fuerte sentimiento anti norteamericano”.
Cristina Calvo, de Caritas y Coordinadora de la Mesa del Diálogo Argentino, dijo que la desigualdad social no era un problema exclusivo de la Argentina y preguntó si los países del G7 “planean revisar las reglas que generan esa desigualdad, de modo que el capital financiero no actúe en detrimento de la economía real. Queremos saber si están dispuestos a considerar soberanos a los Estados del mundo, de modo que no se sacrifiquen las políticas sociales básicas para pagar la deuda”.
Lucrecia Lacroze, presidenta de Conciencia, dijo que prefería la educación y la reactivación económica al asistencialismo, “para que el país se levante a sí mismo y cada uno tenga un trabajo digno”.
Aldo Ferrer, miembro del grupo que elaboró el Plan Fénix, dijo que una política económica que genera desempleo y pobreza es pésima. “Los planes sociales son sólo paliativos, que no compensan esa política. Es necesario el diseño de una estrategia para crear riqueza. La Argentina está produciendo un 30 por ciento por debajo de su capacidad, con un excedente externo considerable. Es necesaria una expansión de la demanda global, con un tipo de cambio competitivo y una política monetaria apta para la creación de empleo. La Argentina tiene los medios, hay que aprovecharlos bien. Es el octavo país en extensión del mundo, superavitario en energía y alimentos. Hay que estimular el ahorro interno, la seguridad jurídica y de los contratos. El sistema dolarizado era insostenible, porque no estaban los dólares. El acuerdo con el FMI es conveniente, no para pedir recursos sino para postergar vencimientos de modo de relanzar la economía. Los criterios de sustentabilidad deben ser argentinos. La responsabilidad es argentina, eso implica defender nuestros intereses y criterios. Nadie puede impedir que hagamos lo necesario. La gobernabilidad no consiste en ganar la confianza de los mercados, sino en el desarrollo sustentable para consolidar la democracia.”
Mario Rejtman Farah, presidente de Poder Ciudadano admitió que había “responsabilidades compartidas. No se fijaron prioridades al endeudarse y los mecanismos para controlar el destino de los fondos fueron poco transparentes. Debe haber un control social de modo que los fondos se apliquen a generar empleo”. Con vistas al futuro, “es necesario definir mecanismos de negociación entre los estados endeudados y el FMI para que realmente se avance en un proceso de transformación social, no limitada a la mera imposición de condiciones”.
Abraham Kaul, presidente de la AMIA, se pronunció en contra de la ley de convertibilidad, que sumió en la pobreza “a una cuarta parte de la colectividad judía. Les damos de comer a 50.000 personas, pero lo que quieren es trabajo. La Argentina estuvo al borde de la guerra civil. Es cierto que tuvimos gobiernos corruptos. Pero como dice Isaías: los padres comieron frutos que dañan los dientes, ¿deben pagar los hijos por ello? El nuevo gobierno despierta una expectativa favorable, pero hay que darle oxígeno, no asfixiarlo con los pagos. Hay que pagar, pero también crear fuentes de trabajo”.
Moshen Alí, presidente de la Casa para la Difusión del Islam, hizo notar que estaba sentado junto a Kaul, “musulmanes y judíos juntos”. Atribuyó responsabilidad de la deuda “a los gobiernos de facto que mal utilizaron esos recursos. El país no debe hacerse cargo de esa deuda ilegal. Hubo reactivación en los dos años en los que el FMI aportó cero. ¿Qué bien nos hacen sus préstamos entonces? Sugiero que den un mensaje al pueblo, que durante un lustro no haya que pagar los intereses y que se produzca una quita sustancial en el volumen de la deuda”.
Emilio Monti, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas, dijo que “en la década del 70 se prestó sin estudios suficientes a quienes se sabía que no podrían pagar, porque destinaron esos fondos al enriquecimiento ilícito o la represión y no a la producción. Había allí un objetivo, el de crear una deuda impagable para mantener la dependencia con un tributo anual. Hay que arrepentirse, caminar por un sendero diferente”.
