La Legislatura porteña votó una resolución para que el Ministerio de Educación disponga un sumario administrativo a un docente que fue personal del ex Batallón 601 del Ejército durante la dictadura cívico-militar y a un ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, procesado por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Se trata de los antecedentes de Luis Alberto Russo, en relación con el Batallón 601, y de Hugo Ernesto Lompizano, por la muerte de Ferreyra, según un proyecto de los diputados Alejandro Bodart (MST) y Francisco Nenna (FPV), que fue aprobado con la unanimidad del pleno del cuerpo. Nenna y Bodart recuerdan en los fundamentos de la iniciativa que “el Batallón 601 del Ejército Argentino fue un órgano emblemático de la represión ejercida durante la última dictadura militar”. Afirman que “Russo fue personal civil entre 1976 y 1979 y revistaba como dibujante en la Jefatura II de Inteligencia. Asimismo, cumplía tareas en la SIDE, a la vez que trabajaba en la revista Humor como dibujante de historietas con el seudónimo Lar”. E indican que actualmente ocupa un cargo como docente en la Escuela Técnica 31 Distrito Escolar 4 Maestro Quinquela.

En tanto, Hugo Lompizano fue superintendente de Seguridad Metropolitana de la PFA hasta marzo de 2011, cuando el Ministerio de Seguridad lo declaró en disponibilidad, según los legisladores. “Tenía a su cargo la Dirección General de Operaciones, área que debía controlar el video policial que era prueba importante para esclarecer el asesinato de Ferreyra”, dicen los autores. Involucrado en los cruces de llamadas de aquel día, Lompizano fue condenado a dos años de prisión en el reciente juicio oral. Los diputados agregan que “también participó en el accionar policial en el Parque Indoamericano, que costó cuatro vidas. Integró la conducción de la Federación Metropolitana de Gimnasia (FMG) y actualmente ejerce como docente en el Instituto Superior de Educación Física 1 Romero Brest”. Para Bodart y Nenna “es evidente que Russo y Lompizano carecen de idoneidad para educar en los principios democráticos, el respeto por los Derechos Humanos, el sentido de la justicia y las normas de la ética en el comportamiento social”.