Agustín Radrizzani, obispo católico de Lomas de Zamora, exaltó la fraternidad entre los pueblos, que “no deben ser sometidos” y cuestionó “los gastos en armas de la superpotencia”. A los gobiernos les faltó “sentido del bien común” y debido a la corrupción el país “ha llegado a tal nivel que no podemos responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional”. Introdujo la cuestión del aumento de tarifas y preguntó si vendrán fondos para generar empleo. Dijo que había que unir lo social a lo económico y sostuvo que “la deuda externa es inmoral. Con lo ya pagado es suficiente”.
Horacio Verbitsky, presidente del CELS. Hay que celebrar que esta vez el FMI no se reúna sólo con el gobierno y los empresarios, es decir con los responsables de la tragedia argentina, sino también con quienes mal o bien tratamos de representar a las víctimas. Tal vez así también cambie el tipo de condiciones que el FMI siempre ha impuesto a la Argentina y que se reflejan en un dato insoslayable. Hace medio siglo, cuando comenzó su relación con el FMI, la Argentina era el país con mayor integración social y equidad de América Latina, con pleno empleo y altos salarios. Hoy vive en la marginalidad y la desintegración, como resultado de los sucesivos ajustes que los gobiernos argentinos aplicaron. El CELS, junto con varias entidades de usuarios y consumidores denunciamos ante la Oficina de Evaluación Independiente del FMI que la presión ejercida para que aumenten las tarifas de los servicios públicos viola la legislación argentina y el convenio constitutivo del propio organismo. La presión para un aumento de tarifas es contradictoria con las finalidades del FMI de “mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales” de la población. Los funcionarios del Fondo también tienen prohibido defender intereses particulares o de sus países de origen. En este caso, actuaron como agentes de las empresas prestadoras de servicios, cuyos accionistas mayoritarios lo son también del FMI. También violaron la ley de emergencia económica, que desconoció la legalidad de todas las indexaciones aplicadas a partir de 1991 y estableció que en la renegociación con las 61 prestatarias se consideraría el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas y, recién en último lugar, la rentabilidad de las empresas. ¿De qué empresas estamos hablando? Por los privilegios concedidos por el poder político la facturación de las privatizadas creció entre 1993 y 2001 casi siete veces más que el Producto Bruto. Sus márgenes de rentabilidad fueron 14 veces mayores que los de las empresas más grandes del país que no participaron en las privatizaciones y entre dos y cuatro veces mayores que los de las prestadoras de los mismos servicios en otros países, incluso los de sus casas matrices. Esas firmas fueron generosas en la distribución de dividendos a sus accionistas y para invertir contrajeron endeudamiento externo. Una parte significativa de esa deuda fue para importar bienes de capital e insumos de firmas vinculadas, lo que les permitió inflar costos y eludir impuesto a las ganancias, mientras se desmantelaba la industria local de proveedores. Otra parte no se invirtió en el proceso productivo sino en la especulación financiera. También contribuyeron al crecimiento del desempleo en un 2,2 por ciento de la Población Económicamente Activa, mientras los incrementos tarifarios hicieron que el pago de servicios pasara a insumir casi el 15 por ciento del presupuesto de los hogares más pobres, que postergaron otros consumos esenciales. Las ganancias que así obtuvieron esas empresas se fugaron del país. Por cada dólar de deuda pública se deposita o se invierte en el exterior entre ochenta y cinco centavos y un dólar originado en la Argentina. Todas esas cosas nos gustaría que monitoreara el FMI en lugar de exigir ajustes sobre ajustes.
Köhler. He escuchado con atención y actitud abierta, pero estoy desilusionado. Buena parte de las exposiciones insisten en que los culpables no están en la Argentina. Hubiera preferido oírlos hablar de los errores propios. Ustedes juegan un rol en la sociedad argentina. ¿Qué hicieron ustedes para tener una sociedad mejor? En la primavera de 2001, tuve oportunidad de conversar en Canadá con un obispo argentino. Le dije que para que hubiera paz y prosperidad, era necesario el crecimiento con equidad y le hablé acerca de cómo lograrlo:
u En 2000 y 2001 recibimos cerca de 10.000 emails desde la Argentina. No les den más plata, porque son todos ladrones, decían.
u Los informes de Inteligencia indicaban que los disturbios y manifestaciones en las que murieron tantas personas fueron financiados por argentinos que no querían a De la Rúa.
u Le planteamos al gobierno que era necesario un alivio social y sugerimos el programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados. Pero vimos que parte del dinero iba a parar a bolsillos que no correspondían, que había corrupción, que se usaban los planes para comprar votos. Nosotros no podemos controlar eso.
u De la Rúa me dijo que necesitaban dinero y le sugerí la llamada Ley de Déficit Cero. El Congreso la aprobó, pero nadie se preocupó por aplicarla y los senadores conservan sus jubilaciones de privilegio vitalicias.
Esto indica que en la Argentina hay un problema moral, de ética, de integridad del sistema político. El obispo estuvo de acuerdo. Ustedes tienen que contestar qué pasó para que un país que en la década de 1920 era el sexto más rico del mundo terminara así. Eso no ocurrió por culpa del FMI, que se creó mucho después. Canadá era como la Argentina un país de inmigrantes pobres y hoy es uno de los más ricos del mundo. Por eso no acepto ser acusado como chivo expiatorio. Aquí se ha dicho que la deuda es inmoral. No sé adónde nos lleva ese planteo. La deuda no es mágica, ni buena ni mala. Es un instrumento para financiar proyectos. No hay paz sin responsabilidad ética. Es necesario fortalecerla. En Estados Unidos se produjeron los escándalos de las auditorías contables que truchaban balances. Eso no es ético y no podemos tolerarlo. Hay que reforzar la educación, para que la gente sea responsable por el bien común. La Argentina es una democracia clientelística. Los mandatos se ejercen haciendo favores. El problema es cómo fortalecer el sistema político para que represente al pueblo. Esa es una pregunta que ustedes deben hacerse. La desigualdad mide cómo funciona el sistema político, no el sector empresario. En Canadá el sector empresario es mayor que en la Argentina y la desigualdad es menor. Se habla del desastre de la globalización. Pero siguen existiendo las decisiones soberanas. Ustedes pueden decidir no pagar sus deudas. Yo les aconsejo que no lo hagan. Los jóvenes quieren viajar, no quedarse aislados. Lo que tienen que hacer es pagar sin desatender las necesidades del pueblo. La deuda con el FMI hay que pagarla. Es plata de nuestros accionistas que luego se represtará a otros países. La cooperación internacional requiere que los países miembros cumplan con sus obligaciones. El FMI presta cuando nadie presta, asume un alto riesgo pensando en el bien común. Somos acreedores privilegiados para mantener la estabilidad del sistema. No se olviden de que hay entre 100.000 y 200.000 millones de dólares de la Argentina depositados en el exterior. Hay que crear incentivos para su repatriación, seguridad jurídica y previsibilidad, que no haya leyes expropiatorias o de favoritismo. El problema básico de la Argentina es la debilidad institucional, la situación de la justicia, la altísima corrupción. En Canadá el índice de corrupción es tres veces menor. Esto quiere decir que hay algo que anda mal en la sociedad y en el sistema político. La Argentina tiene que volverse un país normal, esa es una tarea de ustedes. Lo más importante no son los intereses de la deuda externa. Yo no soy un cobrador de deudas. Pero existe una continuidad jurídica de los Estados, que es necesaria para que pueda funcionar la comunidad internacional. No podemos reinventar la rueda. Trabajamos con cualquier gobierno electo, sea de izquierda o de derecha. Lo hacemos con Lula y también trabajaremos con Kirchner. Y no le voy a hablar de la deuda externa sino de los pobres. No queremos ser vistos como los cobradores. Soy el primero en apoyar la idea de un crecimiento con equidad, pero no puedo decir que se olviden de la deuda externa. Sobre el tema de las tarifas me preocupa que crean que venimos aquí como abogados de las empresas y le voy a pedir al director del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo que conteste lo que aquí se ha planteado.
Anoop Singh. Me temo que en el tema de los servicios públicos está siendo difícil entendernos. Es muy importante e incluye más cosas a considerar que las tarifas. Se trata de un sector crucial para el crecimiento, no podemos congelarlo y tratar a las empresas como el chico que se portó mal y lo dejamos encerrado en una pieza. Los pobres están protegidos por el plan Jefes y Jefas, con un ingreso que les permite pagar los servicios y no frenar el desenvolvimiento de las empresas. Yo personalmente le propuse ese programa al matrimonio Duhalde. Había espacio para aumentar las tarifas y al mismo tiempo proteger a los pobres. Queremos pensar en el futuro, en un marco regulatorio que dé seguridad a las empresas y les permita reestructurar sus deudas.
Köhler. Uno de los prestadores del servicio de gas nos dijo que no pueden invertir para dar más energía. Si la economía crece los servicios van a colapsar porque no están invirtiendo. Si permitimos que una empresa no tenga ingresos, cortamos su propia expansión. Me sorprende que hayan sugerido que el FMI está en contra de los pobres. Lo que formulamos son recomendaciones para que haya energía para el desarrollo. El error fue que cuando se privatizó no se fomentó la competencia, que evita precios monopolistas. Pero esto fue antes. Si las tarifas se congelan las empresas no invierten y estaríamos subsidiando a los ricos.
Singh. Quiero que miren al futuro. Se puede proteger a los pobres y al mismo tiempo permitir que las empresas inviertan. No hay que politizar este tema.
Köhler. Vamos a trabajar en un programa de mediano plazo y tomamos en cuenta lo que nos han dicho. Nuestra política no es pedir un ajuste sin dejar espacio para los pobres. Esto llevará tiempo, no vamos a pedir aumentos de un día para el otro. Pero ustedes piensen en trabajar más duro en vuestra sociedad.
Casaretto. Nos ha dado un sermón y aquí el especialista en sermones soy yo. Los aquí presentes somos conscientes de que hemos sido víctimas de nuestros gobernantes.
Lacroze. Este grupo conoce sus defectos.
Rejtman Farah. Las empresas han tenido ganancias irrazonables y ha habido impunidad. Pero los aquí presentes estamos entre quienes lo denunciaron.
Radrizzani. En el Diálogo Argentino somos conscientes de toda esa podredumbre.
Köhler. Lamento si se sintieron sermoneados y les pido disculpas. El FMI está en un proceso de cambio, en el cual la ética tiene mucha importancia. Yo soy miembro del Instituto Etica Global, cuya misión es promover los comportamientos éticos, y mi filósofo predilecto es Karl Popper.
Verbitsky. Su pregunta sobre qué hicimos nosotros me obliga a contestarle que yo escribí un libro de 500 páginas sobre la corrupción del sistema político en el proceso de privatizaciones que ustedes apoyaban y otro libro de 500 páginas sobre el copamiento de la justicia para garantizar la impunidad de aquella corrupción que ustedes no objetaron. Y no lo hice diez años después como parte de una revisión autocrítica sino en el momento en que esas cosas estaban sucediendo. De modo que no necesito lecciones sobre seguridad jurídica e integridad pública. La seguridad jurídica no consiste en mirar al futuro, como proponen ustedes, sino en tomar en cuenta todo el proceso y verificar si hubo apartamientos de la legalidad vigente en cada momento. En abril de 1991 la ley de convertibilidad estableció que no se reconocería ningún tipo de indexación en ningún contrato. Sin embargo las tarifas de los servicios privatizados primero se dolarizaron y luego se indexaron por el índice de precios mayoristas de los Estados Unidos, que en esa década crecieron un 17 por ciento mientras en la Argentina disminuían un 2 por ciento. Esto carece de toda racionalidad económica y es un escándalo ético. ¿Qué pensarían de eso Karl Popper y los miembros del Instituto de Etica Global? De modo que la ley de emergencia económica promulgada en febrero de 2002 no es una injerencia indebida del Congreso en los contratos ni altera la seguridad jurídica. Por el contrario, cuando dice que todas esas indexaciones “se mantienen derogadas a partir del 1 de abril de 1991”, restituye la seguridad jurídica violada por decretos y resoluciones de jerarquía inferior a la ley.
Singh. No es sostenible que las tarifas sigan congeladas. Habrá que negociar el descongelamiento, cuanto antes mejor. Pero no estamos insistiendo en aumentar un 5 o un 10 por ciento, sino en establecer un nuevo marco macroeconómico y fiscal.